La olla de presión fronteriza

La tragedia sucedida en Ciudad Juárez pone de manifiesto la olla de presión en la que se ha convertido la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Por un lado, desde diciembre de 2022, contingentes de migrantes llegaron a este punto de la frontera con la ilusión de ingresar al vecino país del norte, impulsados por el anuncio de la terminación del título 42, (política que, bajo el pretexto de la pandemia, permite la expulsión expedita de migrantes), cosa que no ha sucedido. Por el otro, miles de migrantes provenientes de 8 países, han sido deportados a México bajo la misma disposición. Además, la falsa esperanza de poder obtener una de las visas humanitarias anunciadas por Biden para ciudadanos de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, ha sido otra de las motivaciones que ha retenido a las personas de esos países del lado mexicano, quienes, tras varios meses, se han dado cuenta que no podrán ser beneficiarias de estas visas. Por último, las dificultades derivadas de la aplicación de CBP-One para obtener una cita con las autoridades estadounidenses, para que se analicen eventuales casos de asilo o de refugio, ha resultado también en una importante afectación a la salud mental de los migrantes. Se otorgan únicamente entre 500 y 800 citas al día, en una frontera que alberga por lo menos a 100 mil migrantes buscando este apoyo. Ante esta situación, se habían dado ya diversas manifestaciones en Ciudad Juárez, como la ocurrida hace unos días en el puente de Santa Fe, que conecta con El Paso, Texas.

Por una parte, el homicidio por omisión de 39 personas: la falta de aplicación de protocolos, tanto en el trato humano, como en la evacuación y atención de la emergencia, son responsabilidad del Estado Mexicano, que tenía bajo su custodia el cuidado de estas personas en situación de movilidad. Por la otra, el caldo de cultivo idóneo para que ocurriera una desgracia como esta es responsabilidad de las políticas inhumanas e inaceptables que Estados Unidos ha implementado y que México ha aceptado.

Se equivoca el embajador Ken Salazar cuando dice que la terrible escena que pudimos constatar a través de los videos filtrados del incendio nos debe recordar los riesgos que existen en el camino migrante. Morir quemado en una estación migratoria bajo custodia del Estado Mexicano, no puede ser, bajo ninguna circunstancia, uno de los peligros a los que los migrantes se exponen durante el trayecto.

En el contexto de la tragedia, vale la pena recordar que hace un par de semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son inconstitucionales los periodos de 15 y hasta 60 días de detención para migrantes establecidos en la Ley de Migración, al contravenir la temporalidad máxima establecida por el artículo 21 constitucional que es de 36 horas. Ser migrante no es un delito y no hay ninguna justificación para privar de la libertad a estas personas por más tiempo, ya que con ello se obstaculiza el ejercicio de su derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva.

Hasta ahora, sabemos que se está llevando a cabo la investigación y que existen ocho órdenes de aprehensión en curso. Hace falta saber ¿por qué había una empresa contratada para llevar a cabo la labor de la autoridad mexicana?, ¿en qué condiciones se encontraban los migrantes en la estación?, ¿cómo impactaron en este evento los desalojos y la persecución a la que fueron sometidos los migrantes en los días previos al incendio? Esperemos que el resultado y trabajo de la fiscalía de derechos humanos de la FGR esta vez dé resultados. No debemos olvidar que sus investigaciones respecto de la tragedia que derivó en la muerte de 56 personas migrantes en un remolque de tráiler en Chiapas en 2021 concluyeron sin señalar a ningún responsable.

Mucho se ha discutido y generado polémica política en cuanto a la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería mexicana. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Migración, establecen que la conducción de la política migratoria corresponde a la Segob, principal autoridad migratoria en el país. Sin embargo, es ociosa una discusión al respecto, ya que el contexto de riesgo que hoy se vive en el país para las poblaciones migrantes es responsabilidad de ambas dependencias: los compromisos por los que han quedado varados los migrantes en territorio mexicano se han dado a través de la relación bilateral con Estados Unidos.

Finalmente, para evitar tragedias como la sucedida, se debe fortalecer la capacitación en proximidad, atención a poblaciones vulneradas, uso proporcional de la fuerza y migración a todos aquellos que formen parte de la atención a estas poblaciones. Urge que los acuerdos que nos colocan como el patio trasero de Estados Unidos terminen de una vez por todas. Replantear el compromiso conjunto de ambos países y obligar a poner recursos del Acuerdo Bicentenario en la atención de los migrantes, al tiempo de impulsar la apertura y gestión de vías legales de la migración, tiene que ser parte del plan. Si queremos evitar más desgracias, no hay otro camino.