Las horas bajas de Cuauhtémoc Blanco

La vida se le complica a Cuauhtémoc Blanco, que tira de quiebre y regate, intentando comunicar equilibrio y calma, recursos que desplegaba a las mil maravillas en la frontal del área, pero que extrañan en la arena política regional. Ídolo del fútbol noventero, Blanco pasa por sus horas más bajas como gobernador de Morelos. Anticorrupción ha pedido permiso al Congreso local para procesarlo por varios delitos. La Fiscalía estatal le investiga por presuntos nexos con narcotraficantes e integrantes de su propio equipo parecen darle la espalda.

Pocos amigos le quedan a Blanco, menos en Morelos. Enemistado con el fiscal general, enfrentado a viejos colaboradores, enrarecido el ambiente con los que mantiene, caso del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, o de su propio jefe de gabinete, José Manuel Sanz, el gobernador busca oxígeno más allá de las fronteras estatales. De momento lo ha encontrado en el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que este jueves se lo llevó de visita a Veracruz, a un acto castrense.

No hay fecha definida para que el Congreso decida sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción. En todo caso, la oposición, liderada por el PRI y el PAN, no goza de mayoría en la Cámara. Son tres asuntos en total los que aluden a Blanco, uno de enriquecimiento ilícito y dos de falsificación documental. De estos últimos, uno atañe a los documentos que Blanco presentó para acreditar su vecindad en Cuernavaca, la capital, antes de registrarse como candidato a alcalde, en 2012. Originario de Ciudad de México, Blanco vivía entonces en Puebla. El otro apunta a su ausencia de Morelos, a finales del año pasado, ya como gobernador, cuando se fue de vacaciones a Brasil.

En el centro de las pesquisas -y de las conversaciones en Cuernavaca- figura la acusación por enriquecimiento ilícito. Ocurrió supuestamente durante los años de Blanco como alcalde de la capital, de 2015 a 2018. Según la denuncia original, presentada por Enrique Paredes, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, Blanco y su entorno movieron poco menos de 600 millones de pesos en esos años, unos 30 millones de dólares, cuyo origen resulta desconocido.

En entrevista con EL PAÍS, Paredes señala que después de que presentara la denuncia, en septiembre, Anticorrupción “recibió un reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que dice que Blanco tiene tres cuentas bancarias en México y una en el extranjero. Se hizo una comparativa para ver cuáles de esas cuentas aparecían en su declaración patrimonial. Y descubrieron que ha estado recibiendo depósitos en efectivo mensuales de unos 500.000 pesos”.

Gerardo Becerra, asesor de Blanco en materia de corrupción hasta su dimisión en septiembre, añade que en estos años, el entorno de Blanco ha robado 1.000 millones de pesos del presupuesto estatal, alrededor de 50 millones de dólares. “El presupuesto anual del estado ronda los 30.000 millones de pesos”, explica, unos 1.500 millones de dólares. “Bueno, pues el 20% de lo que el Gobierno del Estado ha gastado en compras, que es la mayoría del total, han sido para moches”, dice.

Tanto Becerra como Paredes señalan a tres personajes clave en la presunta trama. Se trata de Ulises Bravo, medio hermano del gobernador, su primo, Edgar Riou, y el amigo y colaborador del exfutbolista, Jaime Tamayo. Becerra, que entró al Gobierno estatal después de años de denunciar la corrupción de la administración anterior, encabezada por Graco Ramírez, del PRD, indica que cuando los tres desembarcaron en las inmediaciones de la oficina del Gobernador, las promesas anticorrupción empezaron a desinflarse.

Preguntado por la petición de Anticorrupción, el equipo del gobernador remite a las palabras con las que ha tratado de zanjar el asunto esta semana: “Siempre me he conducido con transparencia. Voy de frente contra la corrupción”. Palabras parecidas a las que empleó en enero, cuando trascendió una imagen en que el gobernador aparecía abrazado con narcotraficantes locales. “Todo el mundo me pide fotos”, añadió Blanco entonces.

Los millones y lo que viene

Becerra recuerda los primeros meses del entonces nuevo Gobierno de Cuauhtémoc Blanco. “Yo tenía años de estar denunciando corrupción, había participado incluso en la campaña para que renunciara Carrillo Olea”, dice, en referencia al último gobernador priista de la entidad, que dirigió el Ejecutivo local a finales del siglo pasado. Cuando Blanco tomó posesión, a Becerra lo nombraron Director general de análisis estratégico y asesor anticorrupción del gobernador. Eran los últimos días de 2018.

En la práctica, Becerra se convertía en el comisionado local anticorrupción. Contrató a cuatro abogados. Su objetivo era canalizar a la Fiscalía las denuncias por malos manejos de la administración de Graco Ramírez. “Pero en enero o febrero de 2019 llegó por allí Ulises Bravo y la armonía del gabinete se rompió. Empezó a tomar el control, a exigir que cualquier informe se le entregara a él… Enseguida dejaron de pagar a mis abogados, todo mal”, recuerda.

Ese año fue de tensión, un tira y afloja. Becerra pensaba que su ascendencia sobre la clase política local y parte del equipo de Blanco haría rectificar al gobernador. Luego se cruzó la pandemia. “Yo me quedaba porque había gente dentro que me lo pedía, pero luego me impidieron incluso que implementara el Sistema Estatal Anticorrupción”. Llegó un momento en que pensó: “¿Qué hago yo aquí?”. Así que salió. Fue entonces cuando empezó la colaboración con el abogado Paredes.

A falta de conocer el detalle de las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción, Paredes, que fue secretario del ayuntamiento de Cuernavaca antes de la llegada de Blanco en 2015, detalla cómo ha funcionado la supuesta red de triangulación en el entorno del gobernador. “De las cuentas de Tamayo se hacían transferencias a los amigos y familiares de Blanco. Igual que de las de Riou. No sabemos de dónde viene el recurso, si del presupuesto estatal o qué. No está claro tampoco el motivo de los depósitos”, añade.

Además del gobernador, su esposa y dos exesposas habrían recibido igualmente depósitos por parte de Tamayo y Riou. También el hijo del exfutbolista, así como Ulises Bravo, que formó parte del equipo del controvertido Mauricio Toledo en Ciudad de México. Antiguo cuadro de un PRD ya con metástasis, Toledo es actualmente prófugo de la justicia mexicana por un delito de enriquecimiento ilícito.

Becerra indica que las denuncias de Anticorrupción son solo el principio. Ya ha presentado otras tantas por desvío de recursos en diferentes dependencias estatales, con Blanco al mando. “Triangularon dinero en compras de desayunos escolares, tienen colocados a familiares sin trabajar, inflaron la compra de turbosina para helicópteros de la policía, igual que medicamentos y servicios médicos”, enumera.

El horizonte aparece negro para Blanco. La decisión del Congreso en las próximas semanas abre la temporada de tormentas. Detrás figuran la investigación por su cercanía a criminales, las cuestiones de fraude documental, las que menciona Becerra… El gobernador contemporiza mientras tanto, apoyado en la defensa de López Obrador. El partido se acaba y Blanco no encuentra portería.

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