Marcelo Ebrard defiende que el traslado del ‘caso Cienfuegos’ a México “no es un acto de impunidad”

El canciller mexicano ha anunciado que la Fiscalía ya cuenta con todas las evidencias compartidas por EE UU para investigar al general, que había sido acusado de narcotráfico y lavado de dinero

Ebrard, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional. En vídeo, algunas de sus declaraciones. FOTO | VIDEO: PRESIDENCIA

El canciller mexicano Marcelo Ebrard ha sacado pecho este martes tras el inesperado el anuncio de que Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, será devuelto por la Justicia estadounidense. La retirada de cargos contra el secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto y su traslado inminente a México, un acontecimiento sin precedentes en la historia diplomática entre ambos países, ha sido defendido como una victoria fruto de una negociación express. “No lo vemos como un acto de impunidad sino como un acto de respeto a México y a nuestras fuerzas armadas”, señaló el encargado de Relaciones Exteriores durante una rueda de prensa posterior al comunicado conjunto de ambas fiscalías anunciando el acuerdo.

El general Cienfuegos, máxima autoridad de Ejército mexicano durante el último gobierno del PRI (2012-2018), fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, provocando un sismo político en México, que se quejó entonces de que no había sido informado por las autoridades estadounidenses hasta el mismo momento de la detención. La maquinaria diplomática mexicana se activó de inmediato según el relato del canciller. Desde el arresto hasta el acuerdo anunciado este martes ha pasado apenas un mes. Un mes de vértigo en las oficinas de la cancillería.

Ebrard ha detallado este martes el calendario de las insistentes negociaciones, que incluyeron hasta tres comunicaciones con el embajador y el fiscal general estadounidenses, William Barr, mostrando “la sorpresa y descontento” de México por no haber sido informado de la investigación. Incluida una nota formal diplomática subrayando la alianza de los dos países en materia de delincuencia organizada.

El 30 de octubre, la Cancillería recibió la respuesta deseada, según informó Ebrard. Un oficio de la DEA con un documento anexo de más de 700 páginas que contenía la investigación íntegra contra Cienfuegos. La documentación fue enviada a la FGR, que tras examinarla solicitó de nuevo a la fiscalía que las autoridades estadounidenses compartieran también las pruebas de la investigación. “El 11 de noviembre la FGR recibió toda la evidencia proporcionad por la DEA”, confirmó Ebrard.

Diferencias con el caso García Luna

El propio Andrés Manuel López Obrador cargó el día después de la detención del general contra la DEA y anunció una inminente investigación judicial en México por vía de la Fiscalía General de la República (FGR). Algo que no ha sucedido todavía en relación con el caso de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón (2006-2012), que avanza únicamente en los tribunales de Nueva York, y que se ha convertido en un incómodo espejo del caso de Cienfuegos. Ante la neutralidad mostrada desde el principio en el caso de García Luna, la maquinaria diplomática se activó de inmediato tras la detención del general.

“Si los hechos que se le imputan se cometieron en México, ¿por qué van a tener que ser juzgados en el extranjero?”, abundó este martes el canciller. Un argumento que choca no solo con el caso de García Luna, acusado también de trabajar para el crimen organizado facilitando la distribución de droga de México a EE UU. Si no con toda la larga de lista de miembros de los carteles mexicanos, como Joaquín El Chapo Guzmán, que han sido extraditados a EE UU.

Ebrard anunció también que la Fiscalía estadounidense retirará formalmente los cargos mañana miércoles ante la juez que llevaba hasta ahora el caso en Nueva York. Paso previo al traslado del general a México. El acuerdo entre las dos fiscalía supone una de las últimas negociaciones entre los Gobiernos de López Obrador y Donald Trump, dos políticos en apariencia antagónicos ideológicamente, pero que en los últimos tiempos han escenificado una inesperada sintonía personal y diplomática.

La investigación en territorio mexicano prometida por el presidente ya es un hecho, abriendo la puerta a un previsible nuevo juicio de alto voltaje en el país, como ya lo está siendo el proceso contra Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex imputado por corrupción en el caso Odebretch. Ambos casos estrechan cada vez más el cerco de la Justicia sobre Peña Nieto. Además, el caso de Cienfuegos ha significado un torpedo en la línea de flotación del Ejército mexicano, convertido en lo que va de mandato en uno de los pilares fundamentales de López Obrador, que ha ampliado como nunca su poder e influencia.


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