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Los casinos, en pie de guerra frente al veto del Gobierno a las máquinas tragamonedas

Los permisionarios de 429 salas de juego afirman que los cambios del Ejecutivo pondrán en riesgo a una industria que genera 700 millones de dólares anuales en impuestos y derechos

Personas en el Gran Casino del Frontón México, en Ciudad de México, en 2017.
Personas en el Gran Casino del Frontón México, en Ciudad de México, en 2017.Juan Pablo Zamora Pérez (Cuartoscuro)

La suerte ha abandonado a los permisionarios y operadores de casinos en México. El Gobierno de López Obrador ha roto la baraja de un sector que opera 429 salas de juego en el país al establecer una serie de cambios en el reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos. El decreto, publicado el pasado 16 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, prohíbe el uso de máquinas tragamonedas en casinos y salas de juego. Además, el documento acota la vigencia de los permisos ahora variopintos y en algunos extremos ilimitados, fijando un espectro de entre 1 y 15 años. El Ejecutivo esgrime que el sector requería estos cambios ante el desorden y la falta de certidumbre jurídica en la que operan en el país y hace hincapié en que la ludopatía aqueja alrededor de 2,5 millones de personas en el país.

Aunque la reforma a la Ley de Juegos y Sorteos establece que a los actuales permisionarios —37 en el país—, no se les revocarán sus derechos adquiridos. Las nuevas reglas del juego aplicarán para los nuevos casinos o cuando los permisionarios tengan que renovar su actual licencia. “Para efectos del presente artículo, no pueden interpretarse como sorteos los juegos de apuesta con naipes o equiparable en todas sus modalidades, dados, ruletas y máquinas tragamonedas”, refiere el decreto.

El presidente de la Asociación de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (Aieja), Miguel Ángel Ochoa, afirma que de 2028 a 2034 el 80% de los permisos ahora válidos perderá su vigencia y con ello sus derechos poniendo en riesgo los más de 12.000 millones de pesos —más de 700 millones de dólares— en pagos de impuestos y derechos que aporta el sector a las arcas públicas. Además del perjuicio sobre los poco más de 57.000 empleos directos que genera la industria a través de su red de casinos.

Ochoa refiere que el 95% de los ingresos de un casino en México proviene de las máquinas tragamonedas y las mesas de juego en vivo, dos elementos que han sido vetados en el nuevo reglamento. “Lo que va a hacer todo el mundo es irse al amparo porque hay graves violaciones a la Ley Federal de Juegos. Creemos que se van a ganar los amparos y seguramente se va a negociar con el próximo Gobierno una nueva ley federal de juegos y sorteos que regule estos movimientos que se acaban de hacer ahora. A menos de 10 meses de que concluya este Gobierno sale una reforma que además no mejora a la industria porque prohíbe las máquinas tragamonedas en los nuevos casinos ni tampoco mesas de juego en vivo, entonces un casino ya no tiene razón de ser”, refiere.

El portavoz empresarial lamenta que pese a los más de 400 comentarios que la industria envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) sobre el polémico decreto, su voz no fue escuchada. Entre los permisionarios se encuentran empresas como Administradora Mexicana de Hipódromo, Operadoras Megasports, Divertimex, Operadora de Apuestas Caliente, entre otras.

En esta Administración los permisos habilitados, asevera Ochoa, se han ganado por la vía judicial, pero no por la venia del Ejecutivo, quien desde su llegada a Palacio Nacional les ha cerrado la puerta. La industria defiende que las 100.000 máquinas tragamonedas homologadas que operan en los casinos mexicanos son, en su gran mayoría, de proveniencia extranjera. Suprimirlas sería eliminar también el 15% de aranceles que acompañan a su importación al país.

De preservarse el reglamento con estas modificaciones, advierte Ochoa, se perderán a partir de 2028 y en un plazo de seis años, más de 100.000 empleos directos. A juzgar por el presidente de la Aieja, este decreto potenciará el juego clandestino e ilegal y propiciará la desinversión en el sector, provocando menos contribuciones a la Secretaría de Hacienda, vía el pago de impuestos. Cada año, estos giros aportan a sus Estados y municipios unos 2.500 millones de pesos.

El permisionario MegaSport emitió ante la Conamer sus comentarios contra la entonces propuesta de reforma al reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos: “Los permisionarios y operadores autorizados son contribuyentes cautivos que se encuentran de manera activa en el padrón de contribuyentes, pagando cantidades millonarias de dinero al fisco. Con esta reforma se perderán los ingresos millonarios que recibe el Gobierno por la importación de equipos del extranjero. De desaparecer la industria del juego formas se incrementará el juego ilegal, que no paga impuestos y opera al margen de la ley”, refiere la empresa por escrito.

El Ejecutivo defiende que la industria que abarca casinos, hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números o símbolos operan sin ordenamiento y con una incertidumbre jurídica. Además, de que la reforma es válida para frenar que crezca la adicción a las apuestas o ludopatía: “La Comisión Especial de Salud Mental y Drogas de la Cámara de Diputados estimó que la ludopatía puede afectar de 1% a 3,4% de la población y que, de manera particular, el panorama en México apunta a que al menos dos millones y medio (de personas), es decir un 2% de la población del país presenta este trastorno”, refiere en su justificación el Gobierno.

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Sobre la firma

Karina Suárez
Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.
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