Arturo Zaldívar: “Habrá dos elecciones de jueces, no será todo en un solo proceso electoral”

El ministro en retiro Arturo Zaldívar se ha afianzado en el entorno de Claudia Sheinbaum, a pocas semanas de que tome oficialmente el relevo de la Presidencia de México de manos de Andrés Manuel López Obrador. La mandataria electa ha nombrado a Zaldívar coordinador de Política y Gobierno de la oficina presidencial y le ha encargado, como primera misión, llevar a buen puerto la reforma al Poder Judicial. Concluidos los debates públicos organizados por el Congreso para recoger las posturas de jueces y trabajadores de la judicatura, el oficialismo se dispone a aprobar el dictamen en comisiones de la Cámara de Diputados. La meta de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde es que la Legislatura que tomará posesión el 1 de septiembre apruebe en los primeros días del mes la enmienda judicial, a fin de que López Obrador pueda promulgarla antes de despedirse.

A punto de cumplir 65 años, Zaldívar señala en esta entrevista con EL PAÍS que la polémica elección de jueces en las urnas se mantendrá en la reforma, pero matiza que la renovación de la judicatura se hará en dos momentos, en comicios a celebrarse en 2025 y en 2027. Estos últimos serían concurrentes con la elección intermedia de diputados federales y con la consulta de revocación de mandato —que debe efectuarse a la mitad de cada sexenio para que los ciudadanos decidan si el Ejecutivo en turno sigue en el cargo. El ministro en retiro defiende la apabullante mayoría obtenida por la alianza de Morena en las urnas, y fustiga a los académicos y opositores que exigen al INE y al Tribunal Electoral restar curules al oficialismo en el Congreso, como parte del movimiento contra la sobrerrepresentación partidista. “Sería un verdadero golpe de Estado técnico; sería gravísimo desde el punto de vista constitucional, pero más desde el punto de vista social, porque el pueblo de México ya votó abrumadoramente a favor de una opción, con reglas del juego preestablecidas”, afirma el juez retirado.

P. Algunos lo perfilaban a usted en la Consejería Jurídica de la Presidencia.

R. Esa nunca fue una opción, porque, si bien es cierto que yo no tenía impedimento —la Consejería no es secretaría de Estado, lo distingue la Constitución—, sí hay un impedimento para manejar asuntos ante el Poder Judicial Federal dos años después de haber sido ministro. Y prácticamente la mitad del trabajo de la Consejería es litigar o llevar asuntos en tribunales, y no hubiera sido adecuado. Además, yo no estaba aspirando a ningún cargo, yo estaba interesado en tener un encargo en el cual pueda ser útil a la presidenta y al país.

P. ¿Este nombramiento le da margen para ayudarle tanto como usted pretende?

R. Todos los nombramientos en la Oficina de Presidencia son cargos de apoyo a la presidenta. Ella ha mencionado expresamente que mi labor principal, al menos en esta primera etapa, será ayudar en la instrumentación de todas las reformas constitucionales, con mucho énfasis en la reforma judicial, porque es la que requerirá una instrumentación mucho más intensa.

P. ¿Lo veremos en el cargo de coordinador de Política y Gobierno todo el sexenio?

R. Será decisión de la presidenta en dónde cree que la puedo ayudar de mejor manera, yo no tengo ningún problema. Yo no me sumé a su equipo por un cargo, me sumé tratando de apoyarla, de ayudarla. No estoy en esto, menos en este momento de mi vida, en búsqueda de politiquería, de buscar cargos. Eso no va conmigo.

P. La reforma judicial ha requerido de mucho trabajo político. ¿Cuál es el mayor reto para que se apruebe en el Congreso?

R. Es un reto mayúsculo porque es un cambio muy trascendental, quizás el más importante que se ha dado en la historia del Poder Judicial mexicano. Y esto presenta muchos retos: primero, que se apruebe, que es responsabilidad de los legisladores, y hacer los ajustes a la iniciativa que se consideren adecuados sin perder su esencia; después, la instrumentación: llevar a cabo la elección popular de todos los integrantes del Poder Judicial Federal y de los Poderes Judiciales de los Estados y de Ciudad de México no es una labor sencilla. También hemos tenido el reto de explicar la reforma; hay mucha desinformación, mucha descalificación a priori. Y también convencer de que no es un tema de personas, no es una cuestión que se dé porque hay buena o mala relación con Norma Piña [la presidenta de la Suprema Corte] o con quien sea; es una cuestión de que el sistema de justicia no funciona, creo que en eso todos estamos de acuerdo, y hubo un mandato en las urnas de la gente de que había que cambiar ese sistema para que funcione. De eso se trata, no de pasar facturas a determinadas personas.

P. ¿Habrá cambios en el proyecto tras los foros que organizó el Congreso?

R. Los legisladores y también el presidente López Obrador han socializado algunos cambios que en principio podrían darse. Por ejemplo, que haya convocatorias abiertas tanto en la Presidencia como en el Legislativo y en el Poder Judicial para que se pueda postular cualquier persona que tenga interés. Segundo, comités evaluadores para elegir los mejores perfiles. Tercero, que todos los ministros, magistrados y jueces tienen garantizado competir, si así lo desean, para que su cargo sea de alguna manera ratificado por el pueblo en la elección popular. Lo que se está viendo, de acuerdo con lo que se ha dicho en los foros, es qué se puede mejorar; por ejemplo, se ha insistido mucho en el escalonamiento, entonces es muy probable que haya por lo menos dos elecciones, que no sea todo en un solo proceso electoral. Se está analizando también qué tipo de boletas tiene que haber, porque se habla mucho de la dificultad de la votación, y sin duda será un tipo de votación diferente. Las campañas van a ser de dos meses, de manera muy especial en los tiempos oficiales del Estado mexicano; los candidatos podrán usar sus redes sociales sin pautar, sin poner dinero, y podrán aceptar entrevistas siempre y cuando en los medios haya un mínimo de equidad. Así se va construyendo el paisaje de lo que será el nuevo Poder Judicial mexicano.

P. Habló de un escalonamiento en dos momentos. ¿Cómo será?

R. Yo estoy siendo muy cuidadoso, yo solamente me refiero a lo que los legisladores han dicho ya, porque a ellos les toca hacer el dictamen. Habría una primera elección en junio del próximo año, donde serían todos los ministros, los integrantes del Tribunal de Disciplina, y la mitad, digamos, de jueces y magistrados. Y la otra mitad sería en 2027, esperarse hasta la elección intermedia [de diputados], por el costo que implicaría una elección en 2026.

P. ¿Qué criterios están pensando requerir a los aspirantes para ser idóneos?

R. Se verá la trayectoria profesional, la trayectoria de vida, a lo mejor algunos ensayos, entrevistas que quizás haya con el comité evaluador. Se trata de que lleguen los perfiles más adecuados, entendiendo una nueva lógica de perfil adecuado, no una lógica tecnocrática, como sería a través de exámenes de oposición, sino en un sentido más amplio, que haya candidatos más representativos de la pluralidad del pueblo de México. Se ha dicho que se va a acabar con la carrera judicial y no es así. Todos los cargos en el Poder Judicial serán a través de concursos de oposición, salvo el cargo de juez y magistrado; ahí empieza la elección. Las posibilidades de que la mayoría de los funcionarios en áreas jurisdiccionales lleguen a ser jueces o magistrados son mucho más altas con la reforma que como es ahora. Hoy sigue siendo un sistema muy cerrado, de mucho compadrazgo y amiguismo. Yo creo que esta reforma, una vez que se empiece a aquilatar por quienes integran el Poder Judicial, se darán cuenta que se les abren muchas posibilidades de ascender que antes no tenían.

P. ¿Qué leyes secundarias se prevén?

R. Primero tenemos que sacar la reforma constitucional. Luego, de entrada vas a requerir una nueva ley orgánica del Poder Judicial Federal, porque cambia la organización de la Corte, hay un nuevo Tribunal de Disciplina, hay un nuevo Órgano Administrador, hay una nueva forma como acceden a los cargos todos los integrantes del Poder Judicial. Habrá que reflexionar si se requiere conservar una ley de carrera judicial o si se integra a la ley orgánica. En materia de acciones y controversias [constitucionales], hoy se piden ocho votos [del pleno de la Corte], muy probablemente vamos a pasar a seis votos, porque la Corte tendrá nueve integrantes. Habrá que regular en las leyes electorales todo lo que tiene que ver con la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal. Todo eso se tendrá que analizar una vez que tengamos ya la reforma.

P. En el Senado, Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada. ¿Será un obstáculo para aprobar la enmienda?

R. Yo creo que con el trabajo político, con el convencimiento, se va a lograr tener los votos necesarios.

P. El factor de la sobrerrepresentación se ha metido a la ecuación. ¿Hay alguna posibilidad perder la mayoría calificada por esa vía?

R. Sería un golpe de Estado técnico. La Constitución es muy clara; los criterios del Tribunal Electoral han sido muy claros; en la Corte, siendo yo parte del pleno, declaramos por unanimidad de votos la constitucionalidad de la fracción 12 del artículo 87 de la Ley General de Partidos, donde se especifica cómo se asignan a las coaliciones sus diputados. Así que la interpretación de la Constitución, su sentido, su letra y los precedentes, convalidan lo que nosotros estamos sosteniendo: el límite del 8% de la sobrerrepresentación califica a partidos, no a coaliciones. Además, las coaliciones son alianzas electorales, no alianzas legislativas; los partidos compiten en coalición, pero, una vez que se gana y toman sus curules, tienen sus grupos parlamentarios y no están obligados a votar juntos; la coalición no es una unidad parlamentaria. Entonces, sería un contrasentido y un absurdo pretender que se ponga un límite a la sobrerrepresentación de una coalición que desaparece en el momento en que se asignan las curules.

Entiendo la desesperación de la oposición y de los académicos interesados para tratar de ganar en la mesa lo que perdieron en las urnas; las reglas del juego estaban muy claras. Si el INE y el Tribunal Electoral cumplen con su responsabilidad, aplican la Constitución y se ciñen a los precedentes, no hay duda de que vamos a tener la mayoría calificada, y no hay manera de que le den la vuelta, salvo en un golpe de Estado técnico. Sería verdaderamente un escándalo y una aberración jurídica, política y democrática, porque la democracia es que se respeten las reglas del juego; no se vale, una vez que se terminó el partido, cambiarlas.

P. La mayoría calificada es un poder que exige mesura y responsabilidad. ¿Cuáles serán los límites para Morena?

R. La presidenta Sheinbaum actuará con enorme responsabilidad para impulsar las reformas necesarias para consolidar la transformación del país. No habrá ni arbitrariedad, ni prepotencia, ni abuso de poder. La presidenta hará un uso responsable y prudente de esa enorme fuerza, que le otorgará prácticamente el poder constituyente para modificar la Constitución.

P. ¿No les preocupa que esa mayoría calificada se vuelva un grillete para la propia presidenta? Es decir, que el partido vaya por un camino distinto al marcado por ella, e incluso la someta.

R. No, porque somos parte de un movimiento y todos vamos al mismo lado. Cuando yo digo que [la mayoría] se ejercerá con responsabilidad, no quiere decir que se va a ejercer con tibieza; hay un mandato popular, un programa de gobierno, un movimiento, hay principios, valores y objetivos que son muy claros y por ellos votó el pueblo de México. Yo no veo posible que el partido vaya por un lado y la presidenta por el otro. Ella es la líder de este movimiento y es la que marcará los ritmos.

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