Fin del Título 42, pero no de las restricciones

Finalmente, tras dos intentos fallidos y un tortuoso camino en los tribunales, este 11 de mayo finalizó la política sanitaria conocida como Título 42. Medida instaurada en 2020 por el expresidente Donald Trump y utilizada ampliamente por el gobierno de Biden, que bajo el pretexto de la pandemia de COVID-19 dio lugar a la expulsión expedita de más de 2,7 millones de migrantes, muchos de ellos a territorio mexicano.

Como era de esperarse, desde hace algunos días, contingentes con miles de migrantes de diversas nacionalidades han estado llegando de forma desordenada a la frontera norte de México. Personas en movilidad que, engañadas por los traficantes, creen que van a ingresar fácilmente a Estados Unidos. Pero la realidad es distinta.

Durante las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha publicado diversas medidas de securitización y control migratorio. Primero, la puesta en marcha de centros regionales de procesamiento en Colombia y Guatemala para que los migrantes realicen sus trámites y peticiones para el refugio, el asilo o alguna otra vía legal, desde esos países. Segundo, el despliegue esta semana de 24 mil agentes de seguridad lo largo de la frontera con México; además, el gobernador de Texas, Greg Abbot, ha anunciado la presencia de 1200 policías estatales y 10,000 elementos de la Guardia Nacional de ese país tan solo en ese estado. Tercero, la implementación de castigos más severos para quienes intenten entrar de forma indocumentada; se sancionará con hasta 5 años sin poder ingresar a Estados Unidos e incluso la posibilidad de enfrentar un proceso penal para aquellos que lo intenten más de una vez.

Además, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha subrayado que aunque desaparezca el Título 42, utilizarán el Título 8 para retornar de manera expedita a los migrantes. También mencionó el aumento de vuelos para la deportación y la apertura de más centros de detención migratoria en ese país. Pocas y complejas son las vías legales actualmente disponibles: visas humanitarias con requisitos difíciles de cumplir, un sistema de citas en línea (CBP-ONE) que no ha sido funcional y se encuentra saturado y el llamado a que las personas realicen los procesos desde sus países, lo cual se torna imposible para quienes se ven obligados a huir.

La securitización y la militarización fronteriza no funcionan para evitar que más personas migren, los flujos siguen en franco aumento, ya que los riesgos en los países de origen son patentes y se agudizan. Entre más difícil sea cruzar la frontera, mayores serán las ganancias de los traficantes, que en su mayoría pertenecen a carteles del crimen organizado, lo que expone a mayores riesgos a las personas en movilidad.

Preocupa que, bajo el concepto de un programa humanitario, anunciado tras la visita de la asesora Sherwood a Palacio Nacional y después de la llamada entre los mandatarios de México y Estados Unidos, sigan retornando a personas de otros países a México sin ningún plan ni acciones integrales y corresponsables para que suceda de forma ordenada, segura, humana y empática. México debe exigir a Estados Unidos recursos y compromiso para atender la situación. Ampliar las vías legales y fortalecer esquemas y modelos productivos, humanos y seguros, es la única vía de atender y usar en beneficio de todos, el inminente fenómeno de la movilidad humana.