El secretario de la Defensa enfatiza que la lealtad del Ejército “no admite desviaciones”

Había al menos tres novedades en los actos de celebración de la Revolución mexicana de este año. La pandemia obligó a rebajar los fastos multitudinarios y apenas 400 militares desfilaron por el centro de la capital con mascarillas especiales. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que esta vez el encargado del discurso oficial sería el secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval. Una decisión cargada de significado al llegar en plena polémica por el traslado a México de su antecesor, el general Salvador Cienfuegos, tras haber sido retirados los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en EE UU gracias a la presión diplomática mexicana. Bajo estas premisas, el discurso del general, solemne y protocolario como exigía el cargo y la fecha, adquirió irremediablemente nuevas lecturas. Las formalidades habituales como “la lealtad institucional del Ejército es a toda prueba” o “no admite desviaciones” o “cada uno se va forjando su camino” sonaron esta vez como el intento de limpiar de culpa a todo el cuerpo castrense.

López Obrador, siempre dispuesto a capitalizar el legado de figuras históricas de las que se proclama heredero —como Francisco I. Madero, padre de la Revolución iniciada hace 110 años— cedió el púlpito a Sandoval en uno de los momentos más delicados para las Fuerzas Armadas. Los graves cargos imputados a Cienfuegos, más allá de erosionar aún más el sexenio y la figura de Enrique Peña Nieto, significan un torpedo para la credibilidad del Ejército, convertido en lo que va del mandato de López Obrador en uno de sus pilares fundamentales, ampliando como nunca su poder y su influencia.

México ha logrado traer de vuelta al exsecretario de la Defensa tras una campaña diplomática sin precedentes. Cienfuegos, encarcelado en una prisión federal de Nueva York, ya había llegado a sentarse en el banquillo del juez. Sin embargo, México interpretó desde el primero momento el arresto y procesamiento del que fuera una de sus máximos autoridades institucionales como una grave violación de los acuerdos bilaterales en seguridad. Cienfuegos llevaba una década siendo investigado por la agencia federal antidrogas (DEA). Sin embargo, la Cancillería solo fue avisada de la operación el día de la detención, el 15 de octubre. El motivo del acuerdo para la retirada de los cargos y el envío a México quedó plasmado en el documento que el Departamento de Justicia presentó este lunes ante la juez para formalizar la marcha atrás: “la existencia de consideraciones de política exterior delicadas e importantes que pesan más que el interés del gobierno [de Estados Unidos] para perseguir y enjuiciar al acusado”.

México se enfrente ahora al enorme desafío de emprender una investigación rigurosa y transparente sobre el general, disipando las dudas de parcialidad o trato de favor que desde que se conoció en acuerdo sobrevuelan en la opinión pública mexicana. El peso recaerá sobre la Fiscalía General de la República (FGR), reformada hace apenas dos años con la aspiración de ganar autonomía frente al Ejecutivo en la batalla contra la corrupción y la impunidad, pero criticada por la tibieza final de la normativa, que no ha contemplado reformas constitucionales para blindar dicha autonomía.

De momento, López Obrador ha seguido dando muestras de su sólido respaldo a las Fuerzas Armadas. Desde el día siguiente a la detención de Cienfuegos, el presidente se ha afanado en defender la reputación del Ejército y de su secretario de la Defensa. Sandoval no fue recomendado directamente por Cienfuegos para sucederlo, pero trabajó bajo las órdenes del general detenido y hoy liberado y llegó a ser ascendido y condecorado. Durante su discurso, además de subrayar el papel del Ejército como pilar del Estado, la “defensa de la integridad, independencia y soberanía de la patria”, Sandoval escenificó también un cierre de filas total con el Ejecutivo. ”Apoyamos los proyectos estratégicos de su Gobierno. Evidentemente, no buscamos poder, porque dependemos del Ejecutivo y sobre todo por convicción”, dijo el general.

El aumento de poder militar durante el mandato de López Obrador no se ha limitado solo a la esfera de la seguridad, inaugurando un nuevo cuerpo de espíritu castrense como la Guardia Nacional. Durante los últimos dos años los militares han asumido encargos tan diversos como la distribución de medicamentos, la vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, el reparto de libros de texto, el combate al sargazo o el traslado de dinero de programas sociales. La concesión de mayor envergadura ha sido hasta ahora la confirmación, en marzo, de que la construcción y explotación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México recaería en manos militares. El Ejército no solo construirá la terminal, sino que explotará las operaciones civiles y comerciales mediante una empresa cuya dirección ocupan militares. El Ejército ayudará también a construir dos tramos del Tren Maya, otra obra pública que es bandera de la Administración.