Carlos Torres Piña: “Garantizar la paz en Michoacán nos llevará tiempo”

Si hay algún lugar en México donde parece que hay un gobierno paralelo, ajeno al Estado de Derecho, ese es Michoacán. El Estado con una tradición próspera en la agricultura —es el principal productor y exportador de limón y de aguacate— ha sido también desde hace décadas una tierra fértil, tanto de siembra como de tráfico, para los cárteles de la droga. Y desde hace más de un año, el epicentro de una guerra feroz entre diferentes bandas —las locales contra el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación—por el control del territorio.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, cuyo encargo fundamental es recuperar la gobernabilidad en este rincón del país donde impera el terror del narco habla en una entrevista telefónica con EL PAÍS de la situación de extrema violencia que vive la entidad y de cuál es la estrategia del Gobierno para Michoacán. Un Estado que amanece cada día con una matanza más dura que la anterior: fusilamientos, minas antipersonas, tanques del narco dispuestos para el combate, miles de desplazados. Un lugar que, cuando creía haberlo soportado todo, un grupo armado irrumpe el domingo pasado en un rancho en Zinapécuaro y acribilla a 20 personas.

Pregunta. Michoacán se ha convertido en el foco rojo de la violencia en todo el país, las escenas macabras se multiplican cada semana. Y una de las constantes es la aparente ausencia de Estado, ¿cuál es la orden o las capacidades del Gobierno para poner un alto a tanta violencia?

Respuesta. Desde que asumimos esta responsabilidad, el primero de octubre, una de las primeras tareas fue coordinarnos con la Federación. No había una coordinación entre autoridades, esto permitió el avance y el crecimiento de células criminales aquí en la entidad. Al grado de que había zonas donde no se podía caminar ni pasar, como era Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, Buenavista… Pero se ha logrado rescatar estas zonas desde mediados de diciembre, regiones que antes estaban totalmente abandonadas. Aunque reconocemos las acciones [del narco] que se están generando ahorita en ciertas regiones.

P. Pese al apoyo del Ejército y de la Guardia Nacional parece que el narco tiene todavía el control. Y lo demuestra cada fin de semana. ¿Qué están haciendo para impedir una masacre como la de Zinapécuaro?

R. Hay una coordinación con ellos, no se tenía anteriormente, ahora sí la tenemos. En algunas zonas las células delincuenciales empiezan a conformar base social. A veces por amenazas, a veces por pago, a veces por otro tipo de cosas y esto hace más complejo porque ante ciertas acciones de seguridad mandan por delante a la gente como protesta social. Entonces ahí se tiene que hacer una relación diferente, de atención primero y posteriormente las otras acciones de seguridad.

P. ¿Quiere decir que no puede llegar el Ejército a imponerse porque la ciudadanía está con los criminales?

R. Pues porque se corta esa línea delgada donde interviene base social y es ahí donde empieza la presión de los derechos humanos por la violencia que se pueda generar. Hay lugares donde todavía existe mezcla entre las células delincuenciales y las obligaciones a los ciudadanos de crear esa base social. Y por eso debemos cuidar el acceso para no generar más violencia.

P. Y mientras eso se logra, ¿cómo contienen la violencia?

R. Estamos trabajando, no va a estar fácil, no va a ser de la noche a la mañana. De repente hay días tranquilos, sin mayor movilidad. Y de repente pasa lo de Zinapécuaro. O en el caso de San Juan Nuevo, donde la Procuraduría y la Guardia Nacional reaccionaron de inmediato y eso permitió que no hubiera un caos como se tenía previsto y se detuvo a los integrantes de la célula criminal que se introdujo a la comunidad. Lograron cercarlos y desarmarlos. Las 32 personas que se señalaban ya están tras las rejas.

P. En muchos otros casos no han informado de ninguna detención. ¿Cómo se enfrenta a que lo de San Juan Nuevo sea una excepción?

R. Nosotros venimos a romper una inercia y a cortar de tajo la omisión o acción o relación que se tenía de autoridades anteriores con células delincuenciales. Y ante esta situación es normal la lucha de poder entre cárteles. Nosotros vamos a garantizar la paz en nuestra entidad, nos va a llevar tiempo, no está fácil, ante el abandono constante.

P. ¿A qué se refiere con que el Estado estuvo abandonado?

R. A que no había actuación, aquí hacían todo lo que querían, no había quién vigilara o actuara. Había omisiones y en algunos casos hasta colaboraciones de las autoridades con las bandas delincuenciales.

P. ¿Cree que eso ha cambiado? Ahora parece que hacen lo que quieren sin que una autoridad lo impida. Les da tiempo incluso a limpiar la escena de un crimen, como sucedió con el fusilamiento de más de una decena de personas en San José de Gracia.

R. Sí, es una situación que refleja el actuar tardío. En ese caso la policía municipal nunca notificó de los hechos hasta tres horas después que se difundió un video en redes sociales.

P. ¿Cree que es justo responsabilizar a la policía municipal del combate al narco? Ellos mismos han reconocido estar rebasados en fuerza y número.

R. Es verdad que no tienen la capacidad, pero sí pueden informar para que se pueda actuar. Pero no es un tema de echar culpas. La ciudadanía está preocupada por lo que se vive y sabemos que en parte aceptan las observaciones [del Ejército y de la Guardia Nacional] porque no hay otra acción, no hay un tema que les dé certeza a los ciudadanos y les dé mayor tranquilidad.

P. El narco ha exhibido tanques por las calles, los llamados monstruos, es común observar a hombres armados con rifles propios del Ejército. ¿Dónde encuentra un hueco ahí el Estado de Derecho?

R. Sí hay un tema complejo con presencia en ciertas zonas y particularidades. No es todo Michoacán, no es en cada rincón de la entidad. Son zonas muy particulares, y por supuesto, ante noticias como la última de Zinapécuaro se generaliza. Pero no es en los 113 municipios. El tema de Zinapécuaro tiene su particularidad: entran, actúan y se van. ¿Por qué? Porque fue un ajuste de cuentas entre ellos.

P. ¿Qué es lo que se disputan los narcos en Michoacán?

R. Hay zonas donde se sembraba mucha marihuana, en los setentas y ochentas. Conforme pasó el tiempo, eso fue evolucionando a otro tipo de drogas sintéticas, narcolaboratorios. Y otra cosa, el litoral que tenemos es grande, hay otro tipo de incursiones [del narco] en la costa que hace que sea un punto de tránsito obligatorio hacia el Bajío [centro del país].

P. La violencia incluso les ha llegado a tocar a la industria aguacatera. Tras una amenaza telefónica a un funcionario de Estados Unidos, se suspendieron las exportaciones. ¿Cómo se encuentran las relaciones comerciales en este momento?

R. Se tuvo una situación difícil el mes pasado. De un teléfono de una cárcel del Estado de México, como ha sucedido en otras ocasiones, extorsionaron a un empleado que debía certificar las huertas y le impusieron la obligatoriedad de que se certificara otro aguacate que no tenía las medidas necesarias. Y esto rompe todo. Afortunadamente se resolvió y se reanudó la venta y exportación de aguacate.

P. Sobre la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de no enfrentar la violencia “con más violencia” y confiar en los resultados de los programas sociales, ¿cómo le piden paciencia y fe a los ciudadanos de Michoacán?

R. Por supuesto que el concepto de “abrazos, no balazos” [el eslogan del presidente] tiene que ver con una concepción de que para atender la problemática que se tiene, insisto, por la desatención de muchos años, es a través de la inversión en programas sociales que le permita a la gente un modo de vida distinto para que no caiga en las redes de la delincuencia organizada, ya sea como consumidor, como distribuidor o como actor en las células criminales. Esto lleva tiempo. Pero en la vía de los hechos hay intervención en acciones concretas para prevenir y también para enfrentar estos temas de seguridad.

P. ¿Y usted cree que la ciudadanía observa estos resultados?, ¿que siente que están ahí cuando se les necesita?

R. Hay dudas de un sector, hay confianza de otro. Pero en la vía de los hechos se actúa. Prevalece más la atención y el acompañamiento para evitar que los jóvenes sean presa del crimen organizado. Pero se actúa.

P. Las minas antipersonas que han colocado en decenas de terrenos, ¿se acercan a prácticas terroristas?

R. Se generaron en la región de Tepalcatepec por un conflicto entre un grupo y otro. Desafortunadamente, estas dos que explotaron —una, para un vehículo militar y otro de un particular, donde falleció un hombre— sí se asemejan a una cuestión terrorista. Pero la verdad es que son estrategias entre ellos. La ciudadanía desconocía la existencia de este tipo de minas, por eso este par de incidentes.

P. ¿Qué diferencia hay entre una guerra y lo que vive ahora el Estado?

R. Nosotros no hemos estado en una guerra como tal, creo que Ucrania sí lo está viviendo y es una lamentable situación. Pero aquí es una disputa entre cárteles que, desafortunadamente en sus enfrentamientos, a veces, hay decesos de ciudadanos que no están involucrados, pero que por estar en un mal momento y en un mal lugar, les toca esta situación. Es ahí donde empieza la presión y la exigencia de la ciudadanía a las autoridades.

P. Usted distingue entre civiles y hombres armados, víctimas colaterales... Teniendo en cuenta que no es una guerra y que son todos civiles, ¿no deberían ser importantes todos los muertos?

R. Insisto, el término guerra a lo mejor no es, pero finalmente se puede vincular a algo similar. Es una disputa entre grupos. Pero ante el daño colateral que ocasionan, por supuesto generan algo parecido.

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