Para no hablar de Alito

Hace unos días titulé una columna ¿de qué otra cosa podemos hablar? para referirme a la imperiosa necesidad de seguir abordando la crisis de inseguridad pública y no olvidar a las víctimas de la violencia. Pero 48 horas más tarde, tras el escándalo del líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, el desafío es otro: ¿qué podemos hacer para no tener que estar hablando de Alito? No solo se trata de que el personaje resulta impresentable; eso lo sabíamos hace rato. El problema son los perjuicios cada vez mayores que provoca la “impresentabilidad” de este señor.

Los hechos están a la vista y han sido plenamente difundidos, en algo que pasaría por comedia si las consecuencias no fueran tan graves. Primer Acto. En sucesivos martes mediáticos, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, da a conocer audios que dan cuenta de la insultante procacidad e inmoralidad del líder del PRI y exgobernador de ese Estado; en paralelo surge información sobre su riqueza inexplicable, que en realidad es perfectamente explicable a juzgar por las prácticas abusivas que esas conversaciones telefónicas revelan. La fiscalía de Campeche abre una averiguación e inicia el proceso para solicitar el desafuero de Alito, quien, por supuesto, está blindado por su investidura como diputado federal.

Segundo acto, la Alianza formada por el PRI, el PAN y el PRD reiteran su rechazo a lo que denuncian como “militarización” del país, tanto en lo que corresponde a la petición de trasladar la Guardia Nacional a la Sedena, como a institucionalizar la presencia de los soldados en las tareas de seguridad pública, como pide el Gobierno. Durante semanas juran que no cederán a las presiones. Sorpresivamente, una diputada priista cercana a Alito, y a contrapelo de sus colegas, presenta un proyecto que autoriza a los soldados a quedarse en las calles hasta 2025. Más sorpresivamente aún, otros priistas súbitamente se convencen de las bondades de lo que rechazaban unas horas antes.

Tercer acto. El Presidente López Obrador agradece el patriótico cambio de parecer del PRI. Layda Sansores decide interrumpir las sesiones de divulgación de los pecados de Alito, y de manera simultánea los diputados de Morena expresan su desinterés en proseguir el proceso iniciado para desaforar al dirigente priista. Los líderes de los partidos del PAN y del PRD se dicen traicionados por el PRI y aseguran que tal burla pone en riesgo la futura alianza del bloque opositor en los comicios por venir.

¿Cómo se llamó la obra? Pobre país; Historia de una infamia; Lodo. Usted sugiera, se me ocurren peores, aunque impublicables. Pero al margen del título, la moraleja es terrible.

Primero, la sensación de que con esta clase política los destinos de la vida pública no se deciden en función de lo que pueda ser mejor para el país y los ciudadanos, sino por las necesidades de supervivencia in extremis de verdaderos rufianes. Sin duda, el protagonismo de los militares genera argumentos a favor y en contra que deben ser aquilatados. En lo personal, en este espacio he argumentado a favor de asumir una actitud realista y discutir alguna forma que lleve institucionalizar el uso de los militares, sujetándolos a responsabilidades civiles, pero entiendo que es un tema debatible. El problema es que la decisión tomada por los diputados no esté relacionada con los méritos o deméritos de algo tan trascendente para la vida nacional, sino por la necesidad de un político de mantenerse fuera de la cárcel.

Algunos festejarán la astucia del presidente, aparente dramaturgo de la puesta en escena, pues consigue por partida doble un avance en la buscada institucionalización de los soldados en las tareas de seguridad y, de paso, torpedea, quizá de muerte, la posibilidad de una alianza electoral de la oposición, al menos para los comicios en puerta en el Edomex y en Coahuila.

Los obradoristas incondicionales asumirán que tales acciones son justificables bajo la lógica de que el fin justifica los medios y que, al margen de las ventajas o desventajas, la decisión de cualquier manera habría sido política; es decir, en función de los intereses de los partidos. Quizá, pero no podemos ignorar que en última instancia lo que aquí se operó fue una extorsión, y peor aún, que la moneda de cambio es la impunidad de un personaje que seguirá haciendo daño desde el poder. Habrá que ver en qué termina este momentáneo “perdón” político a los, hasta hace dos días, imperdonables pecados de Alito.

Lo cual lleva a una conclusión adicional. El escaso margen de acción que tienen los liderazgos de la oposición por la enorme vulnerabilidad que les inflige una trayectoria de prácticas cuestionables. Sean los moches del PAN, las riquezas acumuladas de unos y otros, la basura susceptible de ser exhibida en cuanto se levanta una esquina del tapete. Rehenes políticos maniatados por su pasado inmediato. Ya lo vimos en el caso de los gobernadores, la mayoría de los cuales prefirió no intervenir en los comicios que derrotaron a sus respectivos partidos, para no poner en riesgo de que fueran judicializadas cuentas bancarias y patrimonios.

En suma, un escándalo del que nadie sale inocente. Unos por sus pecados, otros por su disposición a extorsionar a los pecadores. Una trama que desnuda la escasa calidad moral del estado de la cosa pública. Del intercambio de insultos, descalificaciones y epítetos, hemos derivado al chantaje de expedientes, que ni siquiera terminan en actos de justicia

¿Qué tendríamos qué hacer para que la verdadera discusión de nuestras legítimas diferencias en materia de visiones de país puedan expresarse en términos de razones, datos reales y convicciones? La oposición de plano tendría que recrear a sus cuadros sobre nuevas bases; el obradorismo regresar a las banderas éticas que quería enarbolar al tomar el poder y está extraviando con pretexto de la lucha diaria.

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