“No contaban con mi astucia”, el decreto de López Obrador

No, no es un recurso elegante el que ha elegido el presidente López Obrador para impedir que los jueces le detengan las grandes obras de su administración con objeciones de impacto ambiental o aduciendo violación de presuntos derechos de terceros. Al clasificarlas como proyectos de seguridad nacional, el presidente exentó a estas obras de la normatividad exigida en materia de transparencia y de muchas otras obligaciones administrativas.

El recurso, publicado en el Diario Oficial el lunes, inmediatamente fue acusado de arbitrario y autoritario, una medida que, se dijo, equivale a dar un golpe de Estado para colocar al Gobierno por encima de la ley.

En lo personal, creo que la medida del Gobierno es desaseada, pero las estridentes acusaciones habría que enmarcarlas en el ambiente polarizado y en una lectura superficial de la coyuntura. En realidad, López Obrador está tratando de ganar tiempo. En la revisión de su calendario le queda claro que la cuenta regresiva ya no acepta más amparos o litigios que puedan paralizar las obras públicas, entre ellas las más cercanas a su corazón.

“Desde luego se trata de un acuerdo muy heterodoxo jurídicamente, todo esto debió haberse realizado mediante reformas a las leyes y a la Constitución, no a través de un acuerdo administrativo, pero se ve que el tiempo apremia y por eso el presidente y su gabinete escogieron esta vía para actuar y desde luego puede haber consecuencias jurídicas”, ha dicho el abogado Jaime Cárdenas, cercano al obradorismo.

Muy probablemente, como han mencionado muchos abogados, el acuerdo del presidente será impugnado y eventualmente la Suprema Corte u otras instancias judiciales lo tiren abajo, pero lo importante para la 4T es que habrá garantizado el tiempo necesario para la terminación de las obras. Lo que en corrillos jurídicos conocen como huizachear.

En plata pura se trata de una artimaña legaloide, y sin duda poco conveniente para las mejores prácticas democráticas, pero la presidencia lo estaría visualizando como un recurso temporal para conjurar la estrategia, también legaloide de sus rivales, para detenerlo. Porque no podemos ser ingenuos: la oposición ha hecho explícita su intención de parar reformas y obras sustantivas de la 4T mediante una campaña orquestada de amparos de distinta índole que pasan por la utilización de argumentos ambientalistas, jurídicos sobre los contratos y licitaciones, de derechos humanos de terceros presuntamente afectados, etc. En ocasiones recurriendo a estas figuras jurídicas con razón, en otras simplemente como recurso político. Desde luego están en su derecho de utilizar la ley para impulsar sus intereses políticos. Y, en efecto, es una acción que ha llevado a jueces con oídos empáticos o simplemente acatando la ley, a entregar dictámenes que paralizan o retrasan distintas acciones del gobierno federal.

El presidente cree que la estrategia de sus enemigos podría detener proyectos sociales que tienen el potencial de detonar regiones antes abandonadas y propiciar la prosperidad de millones de personas. Puede tener razón o no, pero él está convencido de ello.

En ese sentido y frente a las argucias legales de sus adversarios políticos, él recurre a una argucia legal. Pero ojo, ninguno está violentando la ley, ambos están utilizando lo que creen son sus facultades legales disponibles: los adversarios del régimen, para detener acciones de un Gobierno que no coincide con su proyecto de país; el presidente, para garantizar que las acciones de ellos no obstaculicen las obras destinadas a propiciar un cambio social. En el proceso están lastimando un andamiaje que en teoría debía operar exclusivamente para el beneficio de la sociedad.

Pese a la mutua descalificación del campo contrario, habría que insistir en que ambas partes han operado en el marco de la legalidad. Ni la oposición ha parado las obras de manera ilegal y arbitraria (mediante boicots o incluso toma de instalaciones), ni el Gobierno ha desconocido los amparos o pasado por encima de las decisiones de los jueces. Ya la Suprema Corte dirá si el acuerdo presidencial es congruente constitucionalmente o no, de la misma manera que ha reconocido o ha rechazado amparos y recursos legales de la oposición.

Ahora bien, que no sea ilegal no significa que sea sano. Va a contrapelo de la construcción de una sociedad más democrática y participativa. El presidente puede tener sus razones, originadas en su deseo de mejorar la condición de los pobres, pero en caso de que tales medidas prevalezcan dañarían una realidad en la que también viven los pobres. Tiene razón López Obrador cuando advierte que hay falsos activistas del medio ambiente, que en realidad son adversarios políticos intentando detener el Tren Maya; pero eso no significa que toda objeción ambientalista tenga un propósito político.

Con el llamado dictamen (que no es dictamen sino un acuerdo dirigido a la administración pública), el presidente, en efecto, neutraliza el uso malicioso o perverso de amparos y objeciones de terceros, pero al mismo tiempo está cancelando el uso legítimo o virtuoso que tiene la sociedad para defenderse de la opacidad, de la corrupción, de los abusos de la autoridad y los excesos sobre el medio ambiente. El argumento de AMLO de que esos riesgos no existen porque en su Gobierno ya no hay corrupción o se respeta a la naturaleza, son poco consistentes ante evidencias de que eso no es así, o al menos no en todos los casos.

Desde la perspectiva de una izquierda crítica habría que sopesar las ventajas y desventajas de una medida que en lo inmediato favorece el avance de proyectos por el bien común, asumiendo que todas estas obras abonan a esa meta; pero que en lo mediato expropian facultades de la sociedad para participar en los asuntos públicos, haciéndolos exclusivos de la clase política, así sea una que pretende gobernar en nombre del pueblo.

Lo que no ayudaría es dejarse llevar por una campaña acrítica en defensa de instituciones que también deben ser revisadas porque, hay que reconocerlo, en muchos casos están siendo utilizadas políticamente por adversarios del régimen. Pero, por otro lado, es absurdo acusar como lo hace el Gobierno a todas estas instituciones de ser un instrumento de la reacción. Oposición y Gobierno están actuando a partir de sus atribuciones legales, a reserva de lo que digan los tribunales. Lo cual no quiere decir que éticamente sean correctas sus acciones. Pero mientras ninguno de los actores políticos pase por encima de las decisiones de jueces y ministros, hablar de un golpe de Estado o de medidas dictatoriales o fascistas resulta también un acto político. Más que en un dictador, me hace pensar en el personaje que solía decir “no contaban con mi astucia”.

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