El Hospital Infantil Federico Gómez guardó 6,7 millones de pesos en quimioterapias en plena crisis de suministro

El Hospital Infantil de México Federico Gómez registró compras por 6,7 millones de pesos (327.000 dólares) en quimioterapias que no entregó a los pacientes durante 2019. Durante la crisis de desabastecimiento de medicinas para el cáncer que llevaron a centenares de padres a bloquear la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de México como protesta, el hospital infantil no acreditó el suministro y entrega de cuatro tipos de medicamentos para quimioterapias. Los datos publicados este sábado por la Auditoría de Cumplimiento Financiero, número de auditoría 177-DS, revelan presuntas irregularidades en este hospital por valor de 41,5 millones de pesos (algo más de 2 millones de dólares) por pagos de horas extras a trabajadores, fármacos no entregados y pagos de laudos para terminar conflictos laborales.

Durante 2019, el Hospital Federico Gómez compró Temozolomida, Dexrazoxano, L-Asparaginasa y Metotrexato —cuatro medicamentos usados para tratamientos oncológicos—. Sin embargo, la Auditoría Superior Federal ha revelado que un total de 6,7 millones de pesos de las compras de esas medicinas no fueron suministradas a los niños que padecían cáncer. El organismo que supervisa el manejo financiero de recursos aprobados en el Congreso detalla que los medicamentos deberían haber sido entregados a los pacientes que padecen leucemias, linfomas o mielomas. EL PAÍS ha contactado con la Secretaría de Salud para pedir más detalles sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.

A lo largo de ese año y el siguiente, los padres de niños con cáncer se enfrentaron a varios episodios de desabastecimiento. Sus manifestaciones tomaron las calles en repetidas ocasiones durante 2020 con pancartas que rezaban “el cáncer no espera” y “exigimos al Gobierno federal el abasto de Metotrexato”. La falta de medicinas se agravó con la guerra abierta que la Administración de Andrés Manuel López Obrador mantiene con la industria farmacéutica nacional, a la que acusa de monopolizar el sector, de corrupción y de distribuir fármacos caros y de mala calidad. Finalmente, en mayo de 2019, una investigación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cerró la planta de producción de Pisa, una de las mayores farmacéuticas mexicanas.

Para solucionar el desabasto, el Gobierno recurrió a compras directas en otros países, pero los problemas de suministro continuaron. En septiembre pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que tras varios retos en la cadena de suministro, consiguieron garantizar el abastecimiento tras un año de protestas. “El Instituto de Salud para el Bienestar ha estado haciendo esfuerzos denodados por encontrar proveedores y se ha logrado más o menos suplir, pero con importantes retos para lograr la continuidad de suplir estos medicamentos”, declaró en rueda de prensa. Sin embargo, las dosis conseguidas alcanzaban para pocas semanas de tratamiento y los padres de niños con cáncer volvieron a reclamar acciones.

A principios de 2020, ante nuevas manifestaciones en el aeropuerto y el Palacio Nacional, el presidente aseguró que había disponibilidad de medicamentos y culpó al director del Hospital Infantil Federico Gómez, el doctor Jaime Nieto Zermeño, por no informar al respecto y quedarse los medicamentos. “A las familias no se les comunicó que el Gobierno había solucionado el problema desde agosto [de 2019]”, dijo el subsecretario de Salud. El equipo médico de Zermeño publicó en redes sociales un video para respaldar a su director, y el hospital explicó en un comunicado que la filial de Pisa se había retrasado con algunas entregas.

La Auditoría Superior Federal señala además que hay 26,9 millones de pesos (1,3 millones de dólares) irregulares en pagos de turnos extras a 1.250 empleados, 3,3 millones de pesos (163.000 dólares) en horas extras pagadas en exceso y 4,6 millones de pesos (227.500 dólares) en pagos de laudos laborales para solventar conflictos con los trabajadores. Las observaciones apuntadas en el informe dan un plazo de hasta 120 días para presentar aclaraciones que justifiquen los presuntos montos irregulares, que pueden deberse a fallos administrativos. Al concluir los plazos sin haber recibido la documentación, la Auditoría Superior Federal puede iniciar un proceso de indemnizaciones y multas por daños o perjuicios.

México encabezaba la mortalidad infantil por leucemia, la principal causa de muerte en edad escolar. Esta ha empeorado en las últimas décadas, al pasar de 1,7 defunciones por cada 100.000 niños de 5 a 14 años en 1990 a 2,3 en 2017, según la Secretaría de Salud.

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