Las pensiones saltan a la campaña electoral sin un debate público e informado entre la ciudadanía

Las personas mayores de 65 años representan ahora el 7,9% de la población mexicana, pero en 2030 sobrepasarán el 10% y a la mitad del siglo ya serán 26,7 millones, según las previsiones del Consejo Nacional de la Población, es decir, el 18% de la pirámide. En países de población envejecida saben bien lo que eso significa para la conversación pública y política: las pensiones de jubilación ocuparán buena parte de ella y serán motivo de grilla si no se alcanzan consensos partidistas. De las medidas que el presidente López Obrador presentó en febrero para su posterior aprobación en las Cámaras, solo una verá la luz antes de las elecciones del 5 de junio, las pensiones de los mayores, cuyo fondo económico acaba de ser aprobado por los diputados y con probabilidad de repetir resultado en el Senado. En plena campaña electoral, el debate ofrece ya eslóganes fáciles que tratan de rentabilizar unos y otros.

Para la oposición, que ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno trata de robar los ahorros de los mayores de 70 años. Así lo ha dicho la candidata panista Xóchitl Gálvez. “Es posible que esas personas [que no han reclamado ese dinero] sean migrantes, o desconocen que lo tienen o, si han fallecido, sus familias deberían tener acceso a ese dinero”, ha señalado. López Obrador, desde su conferencia, se ha congratulado del trámite aprobatorio en la Cámara de Diputados: “Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores, esta reforma corrige un agravio causado en el periodo neoliberal, cuando se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al jubilarse”.

Entre esos dos discursos anda el juego cuando todavía la población no tiene elementos de juicio para determinar los beneficios o perjuicios de modificar el sistema y muchos ciudadanos tan siquiera se identifican con la palabra pensión, puesto que las primeras que se universalizaron, en la Ciudad de México durante el gobierno de López Obrador en los primeros cinco años del siglo, se dieron en llamar programas sociales, el principal de los cuales fueron aquellas transferencias económicas para la jubilación. “Las campañas debaten sobre expectativas y no sobre realidades y con un sistema tan opaco como el actual, es difícil que el ciudadano tenga la información suficiente para decidir a quién votar a partir de esto”, dice Carlos Brown Solá, director de Conocimiento y Justicia Fiscal en Oxfam México, quien enumera muchas de las zonas oscuras que todavía persisten en la gestión de esos ahorros. Sostiene, además, que las prestaciones por jubilación han afectado a poca gente hasta ahora, que es cuando el envejecimiento de la población en México, más acelerado que en el resto de América Latina, situará el foco en este asunto. “Solo se está abriendo la caja de Pandora, pero será cuando verdaderamente afecte al bolsillo de la gente, cuando el debate se cruzará definitivamente con la necesidad de una reforma fiscal que garantice los recursos. Entonces sí calará en la conversación pública y estará verdaderamente atravesado por la política”, dice. “No es casual que ya las pensiones y los cuidados empiecen a ser objeto de las campañas electorales y pronto lo serán de Estado, es por el envejecimiento”.

Lo que no quiere decir que no haya sido batalla política hasta ahora. Recuerda la analista económica Viri Ríos que ya cuando se hizo la reforma de 1997, que dejó atrás “la generosa aportación que hacía el Estado para las pensiones” y se cambió por el sistema de ahorro individualizado conocido como Afores, la izquierda hizo de aquello una de sus banderas más críticas. “Fue incluso la raíz de la fractura del priismo y del surgimiento del PRD. Calderón vino a copiar después el sistema implantado por López Obrador en la Ciudad de México, pero sin atribuir la idea a la izquierda”, explica Ríos. El resultado de todo aquello, sin embargo, fue que a pocos les alcanzaba con lo recibido “y casi nadie tenía Afores, porque muy poca población trabajaba en un régimen formal y gran parte de ella entraba y salía de la formalidad”. “De ahí el escándalo actual”, añade Ríos, al darse cuenta de que no les llega, que los ahorros con aquellos sueldos no eran muy altos. “La crítica a las Afores y al salario mínimo fueron siempre dos causas de la izquierda”, añade la analista.

Brown Solá dice que la opacidad sobre cómo se gestionan las Afores es una fuente de las mentiras que ya se escuchan en esta campaña. Por ejemplo, “cuando el presidente dice que se está revirtiendo el modelo de 1997. No es verdad, solo se propone que los trabajadores cobren el 100% del sueldo que recibían antes de jubilarse”, dice. Ríos niega que el plan gubernamental sea robar el dinero acumulado que nadie ha reclamado. “López Obrador aumentó las contribuciones de los empresarios en los ahorros del trabajador y elevó notablemente la cantidad que recibían del Estado al inicio de este mandato. Ahora quieren algo más ambicioso, pero el asunto se está tergiversando debido al ambiente electoral”, apunta. “De lo que se trata es de guardar esos fondos en las arcas públicas para no pagar comisiones a los bancos y beneficiarse de las tasas de interés. Lo veo bien”, opina.

Como se decía, las pensiones se relacionan con las clases medias y medias altas, los profesionales asalariados y son estos, probablemente, los que teman mayormente que se meta la mano en la bolsa, algo que podría rentabilizar la derecha en su discurso electoral. “La tradicional desconfianza hacia los gobiernos es algo que cala fuerte entre la gente”, dice Ríos, y esa es la razón de que, a su parecer, “la oposición esté jugando a la descalificación a base de mentir diciendo que les van a robar los ahorros”. Y cree que ese discurso está teniendo efectos electorales. “Hay ancianos en la calle que se preguntan si es verdad que les van a robar su dinero”, explica.

En febrero, cuando el presidente presentó el paquete de reformas que concluirían su mandato, se le acusó de estar haciendo electoralismo con ellas, de llevarlas al debate público para beneficio electoral de su partido y su sucesora, Claudia Sheinbaum, porque buena parte de ellas, como ahora se ve, solo alcanzarían la conversación pública, pero no su debate y votación en las Cámaras. Las pensiones sí parecen estar completando este trámite, pero con ellas puede ocurrir como con otras medidas estrella, eso, que se estrellen en la Suprema Corte. A pesar de todo, es posible que la candidatura oficialista pueda también sacar partido a este nuevo encontronazo político que se resuelve en la campaña con un binomio simple: roban o favorecen a los trabajadores. De cualquier modo, el envejecimiento de la población está trayendo a la preocupación pública nuevos viejos asuntos que requerirán debates más sosegados cuando pase el 2 de junio. “Por ahora”, como dice el experto de Oxfam consultado, el asunto “solo se sumará al ruido de las propuestas electorales”.

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