El Ejército defiende su actuación a la hora de conceder contratos a empresas que fueron declaradas fantasma

El Ejército mexicano defiende su concesión de contratos a empresas, tras la publicación esta semana por este diario de dos informaciones en las que se asegura que la institución armada desvió millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2018.

En una carta aclaratoria enviada por la Secretaría de la Defensa (Sedena) a este periódico tras la publicación de las informaciones, similar a un documento que se ha entregado a medios este jueves, el Ejército asegura: “Durante los años 2013 al 2018 las empresas no se encontraban en el registro de proveedores sancionados para contratar, publicado en la Secretaría de la Función Pública, por lo que en su momento estaban debidamente constituidas y sin ningún impedimento para llevar a cabo la contratación y prestar sus servicios a entera satisfacción en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.

Más allá de que la información recalca en todo momento que las empresas fueron declaradas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) después de lograr la contratación, ello no significa necesariamente que esas compañías no hayan sido fantasma antes. El SAT realiza un procedimiento que puede durar meses o años para poder comprobar que las empresas realizan operaciones simuladas o ficticias. Sin embargo, una vez que estas compañías son señaladas como fantasma —como finalmente ocurrió con las empresas contratadas por SEDENA— sus comprobantes fiscales emitidos ya no tienen efecto fiscal, como lo señala el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

La institución mantiene que “del 2013 al 2018 se realizaron 31 auditorías por parte de la ASF sobre diferentes procedimientos de adquisición de esta Secretaría de Estado, organismo fiscalizador que avaló el actuar de esta dependencia, verificando el ejercicio de los recursos; cabe señalar que actualmente se encuentran en proceso otras 14 auditorías a cargo de citado organismo”, asegura en la carta el Ejército, a quien se buscó en diversas ocasiones antes de la publicación de las informaciones y optó por no pronunciarse.

El hecho de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya practicado auditorías a diferentes procedimientos de adquisición de la SEDENA no significa que el órgano fiscalizador refute lo que se expone en las informaciones. La ASF ya había detectado anomalías en las contrataciones de SEDENA. Una de esas observaciones fue por la compra de acero, como lo documentó EL PAÍS el pasado julio. En 2015 la ASF detectó que la compañía DRM Aceros Internacional —que era proveedora de SEDENA desde 2013— se confabulaba con otras empresas para encarecer los bienes que vendía a la Dirección de Industria Militar. Tras la observación de la ASF y el trabajo de la SFP se logró sancionar a la empresa. La compañía en mención es una de las 250 empresas fantasma señaladas en las informaciones.

Al mismo tiempo, el Ejército defiende “que en todos los casos, las obras y los servicios contratados en el periodo que se refiere, fueron concluidos, entregados a satisfacción y en su caso se encuentran en funcionamiento”. La afirmación de la institución contrasta con el hecho de que no se ha hecho público ni entregado el desglose de los 11.175 comprobantes digitales que se mencionan en las informaciones publicadas. Las mismas autoridades del SAT han señalado que las operaciones simuladas que emiten las empresas fantasma son difíciles de comprobar.

En la carta, y en un documento similar al que se ha referido el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina, se asegura que “en caso de existir anomalías, serían detectadas por los organismos fiscalizadores competentes; sin embargo hasta la fecha no se cuenta con algún pliego de observaciones por incumplimientos de esta naturaleza”. En cualquier caso, no hace referencia a si se iniciará una investigación para determinar si cada uno de los bienes y servicios que justificaban la emisión de los comprobantes fueron realizados en su totalidad.

Por último, el Ejército afirma que se ha sancionado “a seis servidores públicos que laboran en esta dependencia, y que han incurrido en faltas administrativas, con lo cual se pone en manifiesto la aplicación de cero tolerancia a la corrupción en el ejercicio del servicio público”. No obstante, en el reportaje se hace mención a que cuatro militares han sido sancionados, aunque ninguno de ellos era un alto cargo.