¿Dónde está Cindy y los otros 82 migrantes que se tragó el mar?

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La última conversación con su hija la dejó más tranquila. Le enseñó el mar, la salida por la que avanzaría en lancha hacia el norte. Ya quedaba menos para reunirse con ella. La madre la esperaba en Estados Unidos, a donde había llegado desde Honduras. Cindy Bueso, de 29 años, viajaba con sus dos hijos, una niña de tres años y un bebé de seis meses. “Mami, voy a apagar el teléfono que ya nos vamos”, fue la última comunicación la tarde del 21 de octubre de 2024. A partir de entonces, un silencio atronador.

Con Cindy viajaban otras 19 personas. Antes, en septiembre, desapareció otro grupo de 23 migrantes. Y después, en diciembre, se perdió la pista de otros 40. Todos en la costa chiapaneca de Puerto Madero y San José El Hueyate, un pequeño pueblo de pescadores cerca de la frontera con Guatemala. Son 83 personas a las que se tragó el mar. Esa es la peregrina explicación que parecen dar las autoridades. Porque el caso no lo destapó la policía, los militares o los políticos de turno. Ha sido el trabajo de organizaciones y de mi compañera Beatriz Guillén el que ha puesto en el mapa otra tragedia más en un país con más de 130.000 desaparecidos.

Guillén viajó a San José El Hueyate, para escribir el reportaje El pueblo mexicano que desaparece a los migrantes. Antes había publicado otros dos textos que constataban, con decenas de fuentes de familiares de las víctimas, las desapariciones de los distintos grupos de migrantes. El ‘modus operandi’ se repetía en los tres casos: rutas marítimas controladas por coyotes con destino al norte que nunca llegan a su destino.

Para este último reportaje, Beatriz llegó al pueblo siguiendo las pistas que le dio la familia de Cindy, que la contactó por X. “Tras la publicación de los primeros textos, me escribió para contarme su historia”, me cuenta mi compañera, que llegó a identificar el punto exacto donde se perdió su rastro: “Una casa con techo de palma en primera línea de mar, a la que se llega por un camino estrecho e irregular de arena y basura”, explica en el reportaje.

El caso específico de Cindy da algunas pistas sobre qué puede haber detrás de las desapariciones masivas en la costa de Chiapas. Los coyotes, que suelen mandar a los familiares todas las pruebas del trayecto como una especie de garantía, nunca compartieron una imagen de Cindy y los niños ya subidos en la barca. Además, en estos 13 meses desde que están desaparecidos, han recibido varios avisos de personas que la vieron en Puerto Madero, otro pueblo cercano. Son mensajes contradictorios: trabajando de mesera, trasladada por unos taxistas, con sus hijos, sin sus hijos.

“Yo creo que mi hija sí estuvo secuestrada, pero ahora, según mi corazón, yo pienso que mi hija está ahí, en Chiapas, tal vez está liberada, pero cayó en manos de alguien que la tenga trabajando, tal vez por sobrevivir”, cuenta la madre en el reportaje. Las pistas apuntan a una red de trata de migrantes. Pero, una vez más, esta no es una tesis que venga de las autoridades. Las familias han presentado denuncias en la Comisión de Búsqueda, en la Fiscalía de Chiapas y también en la Fiscalía General de la República (FGR). No han recibido ninguna prueba real hasta el momento.

Guillén consultó a la Fiscalía de Migrantes de Chiapas, encargada del caso, pero no recibió respuesta. Los abogados de las víctimas le contaron que esa misma Fiscalía les dijo, hace apenas un mes, que se habían enterado del caso por los reportajes en este periódico, cuando algunas de las denuncias están puestas desde enero. No han tenido acceso ni al número de carpeta de investigación, un derecho procesal básico. Es más, los carteles de búsqueda repartidos en el pueblo son con fotos y datos sacados de los reportajes.

“La incompetencia y las fallas institucionales provocan el desamparo de las familias. Pidieron que la FGR atrajera el caso, por el evidente involucramiento del crimen organizado, pero lo rechazaron”, me explica Guillén. La madre de otro de los desaparecidos, Alicia Santos, dice desesperada desde Cuba: “Hemos agotado todos los recursos disponibles. Hemos presentado denuncias, suplicado a las autoridades y proporcionado información. ¿Acaso la vida de un migrante no tiene valor en México?”

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