Käjpx. Esto tiene que parar

La censura es un acto de poder. Necesita no solo el deseo de callar la voz, la presencia o las ideas de alguien sino de tener el poder de hacerlo con total impunidad. Impedir que lleguen, por diversas razones, la voz y las ideas que no deseamos escuchar o nos parecen violentas a nuestros espacios personales, como lo es tu propia cuenta en redes sociales, por mencionar un ejemplo, no es un acto de censura. La censura necesita del poder. Para censurar, es necesario tener el poder de silenciar la voz y las ideas en los espacios comunes, los espacios en los que se da el debate público, en los espacios que se han construido para todas las personas o, por decirlo en otras palabras, silenciar voces en una habitación compartida, una habitación común. Los marcos legales protegen la libertad de expresión que también se encuentra garantizado en distintos instrumentos internacionales en una amplia interpretación. La libertad de expresión garantiza que las personas puedan decir, manifestar y difundir sus ideas de manera libre, es decir, sin que ejercer este derecho afecte su integridad. La libertad de expresión es necesaria para el debate, para construir ideas en la arena pública y es por eso que el principal peligro para esta libertad son las estructuras que, potencialmente, tienen el poder de silenciar, borrar o impedir la manifestación de las ideas de personas o colectivos en las distintas habitaciones compartidas. Entre todos los actores con poder que pueden ejercer la censura, el aparato estatal es uno muy importante; desde distintas experiencias, durante distintos gobiernos se ha tenido constancia de la manera en la que distintas voces son censuradas hasta el grado de espiar a periodistas o arrebatarles la vida.

En una de esas discusiones estériles que a veces solemos tener en las redes sociales alguien me acusó de estar censurando el español por negarme a traducir contenido desde el mixe, mi lengua materna. En otra ocasión, borrar comentarios ofensivos en otra red social fue interpretado como censura y comentar en las cuentas de otras personas sobre la carga racista del contenido que acababan de publicar fue respondido con una frase enfática: “No me censures”. Entender que la censura necesita del poder impide que la confundamos con simples diferencias, airadas si se quiere, en las opiniones de personas concretas. Si alguien hace público un comentario racista y alega que puede hacerlo por la libertad de expresión, las demás personas podemos también hacer uso de nuestra libertad de expresión para decirle que su comentario es racista, clasista o machista. Publicar nuestras ideas implica compartir nuestra habitación, dejar entrar y crear un espacio en donde otras personas pueden también expresar su opinión sobre nuestra opinión. Como individuos, naturalmente podemos cerrar esa habitación a la que antes habíamos dejado entrar a otras personas en el momento que así los determinemos.

Por el contrario, hay habitaciones compartidas que controla el Estado y que, al menos en teoría, no son de personas concretas sino de toda la sociedad que rige esa entidad jurídica. De estas habitaciones comunes, el poder de quien los controla puede expulsarte, por medio de diversos mecanismos, poniendo en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información. La manera en la que utilizamos esas habitaciones comunes está regulada por leyes e instituciones, una de ellas, en México, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. A través de este tipo de instituciones el Estado concesiona el uso de las habitaciones comunes, como las telecomunicaciones, por utilizar un ejemplo, a entidades con intereses comerciales, a entidades públicas o sociales. El marco legal de este Estado regula esta habitación y concesiona los espectros de telecomunicación, que son comunes, a diversos actores. Este proceso no está libre de intereses políticos y económicos.

Como es de esperarse, los pueblos indígenas y todo el movimiento de comunicación comunitaria no han sido muy bien recibidos en estas habitaciones comunes, las puertas para entrar son más que estrechas, cuando no están totalmente cerradas, y a pesar de la lucha que los medios comunitarios han realizado en particular durante el proceso de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que comenzó en 2013 y fue publicada en 2014, las asimetrías son todavía muy grandes. La primera vez que escuché una estación de radio desde una comunidad mixe fue a principios del siglo XXI desde la comunidad vecina de Tlahuitoltepec, aunque era una estación realmente muy pequeña fue un acontecimiento muy importante, se nombraba Radio Jënpoj (vientos de fuego), podíamos escuchar nuestra lengua en espacios históricamente negados; como era de esperarse el estado reaccionó rápidamente, en agosto de 2002, integrantes del Ejército mexicano denunciaron la radio y una dirección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruyó a la delegación en el Estado de Oaxaca incautar el equipo de esta naciente y minúscula emisora. La policía preventiva y ministerial se introdujo de manera violenta a la casa comunal desde la que se transmitía y se llevó el pequeño transmisor y el resto del precario equipo. Desde entonces, la radio emprendió una lucha que ha dado sus frutos y que se ha multiplicado, puedo ahora mismo sintonizar la Radio Jënpoj desde Tlahuitoltepec y también a la Radio Konk Anaa de mi comunidad. Esta historia de criminalización de los intentos de entrar a las habitaciones comunes por parte de los pueblos indígenas se ha repetido una y otra vez. Las supuestas habitaciones compartidas que regula el Estado no son lugares comunes, son lugares de disputa política y económica, espacios que han replicado la exclusión de los sectores de la población que han sido oprimidos y también silenciados desde el poder. A pesar del reconocimiento de las concesiones sociales, la Ley Federal de Telecomunicaciones, ya reformada, sigue reproduciendo las asimetrías, por ejemplo, el porcentaje del espectro de radio que se concede a los medios de pueblos indígenas es muy pequeño y se les asigna la parte más alta de la banda, es decir, el final de la misma.

La expulsión de las habitaciones compartidas también sucede por motivos lingüísticos. En el continuo murmullo que suman las conversaciones de estos espacios que se suponen comunes, la lengua en las que se ejerce la libertad de expresión y el derecho a la información ha sido históricamente desde el español. No se puede hablar de libertad de expresión sin tomar en cuenta las lenguas en las que se ejerce esa expresión. Otra vez, desde el poder, las lenguas para expresarle libremente son jerarquizadas. El poeta y comunicador nahua Mardonio Carballo encabezó un proceso en el que hubo que ampararse contra la reforma de la Ley de Telecomunicaciones porque privilegiaba el uso exclusivo y preferente de lo que llamaba “la lengua nacional”, es decir, el español, en los medios de comunicación concesionados a la mayor parte del espectro. Por fortuna, la Suprema Corte de Justicia concedió el amparo que implicó grandes esfuerzos jurídicos y económicos para protegerse de este acto de autoridad que atentaba contra la libertad de expresión. La habitación común no es común si solo podemos hablar en una sola de las tantas lenguas de este país, incluyendo la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya.

Últimamente, muchas de las discusiones actuales sobre la libertad de expresión se establecen entre actores que ya se encuentran dentro de la habitación que en teoría es una habitación compartida, discuten en la lengua hegemónica y se disputan narrativas, dichos y espacios. Desde este lado en el que se contemplan solo puertas cerradas a habitaciones privilegiadas, nos queda claro que la censura es un acto de poder. Me parece importante que esta censura estructural e histórica que muchísimas comunidades y pueblos del país han sufrido históricamente y que atenta contra la libertad de expresión se discuta seriamente en esa habitación llamada “opinión pública” porque esto, definitivamente, tiene que parar.