La iniciativa privada y los gobiernos estatales impulsan una estrategia para reducir el embarazo adolescente en México

Cada día 1.000 adolescentes y niñas mexicanas quedan embarazadas. Lo que representa al año más de 360.000 embarazos en menores de edad, la tasa más elevada de la OCDE, solo superada a nivel mundial por Centroamérica y el África Subsahariana. Los embarazos no deseados en México están por encima del 50% y sus consecuencias truncan la vida de mujeres, adolescentes y niñas, lo que lo convierte en un problema social, económico y de salud.

La alianza entre empresas privadas y entes públicos surge para dar respuesta al embarazo adolescente, uno de los grandes retos demográficos de México de cara a cumplir los objetivos de la agenda 2030. Ese ha sido el tema principal del desayuno organizado por EL PAÍS en Ciudad de México en el que participaron Rafael Chaves, líder global de asuntos gubernamentales de Organon; María Cristina Castillo, secretaria de las Mujeres del Gobierno de Yucatán; Gabriela Rivera, oficial de derechos sexuales y reproductivos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y Claudia Restrepo, titular de finanzas sostenibles de la consultora Deloitte; el subdirector de EL PAÍS América, Javier Lafuente y la jefa de redacción de EL PAÍS México, Sonia Corona.

Ante un problema de tales dimensiones, los participantes expusieron soluciones financieramente sostenibles para la distribución de métodos anticonceptivos gratuitos y accesibles que ayuden a planificar la maternidad. Una estrategia que atienda a todas las mujeres, especialmente a aquellas que viven en condiciones más vulnerables, y que resulte atractiva para la inversión privada. La iniciativa, que ha sido pensada y articulada desde varios frentes, busca no depender solo del presupuesto público de los Estados para garantizar su continuidad en el tiempo. Una estrategia de acuerdo a los participantes es “clara, efectiva, propositiva e innovadora” y que ya ha dado resultados en Xochimilco, Ciudad de México. “No solo se trata de un tema de salud, sino que tiene que ver con desarrollo social y desarrollo económico para que cuando hablemos de salud sexual y reproductiva no se nuble la conversación con otros temas de tabúes, creencias o prejuicios”, ha señalado Rafael Chaves de Organon.

La pobreza, la falta de acceso a la salud y a la educación se identifican como algunos de los factores relacionados con este problema que afecta cada año a 7.200 niñas menores de 15 años. “Las adolescentes que se embarazan tienen menos logros educativos y se incorporan al mercado laboral en condiciones más precarias y están más en la informalidad, tienen menos acceso a la seguridad social o a un sistema de pensiones”, ha subrayado Gabriela Rivera, representantes de Naciones Unidas. “A México le cuesta 74.000 millones de pesos atender los embarazos adolescentes, lo que representa el 0,32% del PIB. Por cada dólar invertido en planificación familiar, la inversión de retorno es casi 15 dólares”, ha agregado.

Los participantes en el coloquio coincidieron en la necesidad de ofrecer educación sexual desde la escuela, así como facilitar el acceso a productos anticonceptivos en las comunidades más vulnerables, que suelen ser las más castigadas por la violencia y la desigualdad. Entre esos esfuerzos, se encuentra la iniciativa que combina un esquema público - privado desarrollada por Organon con el Gobierno de Yucatán, acompañado y asesorado por Naciones Unidas y consultoras internacionales.

El plan cuenta con un financiamiento sostenible de la salud que se aleja de esquemas más tradicionales como las donaciones. “Las donaciones tienen los días contados, tienen cierto beneficio fiscal, pero esa es una fuente que se está agotando. La alternativa es invertir en un proyecto que tiene sentido y relación con un propósito: erradicar los embarazos en niñas y adolescentes, pero además el dinero se le va a retornar con un interés”, ha aclarado Claudia Restrepo, titular de finanzas sostenibles de la consultora Deloitte. “Hablar de canales distintos para fondear las actividades del Gobierno de Yucatán con participación del presupuesto del Estado, pero con la garantía de que una vez que se termine el momento político que lanza el programa, por un tema de socios privados y socios multilaterales, se continúen las acciones de intervención, el monitoreando del resultado y se reporten como intervenciones exitosas”, ha agregado Chaves.

Con esa visión, el Gobierno de Yucatán ha decidido embarcarse en el proyecto. El Estado es la tercera entidad del país en embarazos tempranos y la primera en la Península. No solo se trata de prevención y atención, también de desarrollar alternativas educativas y laborales para que las mujeres puedan abandonar el ciclo de pobreza en el que están inmersas. En muchos de los casos, estos embarazos adolescentes suceden dentro de un contexto de violencia sexual y abusos dentro de las propias familias. “La única manera de tener un mayor impacto es hacer ese tipo de asociaciones con la iniciativa privada y la sociedad civil”, ha explicado la secretaria de las mujeres María Cristina Castillo. De acuerdo a sus impulsores, la iniciativa se traducirá en un mayor impacto social, mayor impacto en la salud de las mujeres, desarrollo económico y recuperación económica que no solo beneficie al 50% de la población, sino a toda la sociedad.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país