Los recortes al presupuesto del Poder Judicial avivan la protesta de los trabajadores: “Va a generar una grave crisis”

El recorte presupuestal al Poder Judicial (PJ) ha avivado la protesta de los trabajadores de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. El tijeretazo de 14.042 millones de pesos consumado por la Cámara de Diputados al gasto del sistema judicial en el presupuesto de egresos 2025 ha atizado nuevamente los ánimos entre los empleados del sector. El recorte supone el 16.5% menos de los 85.000 millones solicitados. Los trabajadores piden a la mayoría parlamentaria de Morena que cumpla su palabra y aluden a la propia redacción de la propia reforma judicial para garantizar sus derechos y prestaciones.

Patricia Aguayo, vocera de un sector de los trabajadores, ha lanzado la exigencia a los legisladores de cumplir con el compromiso de no afectar los derechos laborales del personal judicial. “[El recorte] Va a crear un efecto contrario, va a propiciar que en lugar de que se mejore la impartición de justicia, haya un retroceso significativo. Representará el cierre de órganos, de juzgados, de tribunales; inclusive el despido de trabajadores. Se va a generar una grave crisis, mayor a la que tenemos hoy”, dijo la funcionaria mediante un pronunciamiento en las inmediaciones del Palacio de Justicia.

La redacción del artículo décimo transitorio de la enmienda a la Constitución garantiza que los derechos laborales de los trabajadores serán respetados en su totalidad y para ello se considerarán los recursos necesarios en los presupuestos de egresos. El pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral quedaron blindados en la reforma judicial. “Les exigimos que cumplan el décimo transitorio, nos aseguraron que no se iban a menoscabar los derechos laborales de los trabajadores que prestamos nuestro servicio en esta institución y con este recorte presupuestal se va a propiciar la disminución de nuestras prestaciones”, lanzó Aguayo.

La Corte y el Consejo de la Judicatura salieron la tarde de este martes a manifestar la preocupación que generó el proyecto de presupuesto, aprobado la madrugada de este jueves como un simple trámite dada la sobrada mayoría con la que cuenta el bloque oficialista formado por Morena y sus aliados: PT y PVEM. Los empleados judiciales han puesto sobre la mesa las posibles implicaciones derivadas de la reducción, desde el recorte de plazas, cierre de juzgados y tribunales, y despido de la plantilla laboral, además de las afectaciones a la implementación de la propia reforma laboral.

La propuesta del bloque oficialista establece una reducción de 714 millones de pesos a la Suprema Corte, 12% menos que lo solicitado y de 13.000 millones para el consejo encargado de la vigilancia y disciplina de los juzgadores, equivalente al 17.4% de lo solicitado. Mediante un comunicado conjunto las dependencias han sostenido que ocho de cada diez pesos solicitados corresponden principalmente a sueldos, salarios y prestaciones. Esto, han dicho, enciende las alertas por las afectaciones a la operación y el riesgo en el que pone el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores de ambos organismos.