Las autoridades desalojan a 80 menores del albergue infantil Casa de las Mercedes ante las acusaciones de violación de una de las niñas

Uno de los refugios para los niños y adolescentes víctimas de la trata de la Ciudad de México ha sido desalojado por la Fiscalía capitalina tras la revelación en un portal de noticias de nota roja del encubrimiento de una violación. Casa de las Mercedes, un albergue infantil que funciona desde hace 30 años, ha tenido que reubicar a los 80 menores que cuidaba mientras las autoridades investigan a su directora, María Ángela González Colimoro, hija de una de las fundadoras del centro. González Colimoro está siendo investigada por llevarse a una de las niñas a trabajar como empleada doméstica a su casa, donde fue violada por su hermano, Aquiles, quien ha sido detenido y, horas más tarde, vinculado a proceso.

El Gobierno de la Ciudad de México ha asegurado en un comunicado este jueves que los menores, 47 alojados en la sede Schulz y 33 en la sede Berriozábal, han sido reubicados en “un entorno seguro que protege su integridad física y emocional” al cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) mientras se investigan las irregularidades y “un caso de presunta agresión sexual” en la administración de Casa de las Mercedes. “Aquí lo más importante es que no podemos permitir que ningún lugar y menos en un espacio que esté para proteger a las niñas pueda haber abusos de este tipo”, ha subrayado la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.

Las investigaciones comenzaron el pasado marzo, cuando una niña de 17 años resguardada en el centro le escribió una carta al DIF. En el escrito narraba cómo fue trasladada irregularmente al domicilio de la madre de la directora y allí fue obligada a realizar labores domésticas. En el lugar fue agredida sexualmente por Aquiles, hermano de la directora, quien le suministró una droga. La niña cuenta que fue amenazada para no denunciar a su agresor.

Aquiles se encuentra detenido Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. “A las menores se les proporcionaron medidas de protección para evitar contacto con los probables responsables y el inmueble donde se encontraban está bajo custodia policial mientras continúa la investigación”, ha explicado el Ministerio Público en un comunicado. La dependencia también investiga a María Ángela González Colimoro por obligar a las menores que tiene a su cargo a acudir a su casa para hacer tareas de limpieza.

Al día siguiente de que se hiciera viral la historia, un operativo de la Fiscalía de Ciudad de México evacuó el albergue ubicado en el corazón de la colonia San Rafael, a pocos metros del Monumento de la Revolución. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha relatado que, después de la denuncia de Jiménez, ha ordenado dos visitas de verificación administrativa para comprobar que el centro cuenta con todos los permisos para operar. “Si las carpetas de investigación confirman lo que se denunció, se debe castigar con todo el peso de la ley”, ha subrayado en un video en sus redes.

Casa de las Mercedes ha emitido un comunicado en el que asegura que las acusaciones son falsas. “Nos duele y lamentamos profundamente la reciente difusión de información falsa e imprecisa en redes sociales”, han indicado e insisten en que han atendido a más de 6.800 niñas y niños que fueron víctimas de violencia física, sexual, psicológica, abandono, explotación o discriminación. “Expresamos nuestra solidaridad y respaldo absoluto hacia nuestro equipo operativo y directivo, incluyendo a la directora Ángela María González Colimoro, quien junto con nuestro personal ha dedicado más de 20 años de servicio de su vida a la protección y desarrollo integral de las beneficiarias. La difusión de acusaciones infundadas genera un daño injusto a su reputación y a la labor humanitaria que encabeza”, reza el documento difundido en las redes sociales.

La alcaldía Cuauhtémoc ha informado que ha suspendido las actividades de Casa de las Mercedes, ahora precintada con sellos, por no cumplir con todas las medidas de seguridad que establece la ley. De momento, los niños han sido reubicados y la alcaldesa Rojo de la Vega ha asegurado que recibirán atención psicológica y se procurará no separarlos, ya que muchos son hermanos. “Quien haya faltado al deber de protegerlos, deberá asumir su responsabilidad administrativa y, por supuesto, si procede, también la penal”, ha sentenciado.