1968, una historia judicial

El 26 de julio de 1968, dos marchas estudiantiles coincidieron en el centro de Ciudad de México. Una de ellas se manifestaba en contra del cuerpo de granaderos, que un par de días antes había golpeado con macanas y lanzado gas lacrimógeno contra los estudiantes de una vocacional. En la otra, jóvenes comunistas habían salido a las calles a celebrar un aniversario más de la revolución cubana y la toma del Cuartel Moncada. Ambas protestas, que tenían el permiso de las autoridades, se habían llevado en paz. Por la tarde, los líderes de estas movilizaciones decidieron continuar hacia el Zócalo. Una compañía de granaderos les cortó el camino y comenzó el caos. Hubo destrozos en escaparates de comercios, estudiantes y policías heridos y un autobús de pasajeros incendiado.

Estos hechos sirven de punto de partida a Biografía judicial del 68 (Debate, 2020), con el que José Ramón Cossío explora uno de los lados menos estudiados del movimiento estudiantil mexicano de aquel convulso año. El exministro de la Suprema Corte de Justicia disecciona en el libro los expedientes judiciales abiertos durante el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, del PRI, tras los hechos de aquella noche de julio. La reconstrucción fue posible gracias a la apertura de los archivos de la Guerra Sucia contenidos en el Archivo General de la Nación. Cossío analizó los 60 tomos del expediente que dio toda una narrativa que tuvo un punto culminante la noche del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

“Quería escribir algo sobre José Revueltas en el 68”, cuenta Cossío. El doctor en Derecho buscaba un ejemplo de cómo las personas se enfrentan a los procesos judiciales y al peso que el Estado somete en forma de castigo. Creyó encontrarlo en la figura del escritor de Los muros del agua (1941), quien comenzó su actividad comunista a los 14 años, lo que lo llevó a ser detenido en diversas ocasiones y encarcelado en las prisiones más sombrías de México. Entre ellas en el penal de las islas Marías, donde escribió la obra citada y Lecumberri, el palacio negro, donde fue encarcelado después de ser detenido en noviembre de 1968. Allí vivió las experiencias que dan forma a El Apando, otro clásico mexicano. Pero el peso de Revueltas en la historia se fue desdibujando mientras Cossío avanzaba en su análisis de la sentencia del expediente judicial.

Mientras escribía, Cossío fue muy consciente de una de las trampas que el ejercicio ocultaba. Esto es juzgar al pasado desde una óptica del presente. “Esto supondría, en términos jurídicos, evaluar los actos policiacos, ministeriales y judiciales a partir de nuestros parámetros de derechos humanos, en vez de hacerlo desde las garantías individuales que se reconocían entonces", escribe. La primera vez que el juez constitucional trabajó en la Suprema Corte de Justicia fue en 1989, donde conoció a muchos juristas que tenían una forma de pensar de “la vieja cultura judicial”. Esto le permitió asumir ciertos mecanismos ideológicos que podrían haber guiado el proceso judicial contra los estudiantes del 68.

“Ni siquiera bajo los estándares de aquella época este había sido un proceso justo y razonable. Fue un pésimo proceso", señala el autor. “La impresión que tuve es que el 26 de julio fueron directamente por los comunistas. Con motivo del 68 lo que quisieron hacer fue detenerlos para que no hubiera problemas”, indica Cossío.

La Biografía judicial del 68 logra desenterrar una historia oculta entre la jerga legal de cuatro averiguaciones previas. Acomodadas, las piezas del rompecabezas dejan ver también la construcción de una narrativa del poder Ejecutivo que fue penetrando el caso de los jueces. Mientras más apretaban las autoridades, más peso se agregaba a la losa que caía sobre los detenidos, todos ellos jóvenes estudiantes de preparatoria, universitarios y simpatizantes comunistas.

Entre los hechos de julio y la tragedia del 2 de octubre ocurre un importante evento en la construcción de esta trama. El 1 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz rinde su cuarto informe de gobierno. Allí, frente al Congreso, el mandatario afirma que la intención de los manifestantes es “crear un clima de intranquilidad social” y que fuerzas del “interior y externas” buscan agravar el conflicto. “No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario... hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos”, dijo el presidente tras amenazar con el uso enérgico de la policía y el Ejército. La palabra presidencial tiene consecuencias.

El tono duro comienza a manchar las averiguaciones previas que se abren tras el mensaje de Díaz Ordaz. Las pesquisas apuntan desde entonces a un movimiento subversivo y a una conspiración internacional. “En los primeros informes de la policía se relataban destrozos y daños en propiedad ajena. En los últimos aparecen armas, publicidad, los policías judiciales entran a las casas de los detenidos y hallan libros de autores comunistas. Es la narrativa oficial en acción”, señala Cossío. “Las averiguaciones toman también un tono moral. Se señala si los detenidos tenían marihuana, si eran degenerados sexuales. Este juego de ‘los enemigos de México'”.

El aparato del Estado también usó otros medios para catapultar su narrativa. Entre las herramientas en su poder estaban los medios de comunicación, que fueron utilizados para desacreditar el movimiento estudiantil. El golpe mediático fue acompañado de acusaciones de delitos más graves, como la sedición. Los pilares del ministerio público fueron artículos periodísticos y los informes policiales, muchos de ellos inverosímiles según el autor.

¿Qué tanto de los vicios que quedan al desnudo en Biografía judicial del 68 siguen vigentes? “Hay prácticas de esta naturaleza, pero no de esta magnitud”, dice Cossío, quien estuvo 15 años en el Tribunal Constitucional.