La corrupción parlamentaria

En México, el debate público se concentró las semanas pasadas en la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El procesamiento judicial del exfuncionario ha sido completamente irregular y su forma y ritmo se están manejando con fines políticos. Se trata de usar su testimonio para denunciar la ilegitimidad de la reforma energética de 2013, demostrando que se pagaron grandes cantidades de dinero a los diputados y senadores de oposición para lograr la aprobación de esa reforma. Y, en efecto, a lo largo de los gobiernos de la transición, la inexistencia de mayorías parlamentarias obligó a los partidos gobernantes a pactar con, al menos, una parte de la oposición las grandes reformas que se plantearon, lo cual es normal en toda democracia representativa. Lo malo es que buena parte de esos pactos, especialmente en el Gobierno de Peña Nieto, involucraron no solo el clásico (aunque inmoral) intercambio de favores y el reparto de posiciones y contratos, sino crecientemente la compra de votos de los diputados y senadores, práctica que se estableció como normal no solo en el Parlamento federal, sino también en los congresos estatales. El poder Legislativo en la transición dejó de ser una expresión de la pluralidad política de la ciudadanía y un contrapeso al Ejecutivo para convertirse en el escenario de una oculta negociación interna de la clase política basada en la corrupción institucionalizada. Lo peor de todo es que ese proceso de degradación no ha terminado con las actuales legislaturas, sino que continúa como práctica generalizada.

Este proceso se inició desde la transición misma en el año 2000. Los dos gobiernos del PAN nunca lograron la mayoría en ninguna de las cámaras federales. El PRI conservó el poder de veto no solo por ser el segundo partido, sino por tener la mayoría de los Gobiernos estatales. Los gobernadores priistas, libres del viejo control presidencial, hicieron lo que quisieron en sus Estados, creando un conjunto de autoritarismos subnacionales que produjeron la fragmentación del poder y abrieron las puertas de la política local al crimen organizado. Entre sus poderes estaba el control de las bancadas de sus estados en el Congreso federal. El PAN se vio obligado a pactar y pronto sus líderes parlamentarios, al igual que los de los demás partidos, le agarraron gusto al reparto de puestos en los órganos autónomos, al “moche” (cobro de un porcentaje a los gobiernos municipales para asignarles presupuestos específicos), a los viajes internacionales con gastos pagados y a otros privilegios del cargo, como el de darle trabajo a sus asistentes y nombrar, de manera concertada, a quienes administraban el creciente e impresionante presupuesto del poder legislativo. La cúspide del proceso llegó con Peña Nieto, quien con el fin de garantizar la aprobación de sus “reformas estructurales”, que eran las reformas finales a la Constitución para garantizar el legado neoliberal, promovió el pago directo e ilegal de grandes cantidades a buena parte de los diputados y senadores, tal como ya se venía haciendo en los Estados gobernados por el PRI desde la década anterior. Debe decirse que varias de las reformas antes aludidas eran necesarias, sobre todo la creación de órganos regulatorios, como las Comisiones Nacionales de Energía y de Competencia, así como la “nacionalización” o federalización del instituto electoral y de transparencia.

El caso Lozoya debería propiciar un debate sobre la corrupción en general, incluida la legislativa, hoy día moderada en el Congreso federal, en lo referente a privilegios y a “pagos por evento”. Pero otras prácticas nefastas siguen reproduciéndose, sobre todo el transfugismo político, esto es, la compra de diputados para que cambien de partido. En este momento, el Partido del Trabajo, aliado principal de Morena, está “adquiriendo” diputados para tratar de convertirse en tercera fuerza política y evitar que el PRI maneje la presidencia de la Cámara de Diputados en el tercer año de la legislatura. Morena también se hizo de diputados extras al inicio del período. Igualmente, López Obrador ha conseguido ya la aprobación de numerosas reformas constitucionales, varias de ellas de dudosa legalidad, con el sospechoso apoyo de algunos priistas y a veces de panistas. ¿Qué les dieron a cambio?.

En los Estados, el desaseo administrativo y legal es la norma de las legislaturas locales, lo cual habla del bajísimo nivel de la clase política y de su absoluta falta de responsabilidad ante los ciudadanos a quienes supuestamente representan. Especialmente grave es que esas legislaturas nombran a los magistrados de los tribunales superiores de justicia y a los dirigentes de los órganos autónomos. Donde Morena gobierna, como en Veracruz, esos nombramientos han recaído en personajes sin la menor experiencia ni trayectoria, sin seguir las normas, sin debate público, todo negociado “en lo oscurito”. De esta forma se anula de origen la autonomía del poder judicial y de los órganos formalmente autónomos, exactamente como era la norma del viejo régimen. Lo mismo ha pasado a nivel federal con los órganos reguladores. Esto es otra forma de corrupción que no puede ignorarse.

Un cambio de régimen implica acabar con la inveterada práctica de someter al poder legislativo al ejecutivo, sea por corrupción abierta, como en el Gobierno de Peña Nieto, sea por vías más oscuras pero igualmente dañinas para la democracia.