ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

La Guardia Nacional, el ‘Frankenstein’ de la seguridad en México que aspira a formar parte del Ejército

Expertos cuestionan la propuesta de reforma del presidente López Obrador para que su principal apuesta contra la violencia en el país tenga un control militar de manera permanente

Elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera con Guatemala.
Elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera con Guatemala.Isabel Mateos / Cuartoscuro

La polémica ha acompañado a la Guardia Nacional desde su creación en 2019 y ha intensificado el debate en México sobre la militarización que vive el país. La corporación, en esencia castrense, fue presentada en un inicio por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un cuerpo civil para controlar la violencia y sustituir a la Policía Federal en las tareas de Seguridad Pública. Ahora el Gobierno buscará una reforma constitucional para que el Ejército se haga cargo por completo de la Guardia Nacional y esta sea una rama más de las Fuerzas Armadas.

Desde hace dos años, la resistencia de las organizaciones de la sociedad civil y la presión de la oposición obligó a que el cuerpo formado por exmilitares y expolicías tuviera un mando civil y un mando militar, aunque a efectos prácticos, la Guardia Nacional desde el inicio ha respondido ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la que se supone, también formaba parte. De los más de 100.000 elementos que integran este cuerpo actualmente, el 80% pertenecen al Ejército y a la Marina.

El Gobierno de López Obrador ha dado un paso más y ha anunciado que en 2023 buscará la reforma para que la Guardia Nacional dependa exclusivamente de la Sedena. “Queremos que se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder. Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Sedena”, afirmó el mandatario. De acuerdo con documentos publicados por la prensa nacional y firmados por el titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval, el Ejército asumió en control operativo de la Guardia Nacional desde octubre de 2020. Las declaraciones de López Obrador vienen a confirmar un acto más que consumado de facto.

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Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien fue responsable de la corporación más de dos años aseguró que “no hay civil que pueda dirigirla” y que requiere 250 mandos de grado de coronel, algo imposible de lograr sin la Sedena. Durazo expresó que ante la necesidad de reducir la violencia en el país, el mejor camino pasa por integrar a la Guardia Nacional como parte de las Fuerzas Armadas. “Estamos en una época con un nivel de inseguridad con una paciencia cada vez menor de la ciudadanía respecto al tema”, señaló el exsecretario. “Lo que vemos en los hechos y lo más preocupante con la desaparición de la Policía Federal es que el Gobierno renunció a tener una corporación policial a nivel federación, integrada por civiles”, apunta Lilian Chapa Koloffon, analista de Seguridad Pública.

Chapa Koloffon considera que con la decisión del Ejecutivo se crea un vacío de autoridad que la Guardia Nacional no está cubriendo. Una corporación “Frankenstein” que en lo operativo ha sido difícil de manejar. “La función de Seguridad Pública en la Constitución es muy distinta a la función de Seguridad Nacional”, reflexiona. “Cuando reclutas a un policía es distinto a cuando reclutas a un militar. Las personas que se suman a las Fuerzas Armadas no lo hacen queriendo hacer labor policial: detención por faltas administrativas, robo sin violencia, actividades que no tienen nada que ver con amenazas a la Seguridad Nacional”, señala la analista.

Aunque la promesa de regresar a los militares a los cuarteles acompañó al presidente Obrador en sus campañas de 2012 y 2018, tras su llegada al poder ha encomendado al Ejército tareas que estaban dedicadas al ámbito civil, como el control de las aduanas y varias obras de infraestructura como el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya. También se busca que el cuerpo armado tenga facultades de policía de investigación. No es la primera vez que México confían en el Ejército para combatir el crimen organizado. Durante los anteriores Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se utilizó la misma estrategia, lo que no logró frenar la violencia y elevó a 250.000 muertos y 40.000 desaparecidos las víctimas entre 2006 a 2018.

El artículo transitorio de la Ley de la Guardia Nacional establece una moratoria para que la corporación comenzara a operar bajo el control del Ejército y transcurrido un tiempo, acabase como corporación civil. Esa indefinición ha generado tensiones entre los policías y militares del cuerpo más allá del plano laboral. Ahora, el presidente busca que su legado se perpetúe con la reforma constitucional cuando acabe su mandato. “No quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal que se echó a perder al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón. Y además, esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo y nunca tuvo el apoyo que necesitaba”, ha afirmado el presidente.

El debate sobre la presencia de los militares en las calles vuelve a estar sobre la mesa con férreas críticas desde la sociedad civil que consideran “peligrosa” la perpetuación del Ejército para labores de Seguridad Pública. “Implica romper la supremacía civil en este ámbito y hacer una cirugía mayor a la Constitución en un país donde hay muy débiles controles civiles a las Fuerzas Armadas”, señala el experto en seguridad y exagente del Centro de Inteligencia e Investigación Nacional, Alejandro Hope.

En las zonas donde se despliegan las Fuerzas Armadas aumentan las violaciones a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales y no existe una clara rendición de cuentas porque no hay un marco legal que regule sus actuaciones sobre el terreno. De forma paralela, el Ejército y la Marina son de las corporaciones mejor valoradas en el país, por delante de las policías estatales y municipales. En las zonas más sacudidas por la violencia del narcotráfico, la población exige su presencia como única forma de frenar al crimen.

El Gobierno federal defiende que depender del Ejército es más efectivo porque las policías están corroídas por la corrupción y los vínculos con el narco. “Los elementos tenían que acampar, vivir en situaciones lamentables porque nunca se preocuparon [por ellos], manejaban muchísimo dinero con poca transparencia porque consideraban el presupuesto como un asunto de Seguridad Nacional y no informaban”, ha señalado López Obrador. “Si no hay Policía Federal haciendo patrullajes y labores de vigilancia y la Guardia Nacional no cumple y no quiere cumplir con esa función porque hay una contradicción de para qué están formados, hay un hueco de autoridad que están llenando organizaciones delictivas”, comenta Chapa Koloffon. “La cifra de homicidios al alza no nos deja mentir”, agrega.

Con unas elecciones intermedias en las que López Obrador y Morena han perdido peso en la Cámara de Diputados, las nuevas reformas requerirán de una negociación más compleja con el resto de fuerzas políticas. “La diplomacia legislativa se le va a complicar”, asegura Hope. “Ahora que cuenta con 50 escaños menos es mucho más difícil construir una mayoría constitucional y su popularidad no está donde estaba en 2018″, recalca. El experto señala que se percibe presión por parte del Ejército para controlar la corporación de iure más allá de 2024, cuando acabe el sexenio de López Obrador. “No quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que convienen al país”, ha asegurado el presidente.

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