Hay razones para criticar, no esta

Andrés Manuel López Obrador no es un hombre para ser definido con un adjetivo contundente; ni es una figura que pueda pintarse de cuerpo entero con algunos brochazos esquemáticos. Sea que se trate de elogiarlo o denostarlo, el presidente de México actúa de maneras tan contradictorias y singulares, que termina haciendo trizas los intentos de encajonarlo en una etiqueta fácil, buena o mala.

La polémica sobre el Banco de México ilustra claramente esta compleja personalidad. Estos días se han criticado hasta la saciedad los intentos de Palacio Nacional para intervenir en los criterios del Banco Central y extraer 12.000 millones de dólares de las reservas internacionales recién recibidos de parte del FMI (Fondo Monetario Internacional). Una iniciativa tachada de autoritaria, porque supuestamente atenta contra la autonomía de un organismo que para ser eficaz requiere funcionar al margen de la voluntad del Ejecutivo. La iniciativa ha sido descrita como una evidente muestra del afán destructivo de un presidente dedicado a dinamitar irresponsablemente el entramado institucional de nuestro país.

Sin embargo, nos hemos detenido muy poco en analizar la razón por la cual el presidente desea esos 12.000 millones de dólares: pagar deuda externa para aligerar la carga anual de los intereses correspondientes.

La intención de López Obrador contradice el manual de operación de cualquier mandatario populista sea de izquierda o de derecha. Para un presidente irresponsable no hay mejor negocio que contraer deuda para aumentar el gasto público, utilizar los recursos para derramar dinero y fortalecer así a su base social y asegurar los votos en las urnas. Sobre todo porque el costo lo pagan los gobiernos que le sucedan, no el suyo. Literalmente, equivale a usar al límite una tarjeta de crédito que habrá de ser pagada por otro. Es justamente lo que han venido haciendo los gobernadores en México desde hace décadas, hasta dejar a las finanzas de sus predecesores al borde del colapso.

Lo que pretende hacer López Obrador es lo contrario; algo a lo que rara vez están dispuestos a transitar los políticos de cualquier punto del planeta: abonar por anticipado intereses y capital que tocarían pagar a futuros gobiernos. De ahí lo objetable que resulta asestar la etiqueta de populista, sin al menos tener que añadir un enorme asterisco cargado de matices. El hombre que sería un peligro para México, al menos en este punto, estaría actuando con enorme responsabilidad para el futuro de México, algo que no podríamos decir respecto a sus antecesores.

Y es que en materia de finanzas públicas AMLO resultó un conservador ortodoxo que hace recordar al austero Miguel de la Madrid, un hombre cuya personalidad estaría en las antípodas del extrovertido y rijoso tabasqueño. De allí la contradicción. Recordemos que tras la crisis internacional de fines de los ochenta provocada por los excesos de endeudamiento de los países en vías de desarrollo, el FMI impuso fórmulas espartanas para obligar a los países a amarrarse el cinturón en materia de finanzas públicas. Inspirado en la Escuela de Chicago, nació el llamado Consenso de Washington y sus recetas draconianas: equilibrio entre ingreso y gasto, reducción de endeudamiento como porcentaje del PIB, control drástico de la inflación, aumento de la recaudación fiscal en los ingresos del gobierno; estabilidad y solidez en el tipo de cambio.

La lista anterior prácticamente estaría describiendo los criterios con los que se ha obsesionado el presidente en lo que toca a las finanzas públicas del Gobierno de la 4T. Algo, insisto, muy a contrapelo de lo que podría esperarse de un presidente supuestamente populista e irresponsable.

Alguien podría afirmar entonces que, incluso si es loable el propósito, la forma resulta autoritaria y arbitraria al violentar los criterios con los que se maneja el Banco de México. Pero también este es un argumento objetable.

Primero, porque se encuentra entre las atribuciones del Ejecutivo solicitarlo; que lo consiga o no, será resultado de procedimientos claramente establecidos, a los que tendrá que sujetarse. Ciertamente nos podríamos haber ahorrado los epítetos lanzados por el presidente en contra de los miembros de la junta y podríamos preguntarnos cuál es el afán de convertir todo en un pleito de tribuna, cuando habría bastado una gestión formal para ponerla en marcha, salvo que crea que los insultos obligarán a los miembros a doblar las manos. Algo que evidentemente resultó contraproducente en el caso de los ministros de la Suprema Corte, quienes terminaron oponiéndose a su deseo de extender la presidencia de Arturo Zaldívar en esa institución.

Segundo, tampoco es descabellada la pretensión de AMLO de solicitar esa partida al Banco de México desde una perspectiva técnica; ofrece ventajas y desventajas que habría que valorar, pero dista de ser un despropósito. De hecho, se trata de una sugerencia ofrecida al presidente por el nuevo ministro de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., un técnico con amplio reconocimiento internacional. Los 12.000 millones de dólares son una partida entregada por el FMI a nuestro banco central, como parte de los acuerdos para ayudar a los gobiernos en la tarea de mantener la fortaleza de su divisa. Un saldo robusto en las reservas internacionales es una de las maneras de lograrlo. El FMI solo objeta que esos recursos sean utilizados con fines que provoquen una deuda insostenible o una gobernanza débil, algo en lo que obviamente no está incurriendo la propuesta de AMLO.

Los técnicos que se oponen a la propuesta del presidente aducen que el nivel óptimo de las reservas internacionales, para el tamaño de nuestra economía, sería de alrededor de 250.000 millones de dólares, según parámetros mundiales. Actualmente están en 193.000 millones de dólares y los 12.000 millones adicionales servirían para acercarnos a ese óptimo. Pero también es cierto que el actual nivel está cerca de los históricos más altos y el peso está lejos de avizorar el riesgo de un desplome dramático. Utilizarlos para el anticipo de deuda externa ahorraría a México alrededor de 250 millones de dólares anuales en intereses, un beneficio que se extendería a las siguientes administraciones. Lo dicho, pros y contras.

Lo cierto es que la forma confrontativa que tiene el presidente para buscar sus objetivos, en el contexto de la crispación y la polarización política, terminaron por convertir una propuesta razonable, al menos para ser sopesada y valorada, en motivo de linchamiento y descalificaciones mutuas. Como muchas de las cosas que tienen que ver con Andrés Manuel López Obrador, la forma desvirtuó el fondo.

@jorgezepedap

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