Nuestras violencias migratorias

Los días de covid-19 siguen transcurriendo. Los dolores y las muertes se acumulan. Muchas precariedades han aparecido. Otras, trágicamente, han mostrado su dimensión histórica. En la discusión pública es visible la falta de medicamentos e insumos para la salud, así como los “subregistros” de contagios y muertes. La ausencia de narrativas y acciones integrales es visible. Las charlas sobre salud de nuestras autoridades se han instalado desde hace semanas entre lo anecdótico y lo reactivo. Las descalificaciones a incrédulos o críticos son la “mejor” respuesta gubernamental a los cuestionamientos simples sobre el modo de proceder por parte de quienes tienen confiadas distintas funciones jurídicas.

Paralelamente a estas visibilidades existen enormes e igualmente aparatosas desviaciones. Tramos completos de la realidad mencionados de manera engañosa en las prédicas matutinas y vespertinas. El desempleo real se envanece en los empleos recuperados. El cierre de negocios y fuentes de trabajo, en los apoyos económicos directamente asignados. Los nombrares utilizados terminan atendiendo a algo distinto a lo verdaderamente importante. Ahí donde debiera hablarse de contagiados y muertos, termina aludiéndose a camas y ventiladores disponibles. Con ello, el eje de la discusión se desplaza y se logra que se hable de algo distinto en ánimo celebratorio.

Lo que también debe preocuparnos no son solo los decires y los desviares cotidianos, sino igualmente deben llamar nuestra atención los callares gubernamentales, el hecho de que enormes segmentos de la cotidianeidad no sean mencionados ni enfrentados, y el que pareciera creerse que la falta de nominación producirá la inexistencia, así sea esta en su estricta dimensión política. En estas condiciones están las mujeres víctimas de violencia, el personal de enfermería y trabajo social, los ancianos en soledad, los niños con cáncer y tantos otros grupos o situaciones que el presidente y sus equipos suponen inexistentes o menores por el hecho mismo de no ser nombrados por ellos.

Entre las situaciones más graves del ninguneo gubernamental destaca la migración. Fue noticia cuando el presidente ofreció empleo y salud a todos los centroamericanos que arribaran al territorio nacional. Lo fue también cuando se detuvo a las caravanas provenientes de esas tierras. Volvió a hablarse del tema cuando el país, pese a lo que se diga, aceptó detener en nuestra frontera sur a quienes quisieran ingresar a México y a recibir a quienes los Estados Unidos decidieran expulsar de su territorio. Después de retóricas y vergüenzas, el silencio. El no decir nada para que no exista. El performativismo presidencial en dimensión negativa.

Desde abril de 2020, veinticuatro organizaciones de la sociedad civil (entre ellas y destacadamente Fundación para la Justicia) llevaron a cabo una investigación para determinar la condición de las personas migrantes y solicitantes de asilo en el contexto de la pandemia de covid-19. Hace un par de semanas rindieron un extenso y completo informe, cuyos hallazgos son reveladores de lo poco que nuestro país está haciendo en esta sensible materia de dimensión nacional e internacional. Si bien el informe se compone de cinco ejes (detenciones en estaciones migratorias; población expulsada desde Estados Unidos y retornadas a México bajo el Protocolo “Quédate en México”; acceso a la justicia para la población migrante y sujeta de protección internacional; necesidades de los albergues para personas migrantes y regularización migratoria), enseguida expongo los que a mi juicio son de la mayor gravedad.

Un primer grupo tiene que ver con el Instituto Nacional de Migración. Se le atribuye detener a personas migrantes de manera sistemática y generalizada, sin analizar la idoneidad de la medida. También que las condiciones de habitabilidad de las estaciones migratorias son deficientes por el hacinamiento, la falta de higiene y de espacios. Por ello es que se han documentado afectaciones a la salud física y mental de las personas migrantes, como fue el fallecimiento de Rolando Barrientos en Tenosique, Tabasco, el 31 de marzo de 2010.

Otro grupo de problemas identificado en el informe tiene que ver con la deficiencia del juicio de amparo. Al respecto se informa que durante la pandemia diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado amparos en Tabasco, Chiapas, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México y Baja California, pudiendo observar que hay un “patrón de conducta” discriminatorio sistemático y generalizado por parte de las autoridades federales y estatales. Lo anterior debido a que, a su juicio, el Poder Judicial implementó una estrategia de respuestas regionales al haber soluciones idénticas en juzgados distintos. Igualmente documentan que, a pesar de haberse obtenido diversas suspensiones, las mismas no han sido acatadas por las correspondientes autoridades, lo que se traduce, desde luego, en violaciones a la dignidad y derecho a la salud de las personas migrantes.

Un tercer aspecto destacado tiene que ver con la aceptación hecha por el Gobierno mexicano desde diciembre de 2018, de acoger en nuestro territorio a los solicitantes de asilo en Estados Unidos hasta que las cortes estadounidenses resolvieran su situación. En el informe se documenta que más de 67.000 personas han sido devueltas a partir de 2019 y actualmente se encuentran en condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad. Particularmente grave es la situación de los niños y los adolescentes, pues aun cuando el Gobierno se pronunció señalando que no recibiría a quienes no vinieran acompañados, hay evidencia de su expulsión a México. Específicamente que, desde marzo hasta agosto del 2020, el Gobierno de Estados Unidos ha expulsado a más de 2.000 niños y adolescentes no acompañados.

El informe termina con unas pocas y simples exigencias. A las autoridades mexicanas corresponde proteger la vida, integridad y salud frente a la pandemia que acosa a una población particularmente vulnerable. Al Instituto Nacional de Migración, liberar a las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias mediante mecanismos alternativos a la aprehensión; suspender los arrestos para evitar riesgos de contagio; regularizar su situación migratoria por razones humanitarias y evitar las medidas intimidatorias que desincentivan su acceso a las instituciones de salud. Finalmente, a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General, garantizar el acceso a la salud, particularmente en casos de covid-19.

Las investigaciones realizadas por las veinticuatro organizaciones de la sociedad civil para documentar las situaciones de las personas migrantes en México durante estos tiempos de pandemia, son serias y sus resultados alarmantes. Ahora que sabemos de ellos, no es posible permanecer en la indiferencia. Seguramente el Gobierno continuará con sus silencios, con esa actitud de ninguneo, repito, que mantiene respecto de todo tema tenido por él como incómodo o no esencial. Al resto de nosotros corresponde, al igual que en el resto de los temas que estimemos relevantes, llevarlos a la agenda pública y lograr su aceptación, discusión y remedio. No hacerlo así es permitir, simplemente, que desde el poder se nos imponga la manera en la que debemos vivir nuestras vidas.

@JRCossio