El Partido Verde de México usó a decenas de empresas fantasma para gastos de campaña

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) envió a 35 empresas fantasma una parte de los recursos que se le asignaron entre 2014 y 2019 para financiar sus actividades ordinarias y costear sus gastos de campaña. En ese periodo, la formación pagó cerca de 133 millones de pesos a compañías que meses o años después de recibir los recursos fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como entidades que facturan operaciones simuladas por no contar con empleados ni infraestructura para realizar sus actividades. Incluso, al menos una decena de ellas estuvo en la mira de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tras haber encontrado irregularidades en los informes anuales de gastos que presentó el Partido Verde para respaldar sus transacciones con esas firmas. En el pasado, el INE ya ha impuesto diversas multas al partido debido a las anomalías detectadas en sus procesos de contratación y por alterar sus informes de gastos.

Los servicios que facturaron las empresas al PVEM son variados, como subcontratación laboral para las brigadas del programa de afiliación; arrendamiento de oficinas; renta de camionetas; reparación de autos; asesoría jurídica; consultorías administrativas; encuestas y servicios de investigación, según la información contenida en una base de datos proporcionada a EL PAÍS por el SAT tras diversas solicitudes de información y cotejada con los reportes de gasto que presentó el partido al INE. Los conceptos descritos en las cientos de facturas también incluyen servicios para costear supuestos gastos de campaña como “financiamiento de propaganda”, renta y colocación de anuncios espectaculares, pinta de bardas, compra de volantes, cubetas de pintura, material impreso, cobertores, termos, bolígrafos, gorras y playeras verdes, así como relojes y llaveros metálicos con el logotipo del partido. Los bienes y servicios no solo fueron contratados por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, sino también por las directivas estatales, como la de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Sonora.

Cuestionado sobre estas contrataciones, el PVEM respondió a EL PAÍS que cuando se adquirieron los servicios ningún proveedor se encontraba en el estatus de empresas que facturan operaciones simuladas y que el partido no es responsable si con el transcurso del tiempo los proveedores son incluidos en ese supuesto. “Consideramos que el SAT al emitir un Registro Federal de Contribuyentes, un notario al otorgar fe pública de la creación de una empresa, y los proveedores realizar el registro en el Padrón de Proveedores del INE, otorgan a los Partidos Políticos la total certeza y legalidad de que dichas empresas cuentan con la infraestructura y personal humano para llevar a cabo la contratación de estas sin tener obligación de parte nuestra de cerciorarnos de que estas empresas cuenten con lo cuestionado por usted (personal y la infraestructura para prestar los servicios)”, explicó en un escrito. Las empresas contratadas por el partido estaban inscritas en el Registro Nacional de Proveedores que supervisa el INE, por lo que eran compañías legalmente constituidas, reiteró el PVEM. “Quisiéramos agregar que resulta imposible que el Partido Verde tenga control sobre la situación fiscal de todas las empresas que le venden, ofrecen o brindan productos o servicios”.

La empresa que facturó el monto más alto al Partido Verde fue Vrunger SA de CV, que cobró 38,3 millones de pesos a través de 41 comprobantes digitales. En 2014, por ejemplo, el Verde contrató a esta firma para que le brindara servicios de propaganda. Durante la revisión que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización del INE de los ingresos y gastos que utilizó el PVEM en 2014 para sus actividades específicas y ordinarias, encontró que había proveedores del partido que reportaban operaciones por montos superiores a los que éste les había notificado. En el caso de Vrunger, esta empresa le reportó al INE haberle facturado al Verde 15,1 millones de pesos, mientras que el partido había señalado solo 8,5 millones. Finalmente el PVEM presentó pólizas contables, facturas y contratos que respaldaban esos gastos que inicialmente no habían sido notificados, por lo que el iNE consideró atendida la observación. Cuatro años después, el 13 de noviembre de 2018, el SAT finalmente exhibió a Vrunger en el Diario Oficial de la Federación —el boletín de Gobierno— como una empresa que había simulado sus operaciones.

El PVEM es una formación política que durante 15 años fungió como un satélite del PRI, con el que se alió electoralmente para sostener su permanencia. Anteriormente, en el 2000, ya había hecho mancuerna con el conservador Partido Acción Nacional en los comicios presidenciales. Ahora, nuevamente ha virado sus intereses y se ha vuelto un aliado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido dominante que fundó el presidente, Andrés Manuel López Obrador. El Verde, que ha sido cuestionado por apartarse de la agenda ecologista, ha logrado hacerse de votos con polémicas propuestas como la pena de muerte a violadores o cadena perpetua a secuestradores. También ha sido cuestionado por violar la veda electoral e incitar al voto el día de los comicios, como ocurrió en vísperas del pasado 6 de junio, cuando un grupo de influencers publicó en sus redes sociales una serie de mensajes que promovían el voto a favor de esa formación.

Irregularidades en contrataciones

Durante la campaña electoral para la renovación de Ayuntamientos en Veracruz en 2017, el PVEM le pagó 2,5 millones de pesos a una empresa llamada Ingeniumsa por asesoría en comunicación política, consultoría en planeación estratégica para evaluar las tendencias de voto de los ciudadanos y técnicas de comunicación en campañas electorales. También la contrató para la elaboración de discursos, servicios de asesorías y monitoreo el día de la jornada electoral, según el registro de gastos del partido. Esta empresa era tan multifacética que también vendió lonas, playeras, pulseras y banderas promocionales con el logotipo partidista. Esa no había sido la única ocasión en la que el Verde contrató a esta firma. Entre 2017 y 2019 Ingeniumsa le facturó 15,6 millones de pesos. En 2019 el Verde firmó un contrato con la compañía para que lo apoyara en su programa de afiliación en Veracruz. “Servicios de subcontratación laboral para la realización de actividades relacionadas a las brigadas del programa afiliación 2019 por los meses comprendidos de enero a octubre de 2019”, se lee en el contrato.

Un año después, el INE ventiló una serie de anomalías entre el contrato del PVEM e Ingeniumsa que terminaron con una sanción al partido. La Unidad Técnica de Fiscalización identificó operaciones del Verde con empresas que facturan operaciones simuladas. Una de ellas era Ingeniumsa, a quien el Verde le había pagado 2,8 millones de pesos. Inconforme con el fallo del instituto, el PVEM interpuso un recurso de apelación que finalmente fue desechado por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. La autoridad argumentó que al analizar la documentación presentada por el partido, éste reportó gastos por concepto de subcontratación laboral, pero omitió presentar evidencia que permitiera verificar los resultados del trabajo que llevó a cabo Ingeniumsa. “El sujeto obligado no exhibió la documentación que reflejara los resultados del trabajo que realizó la empresa proveedora a fin de que se pudiera observar claramente que lo ordenado fue justamente el servicio que recibió con las características y en las fechas acordadas”, se lee en el fallo emitido a principios de este año. En sus alegatos de defensa el PVEM aseguró que el resultado del trabajo de la empresa contratada quedó demostrado con el aumento de las personas afiliadas a su partido.

El PVEM también contrató a una empresa creada al vapor para que le brindara diversos insumos como “material publicitario”. Tuto Comercializadora, fundada en Jalisco e inscrita en el registro público del comercio en febrero de 2015, empezó a recibir pagos del Verde mediante cheques a los cuatro meses de haberse dado de alta legalmente, según la documentación revisada. Durante 2015 le facturó al PVEM un total de 5,1 millones de pesos, en su mayoría por “compras efectuadas en periodo de campaña” a través de 80 comprobantes digitales. En 2016 la Unidad de Fiscalización del INE multó al partido por “omisiones al reportar con veracidad el destino de recursos y omitir presentar la documentación soporte del gasto relativo al proveedor Tuto Comercializadora”. A mediados de 2018, fue exhibida por la autoridad tributaria en su lista negra de empresas fantasma y en febrero de 2020 finalmente los socios disolvieron la compañía. Pese a esto, en 2020 aún aparecía en un padrón de proveedores del Partido Verde en Jalisco, donde reportaba que su actividad económica eran “volantes”.

Firmas que operan en red

En la información revisada por este diario se encontraron empresas contratadas por el Verde Ecologista que fueron creadas el mismo día, ante el mismo notario y que comparten socios o administradores. El 4 de abril de 2013 en el municipio de Santiago en Nuevo León un fedatario certificó la constitución de Orobarz Servicios Administrativos y de Comercializadora Feyray. Posteriormente, ambas fueron contratadas en Querétaro. En 2015 y 2016 Orobarz recibió pagos del partido por 1,5 millones de pesos por diversas consultorías, mientras que Feyray vendió audífonos, cobijas, uniformes y balones de futbol. Parte de estos objetos supuestamente se repartieron en un evento denominado Jóvenes verdes que se realizó en septiembre de 2015 en el municipio de Corregidora y que tenía como objetivo reforestar un área en esa localidad. “Se les hizo entrega de unos audífonos contenidos en una caja que dentro llevaba una semilla para ser plantada y así promover la ecología”, se lee en un reporte que el partido entregó al INE. En total, entre 2015 y 2016 esta empresa recibió pagos por poco más de 7 millones de pesos.

Otra red de empresas contratadas por el PVEM que también comparten fecha de constitución, notario, dirección fiscal y tienen algunos socios en común es la conformada por Lin Blup, Levit, Dayty y Chelumex. Todas fueron creadas el 11 de mayo de 2015 en el puerto de Acapulco, en Guerrero, ante el mismo notario y reportaron el mismo domicilio fiscal en los padrones de proveedores del PVEM donde se inscribieron: “Cuauhtémoc 239, colonia Hornos Insurgentes, Acapulco de Juárez”. En el acta constitutiva los socios de estas compañías reportaron domicilios ubicados en barriadas de difícil acceso o apostados en cerros. Estas firmas brindaron desde servicios de encuestas y asesorías hasta la elaboración de artículos promocionales. Aunque la mayoría recibió montos pequeños, hubo una —Levit— que concentró la mayor parte de los pagos. En 2017 la directiva del Partido Verde en Guerrero contrató a esta firma para que le fabricara reglas de plástico, carpetas, llaveros metálicos, relojes publicitarios y bolígrafos.

En mayo de 2018, la autoridad fiscal detectó que Levit había estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o para producir o entregar los bienes que amparaban sus facturas e inició un procedimiento para saber si era una empresa fantasma. Aunque el SAT le notificó su situación fiscal y le advirtió para que presentara sus alegatos de defensa, nunca logró desvirtuar las acusaciones y el 31 de diciembre de 2018 fue exhibida como un contribuyente que simuló sus operaciones. Pese a esto, el 31 de enero de 2019 el PVEM le pagó tres facturas que en total sumaron 153.000 pesos. Ese mismo mes el INE inició el proceso de cancelación de Levit del Registro Nacional de Proveedores que elabora el instituto. Para ese entonces, esta empresa ya había recibido 7,2 millones de pesos del PVEM desde 2016.

En Xalapa, Veracruz, el Comité Ejecutivo Estatal del partido arrendó en 2015 una camioneta a una empresa denominada Coordinación Empresarial del Sur, que dos años después fue declarada como fantasma por las autoridades fiscales. En Chiapas, en el proceso electoral de 2015 donde se renovarían cargos de diputados y ayuntamientos se contrató a Ingeniería y Construcciones Mopar para que pintara 38.500 metros cuadrados en bardas. Un año después esta firma empezó a estar en la mira de las autoridades fiscales que terminaron colocándola en su lista negra. Otras empresas fantasma detectadas son Servicios Integrales Vabok, que en 2019 prestó servicios de investigación al partido en Sonora; Anerk que le arrendó oficinas al Comité Ejecutivo Estatal en Jalisco, Pine Crest Trading Co que en 2015 vendió gorras color verde en casi un millón de pesos y Publicidad Exterior Espectacular, que en mayo de 2016 se comprometió a colocar anuncios de publicidad para promocionar a dos candidatos a diputados en Oaxaca.

Las empresas o prestadores de servicios que quieran vender, arrendar o proporcionar bienes y servicios a los partidos políticos y candidatos deben inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, que depende del INE. El reglamento del instituto establece que la Unidad Técnica de Fiscalización es la encargada de verificar que la información de los proveedores coincida con la del SAT y debe solicitar a la UIF un informe para saber si las personas físicas y morales inscritas en el Registro Nacional de Proveedores han sido reportados por haber realizado operaciones inusuales o si existe algún proceso en curso por lavado de dinero. También se señala que se deberá cancelar el registro de proveedores que hayan sido calificados por el SAT como contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes, es decir, empresas fantasma.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país