México, en la diana de las denuncias ambientales ante el Tratado de Libre Comercio

México es el país al que más se ha acusado dentro del Tratado de Libre Comercio entre los países de América del Norte (TMEC), por no hacer nada para evitar daños al medio ambiente. Desde que la Comisión para la Cooperación Ambiental es regida por el acuerdo de libre comercio firmado en 2018 entre Estados Unidos, México y Canadá, se han presentado nueve peticiones ciudadanas para que el organismo investigue casos donde se están incumpliendo las leyes ambientales de los países. Siete de esas denuncias son contra México.

Aunque la comisión como tal no esté facultada para sancionar a alguna de las partes, los expedientes de hechos que conforma el grupo de expertos independientes sobre casos de daño ambiental tan polémicos como la construcción del Tren Maya o la extinción de la vaquita marina, pueden ser utilizados por Estados Unidos y Canadá para solicitar a México medidas correctivas o incluso llamarlo a consultas por no cumplir obligaciones medioambientales, contempladas en el TMEC. La misma ruta que está siguiendo la disputa energética entre los tres socios por la política proteccionista de México.

La comisión y el mecanismo de peticiones no son nuevos, fueron creados dentro del acuerdo paralelo ambiental del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), el predecesor del T-MEC, el 1 de enero de 1994. Sin embargo, con la firma del TMEC el mecanismo pasó por completo a estar regido por este. El sistema de peticiones permite a cualquier persona u organización de América del Norte exponer asuntos en los que considere que alguno de los países está incurriendo en omisiones en la aplicación de sus leyes ambientales. Hasta ahora se han presentado nueve denuncias, de las cuales únicamente dos son en relación con Estados Unidos y Canadá.

Una vez presentada la petición, el secretariado de la comisión tiene 30 días naturales para ver si cumple con los requisitos y de ser así, tiene otros 60 días para determinar si recomienda al consejo de la comisión realizar un expediente de hechos o no. “El expediente de hechos es un documento de investigación elaborado por un grupo independiente de expertos que va a meterse a fondo en un tema. Se publica en tres idiomas. Se hace muy público”, explica el director de asuntos jurídicos y titular de la unidad del sistema de peticiones de la comisión, Paolo Solano.

En ese sentido, de las nueve peticiones presentadas bajo el TMEC, tres ya fueron desechadas por la comisión, dos contra México y una contra Canadá. Por lo tanto, quedan seis activas: todas contra México, excepto una, que es en relación con Estados Unidos.

Entre las peticiones para investigar asuntos en México, las que están más cerca de convertirse en expedientes de hechos son sobre la protección de la tortuga caguama y la extinción de la vaquita marina. Hay también una petición sobre el daño ambiental que provoca la construcción del Tren Maya, que actualmente está siendo analizada por el secretariado de la comisión para decidir si recomienda o no la creación de un expediente de hechos. Hay otra queja sobre un desarrollo residencial en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que pone en riesgo recursos forestales y aves de la zona; y la más reciente, que apenas está en la primera etapa y fue presentada apenas el 3 de febrero, sobre la producción de aguacate en Michoacán y la deforestación que causa en la región.

Solano reconoce que históricamente México ha sido objeto de más peticiones. “Estados Unidos y Canadá cuentan con mecanismos de acceso a la justicia ambiental bastante efectivos, bastante expeditos”, explica. Además, destaca que desde que la comisión es parte toral del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, se le ha dado más importancia al mecanismo de peticiones porque ahora se le vincula más con temas comerciales.

A pesar de la falta de facultades para sancionar, Solano indica que están por verse los alcances que tenga la publicación de un expediente de hechos bajo el TMEC, lo cual hasta ahora no se ha hecho. Sin embargo, recuerda otros casos, presentados en años anteriores, que han servido para lograr cambios en materia ambiental. Como el de una calera, cantera para extraer piedra caliza, en el Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas, que fue clausurada por el gobierno federal después de que los ciudadanos llevaran el expediente de hechos del caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Nosotros no le decimos a nadie que cierren, clausuren, nosotros no tenemos ese mandato. Pero el hecho de que presentemos esta información de manera accesible permite que un peticionario presente esto a otras instancias o a otros foros”, afirma el director jurídico de la comisión.

Ahora con el TMEC se puede dar más seguimiento a la publicación de un expediente de hechos. En primer lugar, de acuerdo con el tratado, después de la publicación de un expediente de hechos, el país tiene que dar un reporte a sus contrapartes de lo que sucedió y de qué está haciendo al respecto. Por otro lado, Estados Unidos cuenta con un comité intersecretarial que vigila que se cumpla el TMEC en los otros dos países. Y por si fuera poco, los temas ambientales, como otros, pueden llevarse a consulta entre los tres países.

En el caso de la vaquita marina, no hizo falta que la comisión publicara el expediente de hechos para llamar la atención de Estados Unidos sobre lo que ocurre en México ante la extinción del mamífero en el Alto Golfo de California. En 2021, cuatro organizaciones estadounidenses presentaron a la comisión una petición sobre la situación y antes de que el mecanismo recomendara hacer la investigación, el gobierno de Estados Unidos anunció que llamaría a México a consultas bajo el TMEC por el descuido de la vaquita marina.

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