Un juez de EE UU aplaza hasta 2022 el juicio de García Luna por “la complejidad del caso”

A petición de la Fiscalía, el juicio contra Genaro García Luna se pospondrá al menos un año. El juez Brian Cogan de la Corte Federal de Nueva York aceptó la solicitud del Departamento de Justicia por “la dificultad del caso” y pospuso la apertura del juicio al 24 de octubre de 2022. Detenido en diciembre del año pasado y acusado de corrupción y crimen organizado, el exsecretario de Seguridad y señor de la guerra contra las drogas durante el Gobierno de Felipe Calderón pasará otros 12 meses en prisión mientras los fiscales siguen engordando un expediente que ya supera el millón de páginas y decenas de horas de grabaciones.

La audiencia de este martes, breve y desarrollada por vía telemática, ya había sido pospuesta en varias ocasiones por un brote de covid en la cárcel de Brooklyn donde García Luna espera el juicio. De hecho, en previsión de nuevas dificultades, la fecha fijada no es todavía definitiva y el juicio podría demorarse incluso hasta enero de 2023.

García Luna está acusado de ser el brazo del Gobierno que facilitó al cartel de Sinaloa operar con impunidad en México, incluyendo los cargos contra el alto funcionario de distribución y posesión de cocaína, además de declaraciones falsas ante agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración. Todo ello a cambio de sobornos millonarios. Antes incluso de su detención, durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, celebrado en 2018 ante la misma corte, Jesús El Rey Zambada, socio de Guzmán, acusó al exsecretario de Seguridad de haber recibido dos entregas de dinero por al menos siete millones de dólares.

Una versión que fue confirmada por la investigación policial estadounidense centrada en García Luna, al detallar que el pago de sobornos fue corroborado por “muchos testigos”, además de constatar que la relación criminal entre el político y el cartel se prologó en el tiempo: fueron “decenas de millones de dólares en sobornos durante varios años”. Como secretario de Seguridad Pública, García Luna fue uno de los máximos responsables de la estrategia emprendida en 2006 por el Gobierno de Calderón para combatir al narcotráfico. La llamada guerra contra las drogas, la salida de los militares de los cuarteles para patrullar las calles mexicanas, se ha cobrado más 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos.

También ante la misma Corte que sigue el caso de García Luna, la semana pasada, el excomandante de la Policía Federal Iván Reyes Arzate se declaró culpable de colaborar con el narcotráfico. En concreto, Reyes confesó que en 2016 recibió al menos 290.000 dólares a cambio de informar sobre las investigaciones conjuntas estadounidenses y mexicanas a un grupo llamado El Seguimiento 39, asociado con el Cartel de Sinaloa. Una inculpación que abre la puerta a colaborar con la Fiscalía estadounidense y anticipa más complicaciones para el exsecretario de Calderón.

Reyes fue desde 2008 el director de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal (SIU, en sus siglas en inglés), el área dedicada a combatir al crimen organizado en estrecha colaboración con los agentes de la DEA. Como director de la SIU, Reyes se convirtió en uno de los hombres de máxima confianza de García Luna, quien a su vez mantenía también línea directa con EE UU, tanto para cuestiones operativas como para la consolidación de la financiación estadounidense de la militarización de la seguridad pública mexicana.

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