La guerra contra los medios

Los asesinatos de la reportera Lourdes Maldonado, del fotorreportero Margarito Martínez Esquivel y de José Luis Gamboa, editor de un portal informativo, que se produjeron uno tras otro en unos pocos días del arranque del año, han demostrado, por enésima ocasión, el costo terrible de que el poder institucional en México se empeñe en acosar y degradar al periodismo.

Ya son medio centenar los periodistas asesinados en apenas tres años del sexenio, con lo que ya se rebasaron las cifras reportadas en la totalidad de los periodos presidenciales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, según reportes de la organización Artículo 19 (y hay que recordar que estos mandatarios no fueron precisamente mansos corderitos y por todos fue bien conocido su obsesivo desagrado contra diferentes reporteros y articulistas). Pero no son solo los números los que aumentan: también ha crecido la hostilidad del Gobierno federal, así como de los estatales y municipales, contra la libertad de prensa.

Raro es el día, si hay alguno, en que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo no ataquen a los medios de comunicación en la perenne rueda matutina. El segmento de “Quién es quién en las mentiras” es, tal cual, una iniciativa del poder central para denigrar el trabajo de la prensa y defender la idea, tan socorrida por los entusiastas del partido en el Gobierno, de que hay una conspiración informativa en contra del mandatario.

También queda claro que a López Obrador no lo conmueven las escandalosas cifras de muertes de trabajadores de medios, que convierten a México en uno de los países más peligrosos para la práctica del periodismo en todo el mundo. En su mundo de ideas fijas y maniqueas, la prensa crítica es un enemigo desagradable que no amerita ninguna empatía ni solidaridad. Tan es así que el presidente aseguró que los casos de asesinato de comunicadores “casi siempre se detiene a los responsables”… Solo que no. El subsecretario Alejandro Encinas aceptó que más de 90% de esos homicidios han quedado impunes.

Otro dato notable (proporcionado por la Secretaría de Gobernación) es que, en las pocas ocasiones en que se ha llegado a descubrir la identidad de los agresores, estos han mostrado tener vínculos con funcionarios públicos (a escala municipal) en 43% de los casos, lo cual está por encima de los lazos con el crimen organizado que se ha detectado en 33,5% de los incidentes. Es decir, que el principal motivador de los ataques es el propio Estado mexicano.

Y aunque sea el presidente el principal detractor de la prensa en el país, hay que resaltar que no es de ninguna manera el único. Secretarios, legisladores, magistrados, gobernadores, alcaldes, servidores públicos de todos los ámbitos y de todos los colores políticos comparten el aborrecimiento por toda información que no puedan controlar y retorcer para servir a sus fines propagandísticos, y mucho más si los cuestiona y pone en evidencia.

No nos engañemos: en México hay una guerra abierta del poder contra los medios y la libertad de informar. Y, aunque los ataques retóricos sean para la prensa en su conjunto, sus víctimas principales son los periodistas de los Estados, de los municipios, de los medios independientes, los que menos apoyos tienen para defenderse. Ellos son los que han pagado la mayor cuota de sangre aquí.

Tener una prensa libre es un requisito indispensable de las democracias. El deseo de sustituir a los medios críticos por propaganda es un rasgo obvio de los autoritarismos. Y en este contexto, la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la vida de los comunicadores y su evidente voluntad de rebajarlos y calumniarlos deja la mesa puesta para que este tipo de crímenes sigan imparablemente.

Lourdes, Margarito y José Luis, como el resto de sus compañeros, no deben ser olvidados.

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