Al menos diez empresas de salud sancionadas por el Gobierno lograron contratos públicos pese a estar inhabilitadas

La Secretaría de la Función Pública (SFP), la instancia a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encomendado el combate a la corrupción en su Gobierno, inhabilitó durante el primer año de funciones a 68 empresas que han prestado servicios a instituciones de salud. Estas sanciones, que se emitieron tras detectar diversas anomalías y posibles actos de corrupción en los procesos de contratación, estuvieron acompañadas de una multa económica que solo nueve compañías han pagado. El resto sigue sin saldar el adeudo porque han recurrido a amparos para anular la sanción. Además, pese a que las 68 fueron exhibidas en el Diario Oficial de la Federación con el fin de que las dependencias no suscribieran contratos con ellas, al menos diez empresas lograron esquivar el impedimento legal y firmaron contratos públicos.

En el primer informe de labores de la SFP, la secretaria, Irma Eréndira Sandoval, destacó que en las contrataciones públicas se había refrendado la tolerancia cero a la impunidad. “Se ha trabajado en fortalecer el marco normativo y, sobre todo, en eliminar la simulación y trabajar con un criterio de estricto apego al derecho en los procesos de investigación y sanción”, expuso. Estas acciones llevaron a que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, la SFP inhabilitara a 68 empresas que han sido contratistas y proveedoras en materia de salud y que les impusiera multas por un total de 46 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares). Sin embargo, hacerlas que paguen las multas no ha sido tan sencillo. Hasta junio solo nueve habían cumplido con el pago económico por un total de 2,9 millones (150.590 dólares), quedando sin saldar 43,1 millones de pesos (2,2 millones de dólares), informó la SFP en respuesta a una solicitud de información.

Las empresas inhabilitadas cometieron anomalías como haber presentado documentos alterados o información falsa respecto al origen de los insumos; anexar cartas de recomendación que resultaron no verídicas; entregar bienes con especificaciones distintas a las contratadas; incumplir las obligaciones pactadas en el contrato; presentar registros sanitarios falsos y dictámenes fiscales alterados, simular el cumplimiento de la ejecución de los trabajos, incumplir con la entrega de bienes y anexar documentos apócrifos para respaldar su trayectoria y especialidad como contratistas. También se encontró que algunas empresas que presentaron sus propuestas estaban vinculadas entre sí a través de algún socio o que tenían antecedentes negativos en otras procedimientos de asignación, como contratos rescindidos en un plazo menor a tres años.

Además, 10 de las 68 empresas inhabilitadas recibieron contratos en fechas posteriores a la sanción publicada en el Diario Oficial de la Federación, pese a que en el comunicado se señala que a partir del día siguiente en que se publique la circular las dependencias deberán abstenerse de “recibir propuestas” o “celebrar contrato” alguno con la empresa sancionada. El monto total de estas asignaciones asciende a un total de 43,2 millones de pesos (2,1 millones de dólares) y fueron para adquirir medicamentos, material de curación y radiológico, insumos de laboratorio, así como instrumental quirúrgico, como se desprende de una revisión al portal de compras de Gobierno, Compranet. Algunas de las dependencias que las han contratado son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, la Defensa Nacional.

Al cuestionar a la Función Pública sobre las contratos que han firmado estas empresas con diversas dependencias en fecha posterior a la inhabilitación anunciada en el DOF, un portavoz de la secretaría señaló que el reglamento de la ley de adquisiciones estipula que cuando la Función Pública haya inhabilitado a un proveedor con posterioridad a la emisión de un fallo en el que se le adjudicó un contrato, las dependencias y entidades deberán formalizar el mismo. Es decir, si al momento de anunciar en el DOF la sanción al contratista, este ya había sido favorecido mediante un fallo de asignación, podrá celebrar el contrato, pese a los antecedentes de anomalías y pese a estar inmerso en una investigación administrativa por parte de la SFP. En cualquier caso, esto confirma que al menos diez empresas sortearon la sanción impuesta por la Función Pública.

Pablo Montes, coordinador de Anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que la falta de coordinación entre las entidades que sancionan y las que contratan ocasiona que las empresas puedan esquivar las multas y hacerse de contratos pese a la inhabilitación. Las áreas encargadas de las adquisiciones deben hacer una revisión del registro de empresas sancionadas, pero pocas veces lo realizan y confían en lo dicho por la empresa. Estos incumplimientos lo que ocasionan es que el castigo no esté siendo efectivo para disuadir a las empresas con el fin de que dejen de cometer actos de corrupción. “Si al final de cuentas es fácil eludir la sanción, entonces el costo de hacer un acto de corrupción puede ser muy bajo y puede ser una decisión de negocios porque si los cachan no estarán en riesgo sus contratos vigentes y podrán darle la vuelta a la sanción”, afirma.

Farmacéuticas en la mira presidencial

Entre las empresas que no han pagado la multa y que recibieron contratos pese a estar inhabilitadas, está Grupo Fármacos Especializados y Avisa Medical, ambas señaladas por el Gobierno de López Obrador como dos de los consorcios que monopolizaron la venta de medicamentos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ambas compañías impugnaron la sanción de la Función Pública y el caso sigue en trámite en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Montes, especialista en temas de compras públicas, explica que es bastante frecuente que una empresa, en vez de asumir el castigo, impugne la resolución. “Lo que habría que analizar es por qué se están concediendo estas suspensiones, cuando un juez otorga una suspensión tiene que ser porque hay elementos suficientes para creer que la sanción no fue bien ejecutada, no se están armando bien los casos o hay una falla de la autoridad que está investigando”, apunta.

El año pasado, López Obrador acusó a Grupo Fármacos Especializados de acaparar la venta de medicamentos en el país. En la conferencia matutina del 8 de abril de 2019 dijo que había enviado un memorándum a la Secretaría de Hacienda para que se impidiera la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a tres empresas, entre ellas Grupo Fármacos, hasta saber “a ciencia cierta” si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias. Estas compañías, acusó, habían vendido durante 2018 más del 60% de los medicamentos y material de curación usados en el sector salud y como una medida preventiva había pedido que las investigaran e impidieran contratarlas.

Tres meses después de la conferencia presidencial, el 18 de julio de 2019, la SFP publicó una circular donde pedía a las dependencias abstenerse de celebrar contratos con Grupo Fármacos Especializados, ya que la empresa había sido inhabilitada por un periodo de dos años y multada con 905.880 pesos (47.000 dólares). Pese a esto, un día después de ser publicada la sanción, la delegación del IMSS en Baja California le asignó mediante adjudicación directa un pequeño contrato tras justificar mediante un dictamen los motivos que la llevaron a no haber realizado una licitación pública. A este le siguieron cuatro contratos más firmados el 22 de julio de 2019 por cerca de 1,5 millones de pesos (77.892 dólares).

Tras impugnar la sanción impuesta por la SFP, Grupo Fármacos logró en octubre del año pasado esquivar la multa económica mediante una suspensión provisional, según información del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El caso aún no se resuelve definitivamente, pero la secretaria Sandoval ha insistido en que la empresa acaparó contratos. El 23 de enero pasado, en una conferencia en Palacio Nacional, la titular de la Función Pública dijo que Grupo Fármacos Especializados y Avisa Medical formaban parte de las corporaciones que habían monopolizado la distribución de medicamentos y habían estado sujetas a un entramado de complicidades en la asignación de contratos.

Avisa Medical fue inhabilitada desde el 13 de febrero de 2019, inicialmente por seis meses, pero en una segunda publicación en el DOF del 22 de octubre de ese año, se le impuso una nueva inhabilitación por dos años y una multa de 876.480 pesos (45.500 dólares). Las sanciones impuestas no eran las primeras que recibía la empresa. El 5 de octubre de 2010, con Felipe Calderón como presidente, ya se le había multado e inhabilitado por tres meses, pero después logró anular la sanción. Ahora también pelea en tribunales y aunque no ha logrado un fallo definitivo a su favor, por lo pronto ya firmó contratos con el IMSS y la Defensa Nacional. En uno de los procedimientos donde resultó favorecida por el Ejército, el fallo de asignación se emitió justo el día en que la sanción se publicó en el boletín de Gobierno, mientras que el contrato se firmó días después.

Entre esta decena de empresas que han seguido recibiendo contratos públicos también destaca el caso de Laboratorios Solfrán, una farmacéutica ligada a Carlos Lomelí, un político y empresario vinculado a López Obrador que renunció a su cargo de delegado en Jalisco tras una publicación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que lo señaló de poseer una red de empresas que le vendían medicamentos al Gobierno. Tras estos hechos, la SFP inició una indagatoria y el 13 de septiembre pasado inhabilitó a dos de sus compañías, entre ellas Solfrán. En diciembre gracias a una medida cautelar que le otorgó una sala regional del TFJA (mientras se resolvía definitivamente el proceso), la empresa de Lomelí había logrado ganar cuatro partidas en una compra consolidada de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, tras darse a conocer estos fallos, el 14 de enero de 2020 la SFP suspendió la contratación de tres partidas, dio a conocer la dependencia mediante un comunicado.

Posteriormente, el 29 de enero, el TFJA notificó a la SFP que se había anulado la resolución emitida en días pasados, la cual había permitido a Solfrán participar en contrataciones públicas. “Con esta resolución se mantiene en firme la inhabilitación por 2 años y 6 meses para que Laboratorios Solfrán, S.A. realice contrataciones”, destacó la SFP en un comunicado. Sin embargo, en una revisión hecha en Compranet, se encontró que la delegación de Zacatecas del IMSS, asignó un contrato a la empresa un día después del fallo del Tribunal que mantenía firme la sanción a la farmacéutica. El 30 de enero se realizó la junta para la presentación de proposiciones donde Solfrán hizo su oferta de diversos medicamentos, se lee en el expediente. El 4 de febrero se emitió el fallo de la adjudicación directa donde logró un contrato por 397.280 pesos, evadiendo la inhabilitación que la SFP ya había reiterado como definitiva. Otras de las empresas que también firmaron contratos después de ser inhabilitadas por la Función Pública son Dibiter, Dimexpress, Hemost, Especialistas en Medios, Reliable de México, Absorventes Gomar y BCC Transportes, Almacenajes y Logística.