El Congreso tumba la reforma electoral de López Obrador y Morena recurre por la vía rápida al “plan B” del presidente

El bloque gobernante impone su mayoría en la Cámara de Diputados para pasar cambios a leyes secundarias que quitan atribuciones al INE

Andrea Chávez y Vanessa del Castillo, diputadas de Morena, durante la sesión en la Cámara de Diputados, este martes.
Andrea Chávez y Vanessa del Castillo, diputadas de Morena, durante la sesión en la Cámara de Diputados, este martes.Mario Jasso (Cuartoscuro)

La reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador no pasó, pero su “plan B” sí. Ese es el saldo que ha dejado una sesión extensa en la Cámara de Diputados que empezó la tarde del martes y concluyó en la madrugada de este miércoles. Tras semanas de estancamiento, Morena, el partido del presidente, y sus aliados han impuesto su mayoría para realizar dos sesiones de votación en el recinto legislativo de San Lázaro.

La primera sesión fue para decidir el futuro de la reforma constitucional que había propuesto el presidente, una enmienda condenada al fracaso al no conseguir el consenso necesario de dos tercios de los legisladores para avanzar. La segunda se programó para votar el llamado “plan B” del Ejecutivo: resignarse a no aprobar la reforma y centrarse en dar luz verde a cambios en las leyes secundarias para compactar la estructura del Instituto Nacional Electoral y quitarle atribuciones al momento de sancionar a los partidos políticos.

En ese escenario y pese a los reclamos de la oposición, la bancada morenista dio prioridad a esa batalla y abrió una vía rápida o fast track para que fuera llevada al pleno apenas horas después de ser presentada, confiada de que solo necesita de una mayoría simple para salir adelante. Al final, no hubo sorpresas. La oposición tumbó la reforma constitucional y Morena logró que se avalara el “plan B” del presidente en la madugrada de este miércoles con 267 votos a favor y 221 en contra.

López Obrador había adelantado desde el lunes que tenía listo el proyecto de iniciativa para el “plan B”. Adán Augusto López, secretario de Gobernación y principal operador político del presidente, entregó este mismo martes el paquete legislativo a la Cámara baja. El plan alterno es una respuesta directa al naufragio forzado por el bloque opositor, que se unió para contener la iniciativa constitucional del presidente. “Claro que no es lo mismo una reforma constitucional que una de ley”, ha dicho el mandatario en su conferencia matutina de este miércoles. “Ya se aprobó la reforma de ley, pero está acotada porque no puede contradecir lo que está en la Constitución, entonces son márgenes muy estrechos; sin embargo, con esos márgenes sin violar la Constitución se logró en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral”, ha declarado.

El segundo intento está delineado en un documento de más de 300 páginas, que se votó en una sesión maratónica que se extendió durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles. “Se establecen límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del TEPJF [el Tribunal Electoral] respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales, la autodeterminación de los partidos políticos, entre otros”, se lee en los objetivos de la iniciativa de López Obrador a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los últimos ajustes al proyecto presidencial fueron realizados durante una gira el pasado fin de semana por el Estado de Campeche, al mismo tiempo que el INE imponía medidas cautelares a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante una queja por actos anticipados de campaña. “¿Plan B o plan V, de venganza?”, cuestionó el consejero electoral, Ciro Murayama, en sus redes sociales.

Jorge Romero, diputado y coordinador del PAN, se pronuncia en contra de la reforma.
Jorge Romero, diputado y coordinador del PAN, se pronuncia en contra de la reforma.Mario Jasso (Cuartoscuro)

Otra de las propuestas es tener definiciones más específicas sobre delitos electorales, en específico sobre la entrega de dádivas o dinero para condicionar el voto de los ciudadanos. Se propone unificar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, de donde se obtenían las tendencias de los resultados de las votaciones, con el cómputo de la elección que se presentará en tiempo real. Se modifica también el calendario de los comicios para compactar procesos y se busca reducir gastos con medidas como la retabulación de salarios para que los consejeros no ganen más que el presidente. Morena insiste en que el INE es oneroso y pretende reducir su “aparato burocrático”, obligar al árbitro electoral a eliminar dos fideicomisos para retener recursos públicos y eliminar la rama administrativa de su servicio profesional de carrera. Sobre este último punto, Murayama respondió que tal rama administrativa no existe. Morena asegura que los recortes representarían un ahorro de 3.600 millones de pesos.

Otro punto polémico es la prohibición de “calumniar” a los Gobiernos y posibles interpretaciones problemáticas. “La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de estos”, se lee en la propuesta del presidente. La oposición ya ha amagado con promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte sobre diversas disposiciones de la iniciativa, en caso de aprobarse definitivamente.

Los consensos que apenas empezaban a construirse entre las fuerzas políticas volaron por los aires. La oposición se dijo abierta a que hubiera una reforma, pero no hubo acuerdos sobre cómo debía hacerse. Los diputados de Morena volvieron a tildar a sus rivales políticos de “traidores de la Patria” y los condenaban al “juicio de la historia”. Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) también dijeron que era un “día histórico”, pero porque por primera vez una formación buscaba ganar por medio de la “trampa”.

El nivel del debate legislativo tuvo por momentos tintes de bochorno en San Lázaro. “México no será Venezuela, México no será Cuba”, gritaba la legisladora panista Paulina Rubio Fernández en su intervención. Lorena Piñón, diputada priista, comparó la estrategia de Morena con el planteamiento táctico de Gerardo Tata Martino en el Mundial. El morenista Marcos Medina llamó “corruptos” a sus adversarios, burocracia “parasitaria” al INE y acusó al expresidente Carlos Salinas, que tramitó la nacionalidad española, de preferir ser “súbdito de una monarquía decadente”. “Hipócritas”, agregó Sergio Gutiérrez Luna, su compañero de partido. “Traidores, le han mentido al pueblo”, sumó Karla María Rabelo, también de Morena. “Demagogos”, “tiranos” y “aplaudidores”, reviró Elizabeth Pérez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

También desfilaron pancartas, camisetas con consignas y gritos de batalla en una doble cartelera donde los ánimos han estado caldeados. Esa falta de consensos retrasó la celebración de la segunda sesión, de acuerdo con fuentes parlamentarias. Al terminar la votación de la primera sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, confirmó que habría dos sesiones, programadas con 30 minutos de diferencia, aunque se reanudaron con dos horas de diferencia. También se publicó así en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. El “plan B” estaba compuesto siete leyes secundarias.

El saldo de la primera votación sobre la reforma constitucional fue de 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, sin respaldo suficiente para que se aprobara. El PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano se opusieron. Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo cerraron filas en torno al presidente y dieron luz verde al “plan B” en la segunda sesión. “No pasarán” y “no se toca” fueron algunas de las consignas que cantaba la oposición.

El resultado es una victoria por cada bando en dos sesiones parlamentarias. Es, sobre todo, un triunfo pírrico para López Obrador, que elevó la reforma electoral a la parte más alta de su lista de prioridades en el terreno legislativo y tuvo que conformarse con cambios en las leyes secundarias aprobados al filo del periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 15 de diciembre. La enmienda todavía tiene que ser refrendada en el Senado. El telón de fondo siguen siendo tres citas clave en las urnas: las elecciones estatales en Coahuila y el Estado de México en junio de 2023, y la carrera presidencial de julio de 2024. En abril próximo, se renovarán cuatro de los once consejeros del INE, el proceso comienza en una semana. “Esto apenas comienza”, ha asegurado el presidente.

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Elías Camhaji

Es reportero en México de EL PAÍS. Se especializa en reportajes en profundidad sobre temas sociales, política internacional y periodismo de investigación. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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