La muerte de un inmigrante mexicano desentierra el historial de abusos de un centro de detención de EE UU

Un inmigrante mexicano falleció bajo custodia de Estados Unidos, así lo ha dado a conocer este jueves el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un comunicado. Salvador Vargas, de 61 años, sufrió un paro y murió en un hospital, mientras se encontraba en el Centro de Detención de Stewart, en el Estado de Georgia. Organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes aseguran que los abusos y los malos tratos son recurrentes en ese centro y exigen su cierre inmediato al Gobierno de Joe Biden.

Vargas falleció desde el pasado martes tras ser trasladado al Hospital Regional de Columbus, a unos 60 kilómetros del centro migratorio, pero no fue hasta este jueves que dieron a conocer el deceso. Personal médico señaló que la causa preliminar de muerte fue un paro, a falta de estudios concluyentes. “El ICE tiene un compromiso firme con la salud y bienestar de todos aquellos bajo su custodia y está llevando a cabo un repaso amplio de este incidente, como lo hace en este tipo de casos”, sostuvo la agencia estadounidense. “Estadísticamente, los decesos bajo custodia del ICE son extremadamente raros y ocurren en una fracción del promedio nacional de la población reclusa en Estados Unidos”, defendió la instancia migratoria.

La abogada Azadeh Shahshahani, directora jurídica de la organización Project South, discrepa de la posición de las autoridades migratorias. “Al menos 11 migrantes han muerto en Stewart, dos por suicidio”, afirma. Shahshahani asegura que existe “un programa de trabajos forzados” en ese centro de detención y que mujeres bajo custodia han denunciado que fueron “víctimas de abusos sexuales”. “Es tiempo de cerrar Stewart antes de que veamos más tragedias”, agrega.

En julio de 2018, Efraín Romero de la Rosa, un inmigrante mexicano que había sido diagnosticado con esquizofrenia, se suicidó mientras estaba detenido en el centro de Stewart. Romero de la Rosa había sido castigado con aislamiento y encierro solitario durante 21 días, según documentó el medio estadounidense The Intercept. A partir de informes internos, la investigación periodística puso de manifiesto que las autoridades violaron varias reglas y protocolos: se falsificaron documentos, se consignaron malos manejos en cuanto a los medicamentos del migrante y lo pusieron en confinamiento aislado, a pesar de que se advirtió del deterioro de su salud mental.

En mayo de 2017, Jean Carlos Jiménez Joseph, un inmigrante de origen panameño de 27 años, también se suicidó mientras estaba en el centro de Stewart. Un informe interno del ICE, replicado por la televisora CBS News, detalló que Jiménez Joseph no recibió la atención médica necesaria después de que avisara a los custodios que sufría de alucinaciones y que había intentado matarse. Pese a todas las señales de alerta, se decidió que cumpliera un castigo en solitario durante 18 días en el que acabó por quitarse la vida.

En una demanda presentada en 2018, cuatro inmigrantes detenidos aseguraron que fueron presionados a realizar trabajos con un salario diario de 1 a 4 dólares, bajo la amenaza de castigos y ante la necesidad de comprar comida para complementar la escueta dieta del centro de detención. Willhen Hill Barrientos, un inmigrante guatemalteco detenido, aseguró en los documentos judiciales que fue obligado a trabajar en la cocina de Stewart en turnos de hasta nueve horas los siete días de la semana. Los lineamientos del ICE prohíben que los reclusos trabajen más de ocho horas cada día o 40 horas cada semana.

En julio del año pasado, cuatro mujeres latinas y un enfermero del centro detención presentaron una queja administrativa por abusos sexuales mientras estaban presas en Stewart. La denuncia, respaldada por varias organizaciones civiles, habla de un “patrón de agresiones sexuales” a manos de los guardias. El centro de detención está administrado por CoreCivic, una empresa privada, y tiene capacidad para poco menos de 2.000 reclusos. Shahshahani ha puesto en la mira el conflicto de intereses de la compañía al buscar aumentar sus ganancias y no garantizar el bienestar de los presos. “Manejamos instalaciones seguras que proveen servicios de alta calidad y programas efectivos de reinserción para mejorar la seguridad pública”, se lee en la página de la compañía. CoreCivic presume de tener más de tres décadas en la operación de cárceles y centros de detención migratoria.

Salvador Vargas había sido declarado culpable por tráfico de drogas en Texas en 2010, según el propio ICE. La agencia estadounidense señaló que informó a las autoridades consulares de México para que su familia supiera de su muerte. “El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas se mantiene comprometido para asegurar que todos aquellos bajo su custodia habiten en ambientes seguros y humanos”, insistió.

El ICE aseguró que todos los detenidos reciben atención médica, mental y dental tras su llegada a los centros y que hay servicios hospitalarios disponibles, incluidos servicios de emergencia las 24 horas. “En ningún momento de su detención se niega a los reclusos sin papeles los cuidados de emergencia”, se lee en la última línea del comunicado. Entre octubre de 2021 y finales de septiembre de 2022, el ICE detuvo a 142.750 inmigrantes y deportó a más de 72.000, según cifras oficiales.

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