México esquiva una reforma fiscal con un mayor combate a la evasión de impuestos y la imposición de gravámenes “saludables”

La gran reforma fiscal de México se queda en el cajón. Antes de pensar en la creación de más impuestos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum apostará en 2026 por incrementar gravámenes específicos y por una mayor fiscalización para elevar los ingresos públicos por recaudación. La meta es ambiciosa: para el próximo año el Gobierno federal busca reunir más de 10 billones de pesos en ingresos, de los que más de la mitad, unos 5,8 billones de pesos, provendrán de los impuestos. En plena desaceleración económica y con el aumento del gasto social en el horizonte, los expertos advierten de que el margen de maniobra de esta Administración será cada vez más limitado.

Con una serie de reformas, el Fisco mexicano pondrá en el punto de mira el pago de impuestos por parte de refresqueras, fabricantes de sueros orales, tabacaleras, plataformas digitales como Netflix, Uber, Tinder, así como de las empresas importadoras y exportadoras. La ley de ingresos de 2026, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en discusión en el Senado, prevé una batería de impuestos “saludables” a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos, así como una mayor carga fiscal a extranjeros. Con estos gravámenes sobre la mesa, el combate a la facturación falsa y una mayor vigilancia en aduanas, Hacienda busca obtener más de 760.000 millones de pesos en 2026.

A la usanza del sexenio anterior, el Gobierno federal estirará el próximo año las costuras de la economía antes de proponer una reforma fiscal de fondo que implique la creación de nuevos impuestos para atajar el desbalance entre ingresos y egresos públicos. A partir del próximo año, los refrescos y bebidas saborizadas pagarán un 87% más del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), equivalente a un cobro de 3,08 pesos por litro y, en el caso de los cigarros, la tasa del IEPS pasará de 160% a 200%. Las modificaciones avaladas en la Cámara de Diputados también contemplan un alza del 30% a un 50% en los impuestos de juegos con apuestas en casinos y en los sorteos en línea, así como el cobro de una cuota del 8% en todos los videojuegos con contenido violento.

La presidenta Sheinbaum calificó como “actualizaciones” estos cambios al alza en los impuestos de ciertos productos. La mandataria reconoció que el único aumento que puede afectar a los ciudadanos es el incremento fiscal a los refrescos, pero matizó que esta medida busca reducir el consumo de estas bebidas. “En vez de comprar 30 latas de refresco en un mes, compra 29. Te va a ayudar a tu salud y no vas a pagar más impuestos en refrescos”, declaró en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional. A contracorriente, expertos y pequeños comerciantes han advertido que lejos de inhibir el consumo de estos productos, la medida solo es recaudatoria y pegará de lleno en el bolsillo de las familias.

Más allá del alza en el IEPS de varios productos, el paquete económico de este Gobierno contempla otras medidas para elevar los ingresos públicos. La estrategia también eleva la tasa de retención sobre capitales invertidos en el sistema financiero de 0,5 % a 0,9%. La Cámara de Diputados también avaló aumentos de más del 100% en los precios de los documentos migratorios para extranjeros e incrementos similares en las entradas de algunos museos. También se contemplan cambios para el sistema financiero en materia de deducibilidad de aportaciones al IPAB, así como de cuentas incobrables y, finalmente, se ha prometido elevar el combate al uso de comprobantes fiscales falsos.

Raymundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey, explica que la meta de recaudación de Hacienda se soporta mucho, como siempre, en los impuestos habituales como el ISR, el IVA y postergan la discusión de fondo, de una reforma fiscal debido al coste político que implica proponer algo así. De esta forma, el Gobierno buscará otras alternativas antes de conjurar la creación de más impuestos. “Es optimista esta meta de recaudación de 5,8 billones de pesos, sobre todo si se considera que la actividad económica en el 2026 no llegará más allá del 1,5%. Hacienda está sobreestimando la eficiencia recaudatoria en resolución de litigios, de persecución a factureras, lo cual va de acuerdo con la ley, pero me parece que son demasiado optimistas dado el crecimiento que se espera en la actividad económica para el próximo año tan mediocre”, apunta.

De la eficiencia quirúrgica de esta apuesta fiscal pende el equilibrio de las finanzas públicas. En 2024, México cerró con el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años, equivalente a un 5,7% del PIB. Este Gobierno tiene ante sí el reto de reducir el desbalance entre ingresos y egresos, pero la tarea no es menor dado el millonario compromiso de gasto social, vía becas, programas sociales y pensiones, y el lento dinamismo de la actividad económica, cuyo consenso de analistas apunta a un crecimiento por debajo del 1% para 2025.

La agencia Moody’s publicó en un reporte reciente que el Gobierno encara crecientes presiones fiscales debido al aumento del gasto corriente y de los programas sociales, junto con una mayor carga de deuda en un entorno de altas tasas de interés. “Un gobierno que enfrenta un desequilibrio fiscal cada vez mayor aumenta el riesgo de perder la confianza y genera dudas sobre su capacidad para cumplir con sus obligaciones de deuda, lo que a su vez provoca que los compradores de bonos exijan una prima de riesgo más alta. Por lo tanto, un fuerte compromiso con la consolidación fiscal es una condición necesaria para reducir la vulnerabilidad de la economía”, zanja.