La CNDH defiende la reforma electoral de López Obrador y se lanza contra el INE

La Comisión de Derechos Humanos pide a los legisladores eliminar los privilegios del órgano electoral, que se defiende con que la dependencia de Rosario Piedra no tiene facultades para intervenir

La 'ombudsperson' Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La 'ombudsperson' Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.Galo Cañas/CUARTOSCURO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) ha tomado partido abiertamente por el proyecto de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. La comisión, órgano que, según la Constitución, tendría que actuar con autonomía del Ejecutivo, publicó el domingo un exhorto a los legisladores federales para que eliminen los “privilegios” del Instituto Nacional Electoral (INE), modifiquen la manera como se designan los consejeros y faciliten las consultas populares; tres demandas centrales de la iniciativa presidencial, que ya se negocia en comisiones de la Cámara de Diputados entre Morena, el partido oficialista, y la alianza opositora Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD. El INE ha afirmado que la CNDH no tiene competencias para intervenir en asuntos de la materia electoral y acusa una invasión de facultades. La comisión se escuda en el argumento de que defiende el derecho del pueblo a la democracia.

El inusual pronunciamiento de la CNDH contra el INE se enmarca en un periodo de varias semanas en que los titulares de ambos órganos autónomos han cruzado señalamientos y críticas sobre su conducta institucional. El martes de la semana pasada, el presidente del árbitro electoral, Lorenzo Córdova, afirmó que la reforma de López Obrador persigue la “captura” del INE por parte de un partido político, sin precisar un nombre. “La reforma electoral no siempre es un mecanismo para mejorar lo que se tiene, puede también ser un mecanismo para regresiones antidemocráticas”, dijo el funcionario en una conferencia magistral. Córdova declaró que la CNDH era un ejemplo en México de una institución capturada. “Ese órgano, lamentablemente, hoy constituye un ejemplo de un órgano capturado políticamente”, dijo.

La comisión, que encabeza Rosario Piedra Ibarra como ombudsperson (defensora del pueblo), replicó que los “comentarios descalificatorios” de Córdova son un “pretexto” para resistirse a la transformación del INE. La CNDH dijo incluso que el órgano electoral ha actuado de manera parcial y se remitió a la época del partido único, en que las elecciones eran vigiladas por la Secretaría de Gobernación, que fue artífice del episodio de la “caída del sistema” de 1988 que le dio un cuestionado triunfo a Carlos Salinas de Gortari. “El comportamiento a últimas fechas y el historial mismo del INE, salvo reducidas excepciones, es el mismo historial del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la otrora Comisión Federal Electoral (CFE). Órganos autónomos únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales”, acusó la CNDH.

Con el argumento de defender “el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano”, la comisión llamó a los legisladores a explorar un nuevo esquema de designación de los integrantes del INE que garantice su independencia de intereses partidistas. Actualmente, los consejeros son designados por mayorías en el Congreso tras la evaluación de sus perfiles. La iniciativa de López Obrador propone que sean postulados mediante listas elaboradas por el Ejecutivo, el Legislativo y la Suprema Corte de Justicia, para que luego se lancen a la búsqueda del voto popular, una propuesta que el Consejo de Europa ha dicho que, contrario a lo que se argumenta, podría comprometer la imparcialidad de los integrantes del INE. La CNDH también se pronunció por que se reduzcan los “privilegios y gastos onerosos injustificados”, otra coincidencia con posiciones del presidente López Obrador, que ha señalado a los consejeros electorales por sus sueldos.

“Si lo que se pretende es abrir el debate para la democratización de las instituciones, comencemos por poner en discusión cuestiones relevantes, a la altura de lo que espera el pueblo, como los privilegios y gastos excesivos que implica sostener el actual aparato del INE, o la necesidad de facilitar la expresión popular ampliando los mecanismos institucionales de la democracia participativa, o la forma de elegir a las autoridades encargadas de organizar y vigilar las elecciones a efecto de evitar las arbitrariedades partidistas que nos heredó el viejo régimen, así como acotar los periodos de gestión de dichas autoridades, elementos todos estos que nos permitirán construir una auténtica pluralidad y democracia”, añadió la CNDH.

El conflicto entre los órganos autónomos se remonta a finales de agosto, cuando la comisión publicó un comunicado en el que acusó al INE de censurar a la diputada de Morena Andrea Chávez. La legisladora había sido sometida a un procedimiento sancionatorio por posibles actos de violencia política de género a través de Twitter. Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral federal invalidó las sanciones. Córdova criticó que la CNDH hiciera ese pronunciamiento y abonara al “linchamiento” hacia el INE sin tener competencias en materia electoral. La comisión alegó una defensa del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía en redes sociales.

“El INE hace referencia al Artículo 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución, que advierte que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral”, reviró el Instituto horas después del pronunciamiento de la CNDH.

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Zedryk Raziel

Reportero de EL PAÍS México, especialista en la cobertura de asuntos políticos y de corrupción. Licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido colaborador en el diario Reforma y el portal Animal Político. Es coautor de ‘El caso Viuda Negra’ (Grijalbo, 2022).

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