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Un problema estructural

Más allá de acusaciones de corrupción e incapacidades tras la tragedia en la Línea 12 de metro, no existe el marco regulatorio adecuado para la realización de obras públicas en la Ciudad de México

Dos mujeres lloran la muerte de una amiga tras el derrumbe en la Línea 12 del metro en Ciudad de México.
Dos mujeres lloran la muerte de una amiga tras el derrumbe en la Línea 12 del metro en Ciudad de México.HECTOR GUERRERO

El colapso de una trabe de la Línea 12 del metro de Ciudad de México, la lamentable muerte de 26 personas, las heridas de muchas más y los enormes daños personales y materiales causados, han motivado declaraciones de nuestras autoridades locales y federales. En ellas se ha señalado la necesidad de identificar a los responsables, apoyar a los afectados y encontrar los modos de subsanar problemas y causas. Frente a todo ello, una vez más se ha utilizado la consabida frase “ahogado el niño, tapado el pozo”. Esta se compone de dos elementos explícitos. El emocional, referido a la muerte de un menor de edad y el objetivo, relativo a las condiciones del evento. Existe, sin embargo, uno más correspondiente a la previsibilidad del resultado. Al ahogamiento del propio niño dada la disposición del pozo o de los elementos humanos y materiales relacionados. Es este elemento implícito el que termina por darle sentido a la frase. En él se concentra el reproche dirigido a quienes, pudiendo o debiendo haber previsto los efectos negativos de una situación, poco o nada hicieron para evitarlos.

A propósito de la tragedia de la Línea 12, en las próximas semanas asistiremos al manido ritual nacional. Al paradójico y contradictorio hacer y decir de las autoridades, y a los callares y evitares de las empresas vinculadas. Apoyos e indemnizaciones serán anunciados. También, peritajes y estudios. Las indignaciones crecerán tanto como las elecciones se acerquen. Para variar, se emitirá el ya sacrosanto pronunciamiento de que, “ahora sí y para siempre”, se llegará hasta las últimas consecuencias. Por la calidad de los personajes públicos y privados involucrados, las condiciones políticas del espacio territorial afectado, las operaciones realizadas y los pactos hechos para ocultarlas, es poco probable que se llegue, ya no digamos a las últimas, sino ni siquiera a las consecuencias primeras. Si acaso, veremos algunas renuncias y despidos. La calidad pública y general del evento quedará privatizada e individualizada con el pago de indemnizaciones. Esta tragedia desaparecerá como otras. Como aquellas que en sus días generaron iguales pasiones, semejantes declaraciones e iguales o peores indignaciones.

Para no resignarnos a vivir una vez más los rituales conocidos y para no tener que reiterar una y otra vez la triste frase del niño y el pozo, preguntémonos por las condiciones de posibilidad del evento del metro. ¿Qué lo propició? Más allá de acusaciones de corrupción e incapacidades de las instituciones y personas públicas y privadas involucradas, no existe el marco regulatorio adecuado para la realización de obras públicas en la Ciudad de México. Ello es así porque pareciera que en el proceso de transición de una dependencia del Gobierno federal (el Distrito Federal) a una entidad federativa autónoma (la Ciudad de México), quedó en el olvido la correspondiente transición y normativa. Es como si no se hubiera podido o querido trascender de lo federal a lo local, tal vez para mantener los privilegios de lo primero sin asumir las responsabilidades de lo segundo.

Esto que acabo de decir respecto de la obra pública es aplicable a la privada. Tomo el ejemplo de los sismos. Frente a los graves efectos producidos por los fenómenos telúricos, la frase del niño y del pozo ha sido utilizada como ahora lo ha sido con la Línea 12. La narrativa se ha insertado en las mismas parafernalias declarativas que, irremediablemente, definen su horizonte de arribo en las últimas consecuencias. Antes de anunciar la llegada a ellas, se reprocha la calidad de las construcciones, la falta de supervisión de las obras o la irresponsabilidad de autoridades, dueños y edificadores corruptos, señaladamente. Lo que ya no queda tan expuesto, son las condiciones de las normas jurídicas mediante las cuales tratan de regularse los elementos originarios. Las edificaciones mismas y los aspectos con ellas relacionados.

Al igual que sucede con la pública, en la obra privada existen problemas jurídicos graves. La Ciudad de México cuenta con un reglamento de construcciones como base general de las edificaciones. Este fue emitido por primera vez en 1924 y actualmente se encuentra en vigor el publicado en 2004, con modificaciones importantes entre 2016 y 2019. Con independencia de que este último se actualizó con motivo de los sismos de 2017, lo cierto es que en modo alguno se aviene a los importantes cambios al artículo 122 constitucional de enero de 2016 ni, menos aún, a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de noviembre de 2019. Ello es así porque, en primer lugar, la fuente normativa de las edificaciones debiera ser la ley y no más un reglamento; también, porque ese ordenamiento debiera desarrollar lo dispuesto en varios preceptos constitucionales locales relativos a los derechos de las personas y a las competencias de las autoridades locales; finalmente, porque es necesario introducir a la Ciudad de México en el complejo mundo de las relaciones que para la materia de edificaciones se prevé entre la Federación y las entidades federativas.

Lo que hoy en día existe en la capital del país en materia de construcciones y edificaciones públicas y privadas es un desorden y un atraso. Lo primero, por las ausencias y superposiciones de las normas vigentes. Lo segundo, por la falta de adecuación a los marcos constitucionales nacional y local. Estamos ante una falta que, sin exageraciones, bien podemos llamar estructural. De esas que, por sus propias deficiencias técnicas, impiden la construcción del resto de los elementos que debieran tener apoyo en ella. Siguiendo con las metáforas ingenieriles, el desorden y las ausencias existentes impiden determinar los espacios de construcción, las calidades de los materiales, los tramos de supervisión, los sujetos de responsabilidad y tantos otros elementos inherentes a los que debieran regir las edificaciones.

Dije al principio de esta colaboración que lo más interesante de la frase vinculada con el niño ahogado y el pozo, es lo no expresado en su pura textualidad. Saber que aun cuando se conocían las posibilidades del ahogamiento, nada se hizo para evitarlo. En los días por venir se desplegará la parafernalia en torno a lo que aconteció antes, durante y después del accidente de la Línea 12. Ello no tapará el pozo en el que desafortunadamente numerosas personas ya cayeron. Lo único que lo hará, y evitará que en el futuro otros caigan, es comenzar por la ordenación normativa de todo el fenómeno de las construcciones en la Ciudad. Trabajar en ello con técnica y empeño es una manera de decirle a los afectados que sus autoridades están enfocadas en establecer medidas de no repetición para todos los que no tuvimos que abordar esos vagones.

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