López Obrador buscará cambiar la Constitución para blindar su agenda eléctrica y modificar el INE

Andrés Manuel López Obrador quiere modificar la Constitución para blindar su agenda de reformas estructurales y evitar que las iniciativas queden paralizadas en los tribunales. El presidente de México ha anunciado este martes su intención de llevar al Congreso tres medidas que suponen un cambio de fondo del modelo energético, electoral y de seguridad. La primera ya ha sido su principal apuesta de los últimos meses, una ley eléctrica que pretende reforzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa del Estado, y que pese a su aprobación en el Parlamento no entró en vigor por los recursos presentados. La segunda es una reforma electoral que pretende renovar el Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo al que se enfrentó abiertamente durante la última campaña por unas decisiones que afectaban a Morena. Y la tercera supone la integración de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que supone culminar su militarización.

El mandatario considera estas reformas “necesarias y buenas para el pueblo y para la nación”, aunque para consagrarlas en el texto constitucional necesita el apoyo de parte de la oposición. Los resultados de las elecciones del 6 de junio limitaron el margen de acción de la formación oficialista, Morena, en la Cámara de Diputados, que con el apoyo de sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo tiene una holgada mayoría absoluta pero se queda lejos de la mayoría calificada que se requiere para cambiar la Ley Fundamental. Para alcanzar los dos tercios de los escaños (334 de 500) necesita el voto de unos 40 representantes de la oposición. Por eso López Obrador se dirigió la semana pasada al PRI, su archienemigo, tentándolo con un pacto. Y aunque ese respaldo resulta improbable, no puede descartarse a priori.

“Nos quedan tres reformas constitucionales”, ha recordado el presidente, que está a punto de llegar al ecuador del sexenio, durante su conferencia de prensa matutina. “Una que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el período neoliberal apostaron a destruir a la CFE para dejarles el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras, que se apoderaron de México”, ha afirmado. El discurso no es nuevo. López Obrador ha tratado de pintar el panorama actual como una suerte de salvaje Oeste, mientras la nueva ley eléctrica ha hecho saltar todas las alarmas de los sectores productivos por su impacto económico, que desincentiva la iniciativa privada, y ambiental.

“Era nuestro país como una tierra de conquista y eso afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz mientras se les daban subsidios a las empresas particulares. Tan abusaron que una empresa española, Iberdrola, se atrevió a ofendernos a los mexicanos contratando como empleado al expresidente [Felipe] Calderón, también a la que había estado de secretaria de Energía se la llevó a trabajar a la empresa”, ha continuado el mandatario. “No es para que desaparezcan, lo aclaro, estas empresas particulares, no, van a continuar. Pero vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a la CFE y el 46% a particulares”.

El presidente reconoce que existe la posibilidad de no lograr los apoyos suficientes, pero intenta retratar a sus adversarios. Así, ha advertido de que “si los legisladores dicen que no, si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia en que empresas particulares tengan mejor trato que la CFE, pues que asuman su responsabilidad”. Otra de las grandes apuestas de su proyecto es una reforma del sistema electoral, de la que no ha dado detalles. Se ha limitado a decir que quiere que “de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados”.

“Tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. No es un demócrata, como ha sucedido en México, el que dice no podemos permitir que llegue a la presidencia un populista, luego entonces hagamos todo para evitarlo, hasta robarnos la elección. Hagamos un fraude patriótico”, ha dicho. López Obrador ganó las elecciones presidenciales en 2018, en su tercer intento y se pasó más de una década defendiendo que en 2006 un supuesto fraude le arrebató la victoria. Ahora está duramente enfrentado a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, quien por su parte considera que no se dan las condiciones de consenso suficientes para abordar una reforma electoral y que tampoco existe un diagnóstico serio. El mandatario, que rechazó las inhabilitaciones de dos candidatos de Morena, especialmente de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, afirma que quiere reducir los costos de las elecciones –”no es posible que se destinen 20.000 millones de pesos para”, ha dicho– y el número de escaños. “¿Para qué tanto diputados? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales?”, ha preguntado. De los 500 miembros de la Cámara, 300 se eligen de forma directa y el resto se asignan según un criterio de proporcionalidad.

La tercera reforma que López Obrador quiere impulsar es la integración de la Guardia Nacional en la Secretaría de Defensa. “No quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder”. Esta medida supone una militarización de facto de la institución, en línea con la política gubernamental adoptada hasta ahora, que ha fortalecido al Ejército incluso asignándole la administración de obras públicas como el Tren Maya. La ley que, en cambio, el presidente se niega a aprobar es una reforma fiscal que aumente los impuestos. Hoy lo ha dejado claro una vez más. “Es importante aclarar que no va a haber reformas promovidas por el Ejecutivo para aumentar impuestos, porque ayer se habló de una reforma fiscal y antes cuando se hablaba de reforma fiscal era aumento de impuestos. La llamada reforma fiscal del Gobierno anterior fue aumento de impuestos. Que no se vaya a confundir nadie, no hay aumentos en términos reales de los precios de los combustibles”, ha enfatizado. El presidente y el Gobierno tienen, en cualquier caso, en agenda una revisión del sistema tributario. Él mismo lo admitió. Falta conocer el alcance de los nuevos tipos y cómo repercutirán esos cambios.

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