El caso de Edwina Cisneros: 15 años en prisión preventiva tras ser torturada y señalada como secuestradora

A Edwina Vanessa Cisneros Ditch la golpearon y amenazaron hasta que firmó su declaración de culpabilidad en la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) en 2007, por el presunto delito de secuestro. Le mostraron fotografías de su hija, que entonces tenía cuatro años, y de su familia, y le dijeron que, de no firmar, serían ellos quienes sufrirían las consecuencias. A la SIEDO había llegado unas horas después de ser detenida en Cuemanco, al sur de Ciudad de México, mientras viajaba en un coche con su entonces pareja Gabriel Moreno Hernández, y tras ser llevada a una casa de seguridad, en la alcaldía Tlalpan, en donde además de golpearla, hicieron que conviviera durante unas cinco horas con una persona que mantenían secuestrada en ese lugar y a donde, además, llegaron medios de comunicación como Tv Azteca y Televisa para transmitir la supuesta captura en directo.

No fue ni el primero ni el último caso repleto de ilegalidades en aquella época, entre los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, como la de presentar ante cámaras de televisión a presuntos culpables antes incluso de llevarlos a un Ministerio Público. Dos años antes de la detención de Edwina Cisneros —el 4 de septiembre de 2007—, el suceso que más empañaría el accionar de la justicia y de la entonces policía liderada por Genaro García Luna, sería el caso Cassez-Vallarta, en el que, después de golpearles brutalmente (como también ha sucedido con Cisneros y los otros acusados), los presuntos secuestradores, entre los que estaban la ciudadana francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, fueron obligados a protagonizar una especie de espectáculo televisivo, para demostrar que la todapoderosa Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la élite de la policía en la época, estaba, por fin, paleando el terrible problema de la inseguridad en México.

Edwina Cisneros tenía 24 años cuando fue detenida. Una camioneta se les interpuso en el camino a ella y a su entonces pareja. Del vehículo descendieron varias personas armadas, vestidas de civiles, que los golpearon y notificaron a gritos que estaban acusados de secuestro. Edwina era laboratorista clínica, tenía tres meses saliendo con Gabriel Moreno Hernández. Los delitos por los que les acusaron entonces: dos secuestros, extorsión y delincuencia organizada, fueron descartados para su caso, y ahora, 15 años después, pesa sobre ella solo una probable colaboración con uno de los secuestros, y ninguna resolución que determine si es culpable o inocente. Edwina tiene hoy 39 años, y, desde el penal de Santa Martha, espera recibir un derecho que le ha sido negado, como a otras decenas de miles de personas en cárceles de México: una sentencia.

Para la abogada de Cisneros, Cristina Gamero, el proceso es una batalla legal que no le deja muchas opciones. “Más allá de demostrar que es inocente o culpable, porque eso le toca a un juez, lo que no debe de estar pasando es la violación a un debido proceso”, explica Gamero, que es parte de Firmeza y Justicia A.C. En 2018 esta organización tomó el caso de Cisneros y logró su absolución de los delitos de delincuencia organizada, extorsión y de uno de los secuestros que se le imputaban. Antes de eso, desde su detención en 2007 y hasta 2018, Edwina tuvo abogados de oficio que no lograron obtener ningún beneficio para su defensa.

Pese a que en medios locales se le señaló como parte de una banda de secuestradores, liderada desde cárceles de la capital, la realidad que relata la acusada, al igual que lo inscrito en el expediente legal, es que ella fue interceptada en la carretera con su pareja, y después fue llevada a una casa de seguridad. Ahí los agentes de la AFI la golpearon y después pusieron una sábana blanca a sus espaldas y la grabaron mientras le preguntaban desde cuándo se dedicaba a secuestrar y extorsionar, según ha relatado la acusada a EL PAÍS. “Lo legal es que hubieran sido trasladados al Ministerio Público, y no que los hayan llevado a esa casa y después que fueran expuestos ante los medios de comunicación”, explica su abogada. Cerca de las 22.00 horas de aquel 4 de septiembre de 2007, unas cuatro después de la detención, Televisión Azteca, Televisa y otros medios locales llegaron al lugar a transmitir.

En un video de unos segundos, grabado por la familia de Edwina Cisneros directamente de la televisión, se puede escuchar el siguiente reporte: “La PFP (Policía Federal Preventiva) capturó a cuatro secuestradores de la banda de Los Thunder, que liberaron a una de sus víctimas por quien pedían 700.000 pesos. Los sujetos eran comandados desde dos cárceles capitalinas”. Mientras que en el periódico El Gráfico aseguraban la siguiente información: “Fueron detenidos Gabriel Moreno Hernández, de 38 años, quien fungía como líder. Homero Moreno Hernández, Isidoro Díaz, quien alimentaba y cuidaba a la víctima, así como Edwina Vanessa, supuesta pareja del líder de la banda”.

En una declaración horas después de su llegada a la SIEDO, Gabriel Moreno Hernández aseguró que su pareja, Edwina, no tenía conocimiento de lo que sucedía. Moreno Hernández dice “estar arrepentido de que se está culpando a personas que son inocentes, como su novia Edwina Vanessa”. Esto no sirvió de nada para evitar que Edwina fuera a la cárcel.

Protocolo de Estambul acreditado y la ausencia de una sentencia

En 2018, la defensa de Edwina, con la ayuda de un certificado médico expedido por la propia SIEDO, logró que se reconociera oficialmente que había sido golpeada y torturada con el fin de aceptar su culpabilidad. Le fue acreditado entonces el Protocolo de Estambul, un conjunto de normas internacionales que obliga a los Gobiernos a investigar, documentar y castigar casos de tortura y otras formas de malos tratos. Cisneros ha contado, vía telefónica a este periódico, la forma en la que fue golpeada desde el momento de su detención y hasta pasadas varias horas hasta firmar una declaración de culpabilidad. “Me golpeaban, me ponían bolsas en la cabeza, me pateaban en las costillas. También metían agujas entre las uñas y tú lo único que esperas es que te dejen de golpear”, cuenta.

Desde 2019, la defensa de Cisneros solicitó una separación de procesos para que Edwina sea juzgada de forma individual. Tras la detención en 2007, todos los coacusados en el caso han estado representados por una sola defensa, un abogado de oficio que, sin embargo, “les ha abandonado durante más de 11 años”, relata la abogada Gamero. “Esto representa un conflicto de intereses porque cada quien tiene derecho a ejercer su defensa, y a mostrar motivos de por qué no incurrió en el delito que le señalan. Si un abogado representa a más de dos coacusados, evidentemente no puede ver por los intereses solo de uno”.

Tras cuatro peticiones por parte de Gamero para que a Edwina le sea separado su proceso del resto de acusados, no ha logrado tener una respuesta siquiera. Hasta enero pasado, se reconoció que Edwina tenía solo una probable colusión en un secuestro y que daría lugar a una audiencia en la que un juez decidirá, finalmente, si Edwina puede continuar su proceso individualmente. La audiencia podría significar un camino más fácil hacia una sentencia.

En 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto en el que aseguraba que “todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul” sería liberado. El decreto también incluía, entre otras cosas, la excarcelación de personas presas sin sentencia durante más de 10 años por delitos no graves.

Edwina Cisneros todavía cree que su caso puede ser escuchado. La visita del ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en mayo de 2022 a Santa Martha, le dio un nuevo aire de esperanza a pesar de los 15 años previos en los que ha rosado la desesperación. “Solo ves tu vida pasar. Vives en la total incertidumbre y sientes que no hay manera de luchar. Yo solo quiero que me juzguen conforme a la ley. Como el resto de personas, con el mismo derecho de ser escuchada y volteada a ver”, concluye.

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