Nayeli Cinco, la cantante secuestrada por un comando en Chiapas, ya está de vuelta en casa

Nayeli Cinco, la cantante que fue secuestrada en su casa el 22 de junio por un comando armado, ha sido liberada, según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no ha aportado más información sobre su liberación. La Fiscalía de Chiapas explica, en conversación con este periódico, que no ha podido certificar su aparición porque los familiares “no han presentado a la autoridad prueba de vida”. La joven se vio involucrada en una trama que alcanzó relevancia nacional hace dos semanas, cuando un grupo armado secuestró a 16 funcionarios de Chiapas unos días después del secuestro de Cinco, y que fueron liberados dos semanas después sin razón aparente.

Ahora la joven también ha sido liberada, pero no quiere hablar. “Ya está afortunadamente la señora de regreso, pero no quiere opinar, no quiere saber nada y se le debe respetar”, declaró este lunes López Obrador durante su conferencia mañanera. El mandatario fue informado de la noticia durante su visita este domingo a Chiapas para revistar los avances del Tren Maya, el proyecto estrella de su sexenio. El presidente no se refirió ni a la fecha exacta en la que la mujer volvió a casa, ni de quién recibió esa información, que todavía no ha sido confirmada por la Fiscalía. “Los familiares no han querido informar”, aseguran.

El 22 de junio, dos camionetas negras llegan hasta una casa en el fraccionamiento Santa Clara, al norte de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Justo después, Cinco esconde a sus dos hijas detrás de unos tanques de agua en la azotea de su casa y ella empieza a correr por los tejados hasta que los secuestradores la alcanzan y se la llevan. Cinco días más tarde, en la carretera que va hasta Tuxtla, un grupo armado frena un autobús lleno de funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Estado, y raptan a 16 de ellos. En un vídeo que circula por internet, los criminales exigen la destitución de tres altos jefes de la dependencia y la liberación de Nayeli Cinco, que hasta ese momento estaba fuera del radar y no tenía conexión aparente con el caso.

Los días siguientes son confusos. Las fuerzas de seguridad realizan un despliegue de más de 1.000 efectivos que se lanzan a la búsqueda de los funcionarios y de la joven desaparecida. Los familiares de ambos convocan manifestaciones, piden por la liberación de sus hijos y maridos y por el fin de la violencia en el Estado. Chiapas lleva meses sumergido en una batalla heterogénea que enfrenta al mismo tiempo a grupos de autodefensa contra las huestes del narcotráfico y contra las fuerzas de seguridad. Los daños colaterales de esos enfrentamientos tienen consecuencias: hasta marzo de este año se han registrado 1.215 homicidios dolosos, superando con creces los 871 que se registraron el año pasado en el mismo periodo.

Sin previo aviso, el 30 de junio, cuando la situación parecía estancada, los 16 funcionarios quedaron libres sin grandes afectaciones para su salud, además de la mala alimentación y la falta de agua que sufrieron. Ni las autoridades ni los propios funcionarios dieron más información sobre su liberación, que en un principio parecía fuertemente condicionada a la destitución de los altos cargos y la liberación de Nayeli Cinco. Pasaron los días y hoy, de repente, López Obrador anuncia que la joven cantante ha sido liberada, pero que no quiere hablar con la prensa y ni siquiera la Fiscalía ha recibido pruebas de vida de su familia, que no se ha puesto en contacto con ellos.

La información compartida hasta ahora por medios de comunicación y fuentes en el terreno apuntan a que la mujer fue secuestrada por el Cártel de Sinaloa, que se encuentra en guerra abierta con el Cartel Jalisco Nueva Generación por el control del tráfico de personas y sustancias en Chiapas. Los presuntos captores informaron a la policía estatal, según Milenio, que el pleito no es con ellos, sino con el Cartel de Sinaloa, que supuestamente tiene como jefes de la Secretaría de Seguridad Pública a tres altos cargos que trabajan para ese grupo criminal. De momento no se ha hecho efectiva la destitución de estos funcionarios, pese a las exigencias de la sociedad civil, y el caso sigue embarrado en las preguntas que se han quedado sin contestar.

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