Los empresarios dan su apoyo al plan de infraestructuras de López Obrador para relanzar la economía

Los empresarios mexicanos han mostrado nuevamente su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Este lunes, han presentado un nuevo plan de infraestructuras para remontar la crisis económica en la que se encuentra México ante el avance de la pandemia del coronavirus. El nuevo proyecto es austero, representa el 1% del PIB, y es apenas una tercera parte del que presentó el Gobierno mexicano en noviembre pasado. Aquel nunca logró despegar del todo y entonces representaba una medida para evitar que el país latinoamericano cayera en recesión. Ahora, la construcción se convierte en una herramienta fundamental para amortiguar la dura caída económica, que se prevé en más del 10% del PIB.

Los empresarios se han comprometido a aportar más del 50% del costo total de los proyectos de infraestructura planteados en el plan de López Obrador e ideado por el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. El Gobierno estima que para poner en marcha este paquete serán necesarios 297.000 millones de pesos (unos 13.800 millones de dólares) y que buena parte de los proyectos estarían en marcha, a más tardar, en 2021. El portafolio incluye en su mayoría la construcción y reparación de carreteras en todo el país, así como proyectos para el abastecimiento de agua y cinco obras para la modernización de las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex). “No podríamos solos. No podría el sector público reactivar la economía como se necesita”, ha dicho López Obrador en la presentación en Palacio Nacional, a la que han acudido los representantes de las patronales.

La relación entre el presidente mexicano y los empresarios es un constante tira y afloja desde que en diciembre de 2018 –y a unos días de haber ocupado la presidencia– López Obrador canceló la construcción del aeropuerto de Ciudad de México en Texcoco. Desde entonces, los inversionistas han argumentado que no existen condiciones seguras para emprender proyectos de gran calado en México. La construcción de un acuerdo conjunto para arrancar con las grandes obras ha consumido casi una tercera parte del Gobierno de López Obrador. “No tenemos ningún problema con los empresarios, al contrario tienen nuestro respeto y admiración porque producen empleos y bienestar”, ha insistido este lunes el presidente.

El plan original diseñado por el Gobierno mexicano contemplaba 147 proyectos con un valor de 42.000 millones de dólares en cinco años, y para 2020 se estimaba que 72 estarían en marcha. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha explicado que solo siete de esos proyectos de infraestructura se echaron a andar ante la suspensión de las actividades por la pandemia. La Administración de López Obrador ha estimado que con estas nuevas inversiones se generen unos 185.000 empleos en los próximos meses para palear la pérdida de casi un millón de empleos –registrados ante la seguridad social– que ha provocado la crisis por el coronavirus.

Al lado del presidente estuvieron como representantes de los empresarios Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Los empresarios usaron mascarilla durante toda la presentación, mientras que los miembros del Gobierno y el presidente evitaron mostrarse con ella. “Queremos tener la certeza y la certidumbre que hemos buscado reiteradamente”, apuntó Salazar para recordar la brecha que todavía existe entre el Gobierno y la iniciativa privada para dar seguridad a las inversiones. La semana pasada, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, reconocía que ante la crisis del coronavirus ha existido “una importante salida de capitales” de México.

Ante el complejo escenario global, Alfonso Romo ha trazado una ruta en la que la mayoría de las inversiones sean de empresas mexicanas. “La globalización está mutando hacia una regionalización. Todos los países lo están haciendo y es necesario que se contraten empresas mexicanas”, ha dicho durante su intervención en el mismo acto. Romo ha sido el interlocutor de López Obrador ante los empresarios desde que comenzó su Gobierno. Su intervención ha evitado el rompimiento de las relaciones entre ambos, a pesar de que los dueños de las firmas han criticado duramente al presidente por abstenerse de impulsar un plan de ayudas para las empresas afectadas por el cierre de los últimos meses. El plan de infraestructura parece ser un último esfuerzo de los empresarios para trabajar de la mano de López Obrador.