Un fallo mecánico, la causa del accidente de helicóptero en el que murieron Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en 2018

El 24 de diciembre de 2018, diez minutos después de despegar desde Puebla, un helicóptero que volaba hacia Ciudad de México se estrelló contra un campo de maíz. En su interior viajaban la gobernadora del Estado de Puebla, Martha Érika Alonso; su esposo, el exgobernador y senador Rafael Moreno Valle; el asistente de este en el Senado, Héctor Baltazar, y los dos pilotos, Roberto Coppel y Marco Antonio Tavera. Ninguno sobrevivió al impacto. El accidente provocó todo tipo de rumores: la pareja de políticos, del derechista PAN, eran firmes opositores del recién elegido presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y hubo quien quiso ver el complot de una mano oscura tras la caída. En 2020, el Gobierno publicó los resultados de una investigación en la que aseguró que el siniestro se produjo por una falta de mantenimiento. Este viernes, un estudio independiente encargado por los familiares de las víctimas a especialistas extranjeros coincide con el peritaje estatal y da carpetazo al caso, más de cinco años después.

“La conclusión es totalmente coincidente con la que se hizo por las instancias aeronáuticas federales y por nuestros peritos. Se concluye, pues, que fue y se trató de un evento de falla en el aparato aeronáutico”, en concreto, en el actuador lineal izquierdo, ha informado en la tarde del viernes el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, que ha señalado que los propios familiares de las víctimas le han autorizado a difundir los resultados. El funcionario ha garantizado que “de ninguna manera”, contrario a los rumores sin fundamento que se extendieron entonces, hay ninguna prueba que sostenga la hipótesis de un fallo provocado.

El accidente conmocionó al país y despertó un reguero de dudas, a pesar de que desde el minuto uno el Gobierno descartó por completo que pudiera tratarse de un atentado. Alonso, de 45 años, había ostentado el cargo tan solo por 10 días cuando el helicóptero cayó. Las elecciones habían sido meses antes, el 1 de julio, pero su principal contrincante, Miguel Barbosa, de Morena, el partido de López Obrador, impugnó los resultados con acusaciones de fraude que provocaron la intervención de la justicia electoral. La tensión entre los morenistas y los panistas era palpable: el 3 de julio, militantes obradoristas irrumpieron a golpes en el cuartel electoral de sus rivales. Cuando en septiembre las urnas sospechosas fueron trasladadas a Ciudad de México para su inspección, el Ejército tuvo que custodiarlas para evitar más conflictos.

El recuento relevó que había habido algunas irregularidades, pero una vez solventadas, el resultado seguía dando a Alonso como ganadora. En diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio oficialmente el cargo a la panista, que tomó posesión el día 14, diez días antes del siniestro. Tras el accidente, nadie entendía muy bien qué podía haber pasado. El día parecía idóneo para volar, la torre de control no había recibido llamadas de auxilio y el helicóptero, modelo Augusta A109, había sido alquilado para el viaje a Servicios Aéreos del Altiplano, una empresa con sede en Puebla, y tenía un certificado de aeronavegabilidad con fecha de septiembre de ese mismo año y validez hasta 2020.

En marzo de 2020, el primer peritaje realizado por el Gobierno relevó que el helicóptero nunca debió despegar. El motor hidráulico que alimentaba las hélices para que giraran y mantuvieran el balance en el aire tenía dos tornillos sueltos. Otro tenía fallas intermitentes. El conjunto de errores provocó que los pilotos perdieran el control y el Augusta acabara contra aquel maizal. Según dijeron entonces las autoridades, la tripulación era consciente de los fallos, pero eso no evitó que siguiera volando. “Debió haber estado en tierra, es una falla enorme”, se lamentó el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

Servicios Aéreos del Altiplano, la empresa a la que le alquilaron el helicóptero, pretendió activar la garantía sobre la reparación después de haber detectado nuevas fallas en el actuador el 25 de junio de 2018. “Sería un poco urgente porque la máquina tiene vuelos comprometidos y no la podemos parar”, decía un correo enviado al taller Precision Accesories Instruments, perteneciente a un grupo de aviación estadounidense. Entre esta solicitud y la víspera de Navidad en 2018, día del accidente, la aeronave realizó por lo menos 31 viajes.

Este viernes, el fiscal de Puebla ha sostenido que “no se trató de impericia de los tripulantes de la aeronave”, sino de “una falla reprochable” por la que han ejercido acciones legales “contra quienes tuvieron la obligación, de una forma culposa o digamos de omisión, de reparar o corregir la falla que tenía la aeronave y que los propios tripulantes habían reportado”. Seis personas pertenecientes a la empresa encargada del mantenimiento del helicóptero fueron detenidas. Al menos una de ellas fue liberada un tiempo después, de acuerdo con Reforma. Ahora, con el nuevo peritaje, el caso parece cerrado.

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