Una nueva denuncia de ejecución extrajudicial sacude al Ejército en Nuevo Laredo

Una camioneta con hombres a bordo, vehículos militares que les persiguen, un choque, balazos, muertos... El relato es de sobra conocido en la frontera noreste de México, particularmente en Nuevo Laredo, escenario de algunas de las actuaciones más polémicas de las Fuerzas Armadas en el país en los últimos años. Solo en la primera mitad de 2023, militares fueron acusados del asesinato de varios hombres en dos eventos en la ciudad. Ahora, la Fiscalía de Tamaulipas investiga un nuevo caso, que apunta al posible asesinato de un hombre de 25 años, en una persecución en el centro.

Los hechos ocurrieron el viernes pasado y apenas han trascendido, dado el silencio oficial. Ni la Fiscalía de Tamaulipas se ha referido al tema, ni el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Solo ha levantado la voz el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización no gubernamental local, que esta semana presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y asumió la defensa de uno de los compañeros del joven muerto.

El superviviente se llama Roberto Robles y manejaba la camioneta que perseguían los militares, una Ford Edge. Robles y la víctima mortal, Jesús Fernando Cruz, circulaban por el centro de Nuevo Laredo, a media tarde. Estaban bebiendo cerveza. En su declaración al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Robles asegura que una de las patrullas, al parecer tres en total, les chocó por detrás al menos dos veces. Los militares, según su cuenta, dispararon cuatro veces. La organización asegura que la camioneta presentaba al menos dos agujeros de bala.

Producto de los balazos, Cruz habría muerto. En entrevistas con periodistas en Nuevo Laredo estos días, Robles, el conductor, que decía que se dedica a lavar carros en la ciudad, cuenta que, entre los balazos y los choques, su amigo bajó del carro. Luego habría caído muerto. El médico forense que practicó la necropsia horas más tarde señaló que la víctima había recibido un balazo en la zona lumbar izquierda, que le seccionó la vena cava. Murió desangrado.

En el informe que el Ejército rindió a la Fiscalía estatal ese mismo día, del que EL PAÍS tiene copia, el militar al mando de las patrullas, el teniente de Caballería Carlos Fernández, señala que la camioneta de los civiles circulaba sin placas y que, al verlos, mostró una “actitud evasiva, acelerando en dirección sur”. El militar señala que les pidieron que se detuvieran con su megáfono y con las luces de sus patrullas, pero que los otros no hicieron caso. Añade que unas cuadras adelante, se detuvieron finalmente “de manera intempestiva”, lo que provocó que la patrulla militar les chocara por detrás.

El relato del teniente Fernández se vuelve confuso justo después. “En el momento del percance descendieron cinco civiles de citada camioneta, al momento del impacto, uno de los civiles que iban en el interior del vehículo en mención, el cual viajaba en la parte trasera del lado derecho, descendió del vehículo gris ya descrito, saliendo proyectado por el impacto de los vehículos, observando que dicha persona civil cae sobre la cinta asfáltica, desconociendo si se había lesionado”, señala. Fernández obvia decir si él o alguno de sus hombres, 13 en total, dispararon.

Por omisión, el militar descarta cualquier agresión previa de los civiles. Según su cuenta, ni Robles, ni Cruz, ni las otras tres personas que iban supuestamente con ellos, y que al parecer escaparon de allí, dispararon. De hecho, tampoco iban armados, según la cuenta del militar. Su relato concluye señalando que, una hora después de los hechos, a eso de las 18.40, llegó personal de la Fiscalía estatal, “informando citada autoridad que el civil presentaba un orificio que aparentemente fue provocado por un proyectil de arma de fuego”.

En su escrito de queja ante la CNDH, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denuncia que los militares sometieron y golpearon al conductor de la camioneta, Roberto Robles. También denuncian que, producto del choque, la Ford Edge embistió otro vehículo que circulaba por la zona, en el que iban una mujer estadounidense de 88 años y su hijo. El informe militar no menciona nada de esto.

El caso recuerda al primero que se registró el año pasado en la ciudad fronteriza, ocurrido en febrero, en la colonia Cavazos Lerma. Fue en la madrugada de un domingo, a finales de febrero. Un grupo de siete jóvenes salía de una discoteca y manejaba de vuelta a casa. En la colonia mencionada, patrullas militares empezaron a seguirles y finalmente les chocaron por detrás. Uno de los muchachos que iba a bordo contó después que los militares empezaron a disparar después del choque. Cinco de los siete murieron.

En su versión de los hechos, el militar a cargo de aquellas patrullas señaló que había escuchado disparos, de ahí su reacción. La Sedena, que divulgó un comunicado días después, dijo además que la camioneta, en la que no se encontraron armas, circulaba sin placas ni luces, detalle que no comentó el mando operativo. Por el caso de la Cavazos Lerma hay dos militares presos. El caso de Nuevo Laredo, y de Tamaulipas en general, llama la atención. El evento de la Cavazos Lerma ocurría meses antes de otro, si acaso más evidente, en que militares aparentemente ajusticiaban a un grupo de detenidos, situación que quedó grabada en vídeo.

Entre 2007 y 2022, militares y civiles se enfrentaron a balazos en torno a 5.500 ocasiones en México, casi la mitad de ellas en Tamaulipas, según la cuenta del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. La mayoría de enfrentamientos registrados en el Estado ocurrieron en Nuevo Laredo. Eventos como los tres descritos aquí, el de hace unos días y los dos del año pasado, ni siquiera computan como enfrentamientos. Los datos sirven, sin embargo, para ilustrar la manera de actuar del Ejército en la zona.

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