La Corte ordena al Senado desbloquear el INAI

La Suprema Corte ha vuelto a dar la razón al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), paralizado desde hace más de seis meses. Tras el vencimiento del mandato de tres de sus comisionados en abril, la mayoría morenista en el Senado ha mantenido bloqueada su renovación como parte de la campaña de desgaste lanzada por el Gobierno contra el organismo de transparencia. La Corte ordena ahora al Senado poner en marcha el proceso de nombramiento de los comisionados faltantes antes de que termine el periodo de sesiones el 15 de diciembre. Como medida preventiva, el fallo permite además que el pleno del organismo vuelva a funcionar con los cuatro comisionados con lo que cuenta por ahora. El quórum mínimo previsto en la ley es de cinco comisionados.

El bloqueo de los nuevos nombramientos había mermado de facto al organismo, que funcionaba tan solo a medio gas al no poder activar el pleno. La Corte ya habilitó al INAI en agosto a volver a sesionar y varios fallos de jueces federales han instado también el Senado a poner en marcha los nombramientos. La sentencia de la Corte es un paso más en la misma dirección, aunque sin demasiadas garantías. Su cumplimiento depende en última instancia de la correlación de fuerzas en el Senado. Todo parece indicar que la solución final quedará pospuesta hasta la llegada del siguiente Gobierno. López Obrador ha colocado en la diana al INAI, como a otros organismos autónomos, acusándolos de suponer un gasto excesivo, cuando no de servir a intereses espurios.

El ministro Juan Luis González Alcántara afirmó este lunes por la noche al presentar el proyecto que “La omisión ha generado una vulneración en el diseño constitucional del INAI y ha paralizado, además, el ejercicio de sus facultades por lo que se ha vulnerado su ámbito competencial. Esta afectación tiene repercusiones directas en la defensa de los derechos de acceso a la información pública, en los derechos de transparencia y de protección de datos personales”.

El no poder activar el pleno ha impedido resolver casos que llegan de instancias inferiores, como las que tramitan los institutos de transparencia de los Estados de la República; no pueden atraer asuntos locales que requieran un pronunciamiento superior; están impedidos para resolver denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia; y, más grave aún, no pueden acudir al alto tribunal para presentar causas de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que es la forma que tienen en el INAI para resolver asuntos en los que el Gobierno se ampara en la seguridad nacional para no dar los datos requeridos, algo que ocurrió con el trazado del tren Maya, por ejemplo. Y que ganó el INAI.

La reacción al fallo por parte de las filas morenistas ha sido acatarlo formalmente, pero además deslizan los obstáculos políticos que dificultan su puesta en marcha. “Cumpliremos, sí. Pero de no alcanzarse la mayoría calificada, ese es un asunto político legislativo”, ha dicho el coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez.

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