El INE presenta en la Suprema Corte una segunda impugnación contra el “plan B” electoral

El INE, la institución autónoma encargada de organizar las elecciones en México, ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia la segunda parte de las reformas electorales que integran el “plan B” impulsado por Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El árbitro electoral ha pedido a los ministros del máximo tribunal que suspendan la aplicación de las reformas, en tanto analizan el fondo de las controversias, a fin de que se interrumpan sus efectos, “de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”. El INE ha advertido de que la implementación del paquete electoral afecta de manera crítica sus funciones, pues significaría el despido de 6.000 funcionarios, casi la tercera parte de sus recursos humanos, amén de que limita sus facultades de sanción a partidos políticos y funcionarios que hagan campaña fuera de tiempo y utilizando recursos públicos. “El Instituto tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”, ha agregado.

Este segundo recurso impugna las modificaciones a cuatro leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Previamente, el INE había promovido el 1 de febrero una primera impugnación contra los cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las primeras impugnaciones fueron turnadas a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Aún no está claro si él mismo acumulará las nuevas controversias o si serán turnadas a otro integrante del Supremo.

Las reformas a estas seis leyes conforman el llamado “plan B”, que fue impulsado por López Obrador y su partido, Morena, con el argumento de reducir los costos públicos del sistema electoral. A ojos de los críticos del Gobierno, en realidad se trata de un plan para “desmantelar” al INE y controlar el aparato que organiza los comicios y emite los resultados de las votaciones, precisamente a un año de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y legislativas más grandes de la historia reciente de México.

“Mediante la controversia constitucional, el Instituto defiende no solo su autonomía, sino el Estado democrático establecido en la Norma Suprema, ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”, ha señalado el INE. “[Por ejemplo] la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma. En este recurso, se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral”.

Con la promulgación del “plan B”, el pasado 1 de marzo, fue cesado el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien había estado en el cargo 14 años. Jacobo, brazo derecho del presidente del INE, Lorenzo Córdova, impugnó ante el Tribunal Electoral su destitución, alegando que su cargo depende enteramente de los consejeros del instituto y que no puede ser despedido mediante un decreto. La magistrada electoral Janine Otálora elaboró un proyecto en el que propone la restitución de Jacobo, acusando que el “plan B”, al menos en lo concerniente al secretario ejecutivo, invade la autonomía constitucional del INE. En respuesta, la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, acusó a la magistrada de favorecer a Jacobo y exigió al Tribunal Electoral que la aparte de la votación del asunto.

La controversia del INE también denuncia “violaciones graves” al debido proceso legislativo por parte del Congreso federal que, “en franco fraude a la ley”, impactaron en la calidad democrática de la reforma. De acuerdo con el árbitro electoral, el Congreso “dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”. Se trata de una alusión a la aplanadora oficialista, conformada por Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, que maniobró en ambas Cámaras del Congreso para aprobar en fast track el paquete electoral pese a los reclamos de la oposición.

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