Crímenes sin castigo en Veracruz

Una gran alianza de medios internacionales asociados a la plataforma Forbidden Stories ha lanzado The Cartel Project, una iniciativa para documentar la historia oculta de las relaciones entre grupos criminales y la política formal. Han empezado por recordar la historia de Regina Martínez, la corresponsal en Veracruz de la emblemática revista mexicana Proceso en los años terribles en que el grupo criminal más violento de la historia reciente, los Zetas, se implantó en ese territorio con la complicidad del tristemente célebre gobernador Fidel Herrera (2004-2010). Regina fue asesinada en Xalapa, capital del estado, en 2012, durante el Gobierno del sucesor designado de Herrera, el también célebre Javier Duarte. Ese asesinato fue parte de una ola de crímenes contra periodistas que convirtieron a Veracruz en la zona más peligrosa para la profesión periodística en la década pasada.

El crimen de Regina fue el de más alto impacto de los 20 cometidos en el Gobierno de Javier Duarte contra periodistas (la mayoría de los cuales, a diferencia de Regina, eran muy precarios y poco conocidos). Ninguno de esos casos ha sido resuelto, como no lo han sido los de miles de asesinatos violentos cometidos antes y después de ese fatídico 2012, ni los de más de 3.000 personas desaparecidas de manera forzada en el Estado. La impunidad más completa reina en Veracruz, al igual que en el resto del país.

Cabe preguntarse si el gran cambio político producido por la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018 ha traído algún cambio a esta atribulada región del mundo. El cuestionamiento es más pertinente aun dado que desde la misma fecha gobierna Veracruz Cuitláhuac García, del mismo partido del presidente, Morena, que también gobierna los principales municipios del Estado.

La esperanza era grande al principio, pues la primera decisión del gobernador fue hacer una “Declaratoria de Emergencia Humanitaria” en Veracruz, prometiendo dedicar todos los recursos que hicieran falta a la búsqueda de personas desaparecidas, estudios forenses, búsqueda de fosas clandestinas, persecución de grupos criminales, y reforma de la policía y de la fiscalía estatales. Algo parecido, con menos solemnidad, había prometido López Obrador a México.

Lamentablemente, lejos de que la llamada 4T cumpliera estas promesas, la dependencia política, la precariedad institucional y la absoluta falta de profesionalismo en las instituciones de justicia continúan tan vigentes como antes, y en algunos casos se han profundizado.

Un caso ejemplar es el Estado de Veracruz. La tardía primera alternancia en el Gobierno local, que tuvo lugar apenas en 2016, cuando asumió el poder un gobernador proveniente del PAN, resultó en una decepción para los veracruzanos, pues la nueva Administración fue incapaz de sancionar al gobernador Javier Duarte y sus funcionarios, que cometieron el saqueo más cuantioso a un Gobierno estatal del que se tenga memoria en México, y llevaron las violencias criminal y oficial a niveles de escándalo. El efímero gobernador panista Miguel Ángel Yunes (2016-2018) hizo nombrar como fiscal autónomo a su abogado personal (por un periodo de nueve años) e impulsó una reforma a la constitución local para implantar el retiro forzoso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia al cumplir 70 años, independientemente de que no hubieran terminado el periodo de 10 años para el cual habían sido designados por el Congreso (a propuesta del gobernador en turno). Así, el gobernador obligó a retirarse a 13 magistrados (nombrados por los gobernadores priistas) que habían cumplido 70 años, pero no le alcanzó el tiempo para sustituirlos.

En 2018, la elección de gobernador fue ganada por pocos votos por Cuitláhuac García, de Morena, quien fue incapaz durante casi un año de proponer al Congreso local candidatos a magistrados del Tribunal Superior, el cual, en consecuencia, estuvo operando irregularmente por la falta del 40% de sus integrantes. Entretanto, después de meses de sordo enfrentamiento político, la diputación permanente del congreso destituyó, sin tener atribuciones para ello, al fiscal general “autónomo” heredado por el gobernador anterior, y nombró provisionalmente a una funcionaria incondicional del secretario de Gobierno. En octubre de 2019, el congreso nombró al fin a los 13 magistrados faltantes, pero siguiendo las prácticas priistas: sin consulta ni debate y a partir de criterios puramente políticos. Al reparto entró no solo Morena, también el PRI y el PAN.

Los magistrados finalmente designados tenían escasos antecedentes de carrera judicial, incluida Sofía Martínez Huerta, quien fue electa como presidenta del Tribunal Superior de Justicia a pesar de contar con solo un año de experiencia como juez. Inmediatamente incurrió en prácticas de nepotismo e ignoró al Consejo de la Judicatura, al cual nunca convocó. Hace tres meses, el Congreso nombró a otros dos nuevos magistrados, pues se obligó al retiro a quienes llegaron a la edad límite. Esta decisión provocó una rebelión de la mayoría de los magistrados del Tribunal, quienes decidieron destituir a su presidenta y nombrar a una nueva en forma por demás ilegal, contando en esta maniobra con el aval del presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso local.

Todo indica que estos nombramientos y destituciones son parte de una disputa por el control de los recursos del poder judicial entre las distintas facciones de Morena, que buscan posicionarse de cara a las elecciones del próximo año y, posteriormente, en la lucha por la candidatura a gobernador en 2024. Así, el actual Gobierno de Veracruz ha agravado la crisis de las instituciones de justicia, pues las ha tomado, al igual que a los órganos autónomos, como botín a repartir entre sus distintas facciones, exactamente igual que lo hicieron antes el PRI y el PAN.

Por su parte, la policía estatal del actual Gobierno acumula múltiples denuncias por violación de derechos humanos, incluyendo desaparición de personas, sin que ningún caso haya sido procesado por la fiscalía. La zonas norte y sur del Estado viven en constante alarma dada la imparable guerra entre los grupos criminales regionales y la incapacidad de la policía y de la Guardia Nacional para controlarlos. Sigue habiendo desapariciones forzadas y asesinatos en gran escala. Está en cuestión la contabilización de delitos que hace la fiscal, especialmente de feminicidios. Y entre 2017 y 2020 han sido asesinados otros 9 periodistas.

También han aflorado numerosos casos de corrupción y de nepotismo en el Gobierno estatal, frente a los cuales el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ha guardado un silencio absoluto, al igual que el Órgano de Fiscalización del Congreso y la Contraloría del Estado.

Veracruz sigue experimentando una crisis del Estado de derecho, una condición permanente en la larga historia del autoritarismo priista. Parece que todo ha cambiado para que todo siga igual.

Alberto J. Olvera y Víctor Andrade Guevara son investigadores del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.