El juez considera infundado el amparo presentado por César Duarte para evitar su extradición

Un tribunal federal ha considerado infundado este jueves el amparo que el exgobernador de Chihuahua César Duarte promovió para evitar su extradición a México desde Florida, donde fue detenido el pasado julio. Los magistrados han estimado que Duarte no queda “en estado de indefensión” ante la “posible petición de extradición” porque le corresponde a Estados Unidos y no a México “revisar la legalidad de la solicitud”, según publican diferentes medios mexicanos. El exmandatario del Estado norteño de Chihuahua estaba prófugo de la Justicia mexicana desde 2017 y tiene al menos una veintena de denuncias por corrupción en su contra.

Los jueces han acordado por unanimidad que los argumentos presentados por el exgobernador de Chihuahua no pueden ser parte del fondo del juicio, incluso cuando el pedido de extradición fuera “inminente”, dice la sentencia. El exmandatario también había pedido protección contra la orden de aprehensión en contra.

Duarte fue detenido el pasado 8 de julio durante la visita del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump. El Gobierno mexicano había lanzado en 2018 una orden de captura y pedido a la Interpol que emitiera una ficha roja, lo que permitió la detención con fines de extradición en territorio estadounidense. Los rivales políticos de Duarte y la prensa ya lo habían identificado en Estados Unidos en los últimos dos años, tanto en Nuevo México como en Texas.

El exmandatario, que gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, pasó de ser reconocido públicamente por el expresidente Enrique Peña Nieto como uno de los rostros del “nuevo PRI” a ser expulsado del partido a mediados del año pasado. Su sucesor, Javier Corral, lo acusa de desviar alrededor de 1.200 millones de pesos (más de 60 millones de dólares) durante su Administración. El exgobernador también fue señalado de utilizar alrededor de 250 millones de pesos (12 millones de dólares) del erario público para financiar las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016. También se le responsabiliza de aumentar la deuda estatal hasta 48.000 millones de pesos (2.500 millones de dólares) y de desfalcar más de 6.000 millones (320 millones de dólares). El grueso de las denuncias lo acusan de malversación de fondos. La prensa mexicana da cuenta de 11 órdenes de captura contra el político. En 2018, la Procuraduría General de la República, predecesora de la FGR, desechó una denuncia contra Duarte por el desvío de 65 millones de pesos.