La Suprema Corte mexicana impide a Nayarit que las corridas de toros sean consideradas patrimonio cultural

Nuevo varapalo para los defensores taurinos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el miércoles el decreto de Nayarit que declaraba las corridas de toros y las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial. Después de semanas de sesiones y debates, la sala segunda del alto tribunal ha votado por declarar inconstitucional el decreto, entre otros argumentos, porque los animales son “merecedores de un trato decente”. El veredicto de la Suprema Corte llega en un momento muy tenso entre los juzgados y los taurinos tras la clausura de la Plaza México, en la capital, por orden de un juez federal.

La decisión de la SCJN no ha sido una sorpresa. Las discusiones en las últimas semanas iban encaminadas hacia dar la razón a la asociación civil Contigo Tepic, que promovió un amparo contra el decreto que fue aprobado en Nayarit en 2019. La resolución ha sido propuesta por el ministro Alberto Pérez Dayán y aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. En primer lugar, la SCJN considera que Nayarit no tiene “la facultad para emitir este tipo de declaratorias sobre patrimonio cultural”, puesto que dependen del Gobierno Federal.

Pero la sala no ha dejado espacio a la ambigüedad: “Las peleas de gallos y la fiesta taurina, al traducirse en actividades que generan sufrimiento, agonía e incluso la muerte de especies sintientes, de manera innecesaria o injustificada, resultan incompatibles o irreconciliables con el derecho humano a un medio ambiente sano y, por ende, no son susceptibles de tutela bajo los llamados derechos culturales”. Así, los magistrados consideran que es incompatible proteger del maltrato a estos animales y al mismo tiempo dar las ayudas financieras y educativas, que recibe una actividad cuando es bien cultural inmaterial, para fomentar los espectáculos.

Además, la sentencia nombra el popular derecho a un medio ambiente sano, protegido en el artículo 4 de la Constitución mexicana. Su interpretación, que ya había sido deslizada en otras sesiones, sirvió como precedente en la resolución del juez federal Jonathan Bass en el caso de la asociación Justicia Justa contra la plaza de toros de Ciudad de México, La Monumental. “Hay una tendencia jurisprudencial de la SCJN avalar que la protección al derecho a un medio ambiente sano implica la erradicación de tratamientos crueles contra animales”, explicaba el abogado Luis Pérez de Acha a EL PAÍS.

La vinculación de este derecho humano con la tauromaquía no está exento de polémica. Mientras el juez Bass apuntaba, por un lado: “La sociedad se encuentra interesada en que se respete la integridad de todos los animales porque son seres vivos que conforman los ecosistemas y que, por consiguiente, contribuyen con servicios ambientales que resultan esenciales para el ser humano”; los taurinos mantienen que “el toro bravo vive y es criado para las corridas de toros se extinguiría si no tiene otro uso y ahí si sufriría daño el ecosistema”.

La Suprema Corte ha sido muy tajante con respecto a las implicaciones de su resolución. “Toda interpretación de esta sentencia, en el sentido de que las peleas de gallos o la fiesta taurina resultan contrarias o prohibidas por la Constitución, resultaría claramente errada. Esta Sala única y expresamente considera que dichas actividades no son susceptibles de reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial”, recoge el proyecto aprobado.

Sin embargo, sí puede abrir las puertas a que se invalide esta protección cultural en otros Estados. En México, además de Nayarit, en otros ocho —Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Michoacán, Nuevo León y Guanajuato—, la fiesta taurina goza de la misma declaración como patrimonio inmaterial. En el caso de Nuevo León, el Congreso aprobó esta declaración hace apenas unas semanas.

Más allá de los circuitos judiciales, el debate sobre la prohibición de las corridas de toros en México tiene también una versión política. Por ejemplo, la comisión de Bienestar Animal del Congreso de Ciudad de México aprobó en diciembre una reforma para suspenderlas. Pero el bloqueo de los grupos políticos, especialmente de Morena, ha hecho que se encuentre paralizada. Mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aboga por resolver el conflicto en una consulta ciudadana, una especie de referéndum para decidir sobre su continuidad. Sin embargo, la política todavía no ha dado detalles de cómo se llevaría a cabo.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país