Seguridad desde lo local

Las policías municipales son esenciales para el éxito de cualquier estrategia de seguridad. Son las más cercanas a la gente y el 95% de los delitos corresponden al fuero común. Sin embargo, lejos de mejorar, vigilar, evaluar y transparentar los recursos destinados a la seguridad pública municipal, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 desaparece el subsidio conocido como FORTASEG, cuyo objeto principal consiste precisamente en fortalecer estas corporaciones. Todavía en 2020, FORTASEG contó con 4.000 millones (lo que representa el 0,065% del PEF) asignados a 286 municipios que concentran el 68% de la población, el 90% de la incidencia delictiva y el 70% del estado de fuerza municipal a nivel nacional.

La mayor parte de los recursos del FORTASEG se dedica a la profesionalización, la certificación, el equipamiento, la dignificación policial, sistemas de videovigilancia y es el único recurso que en materia de prevención social del delito aún se otorga desde la federación. Sin duda, muchas son las oportunidades de mejora de este subsidio, pero desaparecerlo es la peor opción. Por ejemplo, se deben considerar los resultados relacionados con la tarea municipal en materia de seguridad en la fórmula de asignación del recurso, contar con catálogos integrales de calidades mínimas y precios máximos para evitar la corrupción que se ha enraizado en las contrataciones, generar sistemas tecnológicos para una rendición de cuentas más efectiva y mayor planeación, acompañamiento y vigilancia por parte de la federación para que estos recursos abonen en la reducción del crimen y la violencia.

Algunas voces celebran la decisión, argumentando que los municipios deben ser corresponsables, recaudar e invertir más en sus policías, lo cual tiene sentido. Sin embargo, la debilidad institucional y las asimetrías entre alcaldías del norte y del sur de nuestro país, requieren de un proceso de transición planeado que incluya el etiquetado obligatorio del 50% en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) para la mejora policial y un nuevo pacto de coordinación fiscal para darle funcionalidad a las buenas intenciones.

El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, impulsado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública al inicio de esta administración, parecía ser la ruta adecuada para el fortalecimiento de las policías a nivel local. Sin embargo, nada de lo necesario para lograr dicho objetivo de manera real y no discursiva, ha sucedido. Falta voluntad política y el impulso de las reformas, protocolos y recursos para que sea una verdadera opción.

De acuerdo con el INEGI, el 36,5% de los elementos de policía en el país manifiestan que la motivación para ser parte de su corporación es la necesidad económica o el desempleo. Solo al 3,3% lo motiva combatir la inseguridad, al 5,3% ayudar a la gente y el 1,4% lo hace por vocación. Aspirar a una carrera con posibilidad de crecimiento en el marco de la institución es fundamental para obtener resultados. En los municipios en que se ha trabajado con empeño, priorizando la prevención e invirtiendo en formación y salarios dignos para sus policías, la confianza ciudadana es mayor a la media nacional, que es del 46%. Tal es el caso de San Pedro 78,6%, Puerto Vallarta 69,9%, Escobedo 69,4%, Apodaca 68%, Saltillo 67,9%, San Nicolás 67,4%, Guadalupe 65,8%, Laredo 65,4%, La Paz 65,2% y Querétaro 63,2% (ENSU, 2020).

Ni la Guardia Nacional, para la que se propone un aumento de diez veces más recursos que en 2020, ni la SEDENA, con un 17% de incremento serán sufucientes para modificar la situación de violencia que vivimos, si no tomamos con seriedad, de una vez por todas, la seguridad desde lo local, desde la proximidad, con mejores policías municipales y más prevención.

Tomar la ruta correcta es tarea de todos. Los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para modificar el presupuesto 2021 y evitar la desaparición de este subsidio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la responsabilidad de mejorar con técnica y experiencia, la efectividad y eficiencia del mismo y los Estados y municipios la obligación de coadyuvar con seriedad y dignidad en esta tarea tan importante para todos los mexicanos.