Polémica por la fórmula que da la mayoría a la alianza morenista: ¿conteo por coalición o por partido?
El oficialismo tendrá la mayoría calificada en la Cámara y está cerca de ella en el Senado. Críticos como el exconsejero electoral Murayama creen existe una “lectura jurídica tramposa” que favorece la sobrerrepresentación y viola la Constitución
Estimación de diputados más conservadora
Total: 500 diputados
Mayoría calificada: 334
![Lorena Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F5d3adacc-6584-416a-bb85-8235e7933b48.png?auth=a8c8691a2126abfadaed6aa1aab63e3234712a0a5d30da897baf747ff200e938&width=100&height=100&smart=true)
Con el triunfo incontestable de Claudia Sheinbaum en las elecciones del domingo, 32 puntos por encima de Xóchitl Gálvez, la batalla se ha trasladado en las últimas horas al Congreso, donde, según estimaciones hechas con los datos preliminares, el oficialista Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PV) lograrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedarán a dos escaños de hacerlo en el Senado. Pero la manera de asignar los curules a los diputados plurinominales está generando polémica después de que algunos sectores denuncien una sobrerrepresentación que beneficiará al oficialismo y que, según dicen, no permite la Constitución.
Al menos esa es la lectura que estas voces críticas hacen de ella. Porque el árbitro, el Instituto Nacional Electoral (INE), no parece que vaya a interpretarlo así. La zona gris de la polémica está en una cláusula constitucional que establece un límite de sobrrepresentación del 8% para los diputados plurinominales (200 en total) para los partidos políticos. Pero ese inciso no dice nada de las coaliciones.
El domingo, los mexicanos votaron mayoritariamente a Morena y a sus aliados en el Congreso: la coalición obtuvo el 54,1% de los votos en la Cámara de Diputados y el 54,8% en el Senado, según los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con más del 94% de las actas computadas.
Los cálculos del Gobierno señalan que, con esos resultados preliminares, la coalición oficialista sumaría 365 diputados, un 73% de la cámara baja. “Estamos hablando de cerca de 243 diputados por Morena; 48 por el Partido del Trabajo y 74 por el Partido Verde Ecologista de México. Eso significa una mayoría calificada. Es decir, de dos terceras partes, como sabemos, una mayoría calificada, lo que implica es la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales”, dijo el pasado lunes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la mañanera.
Estas estimaciones han alertado a un sector de la oposición. “Desde el 2018, Morena ha ido perfeccionando un uso tramposo de la ley para tener más diputados que los que les corresponden”, denunció en su cuenta de la red social X la exdiputada Martha Tagle. Una opinión en la que coincide con el exconsejero del INE Ciro Murayama, para quien el Gobierno está haciendo una “lectura jurídica tramposa” e inconstitucional que “infla el voto” a su favor y que le dará carta blanca al oficialismo para hacer reformas constitucionales sin contrapesos.
“Se trata de una de las decisiones más importantes de la vida política de México en décadas porque de esta decisión dependerá que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada para cambiar la Constitución o no la tengan”, le dice Murayama a este periódico. “Las urnas les dieron la mayoría simple —el 54%— pero no les dieron los votos suficientes para tener más del 67% que necesita de asientos en la Cámara de Diputados para modificar la Constitución”.
En el centro de la polémica está la interpretación de la Constitución, concretamente del inciso V de su artículo 54, que señala que ningún partido político podrá contar con un número de diputados “que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. Y aquí es donde las opiniones se dividen: la oposición cree que ese límite debe aplicársele también a la coalición en su conjunto —que según estos cálculos preliminares tendría una sobrerrepresentación cercana al 20%— y que, si no lo hace, estaría violando la Constitución.
Pero el INE aparentemente no lo va a interpretar así cuando tenga los datos definitivos el próximo domingo, según han adelantado algunos de sus representantes. ”Aplicaremos la fórmula tal como está en la Constitución”, le dice el consejero del INE Uuc-kib Espadas a EL PAÍS. Y esta, estrictamente, habla de límites a partidos y no a coaliciones.
¿Cómo se distribuyen los escaños?
A la hora de distribuir los 500 escaños para los diputados, la ley estipula que 300 curules sean asignados a los uninominales. Eso quiere decir que cada candidatura con más votos se lleva el lugar en la Cámara. Nada que alegar hasta aquí. Donde viene el problema es en la asignación de los 200 escaños plurinominales que el sistema electoral distribuye geográficamente en cinco circunscripciones —noroeste, noreste, centro, sureste y suroeste— a cada una de las cuales asigna 40 curules para garantizar la representación de minorías políticas.
Cuando el INE tenga los resultados definitivos de cada circunscripción, hará la distribución de diputados plurinominales por la fórmula de cociente natural y de resto mayor. “En términos generales, hay una fórmula muy práctica. Salvo que algún partido alcance el 8% de sobrerrepresentación, cada partido recibirá dos diputados de representación proporcional por cada punto porcentual de votación”, explica Espadas.
“¿La Constitución establece una fórmula justa? No, no establece una fórmula justa. Permite una sobrerrepresentación de hasta un 8% por partido político, pero así está en la Constitución”, añade el consejero del INE. “Entiendo perfectamente la posición del consejero Murayama. Lo que él plantea es más justo, pero lamentablemente es inconstitucional”.
Pero lo que el consejero del INE hace ver como un camino fácil podría complicarse si se presentan impugnaciones. “Todavía hay tiempo para conocer argumentos, para estudiarlos, para reflexionar y, una vez que el Consejo General del INE tome su determinación, todas las decisiones del INE pueden ser revisadas si así lo solicita un partido político y no dudo que vaya a ser el caso”, advierte Murayama. En ese caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial será quien tenga la última palabra.
Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp electoral y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
![Lorena Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F5d3adacc-6584-416a-bb85-8235e7933b48.png?auth=a8c8691a2126abfadaed6aa1aab63e3234712a0a5d30da897baf747ff200e938&width=100&height=100&smart=true)