Una investigación de Amnistía Internacional concluye que Israel ha cometido genocidio en Gaza

Amnistía Internacional (AI) ha presentado este miércoles en La Haya un informe donde afirma haber encontrado elementos suficientes para concluir que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina de Gaza después del 7 de octubre de 2023. Ese día, Hamás atacó territorio israelí, mató a 1.200 personas y secuestró a otras 250. Para la ONG, el mayor de los crímenes del conflicto desencadenado entonces se sigue perpetrando en la Franja, por lo que hace un llamamiento al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) y al Tribunal Penal Internacional (TPI) para que incluyan el genocidio entre los delitos que investigan. Es la primera vez que Amnistía lo señala en el contexto de un conflicto armado, y pide también una acción colectiva para que los líderes políticos sepan “que hay que ponerle fin”.

En los últimos 14 meses, consultores de la organización han recabado testimonios e informes médicos; han tomado fotos sobre el terreno y estudiado imágenes de satélite. Todo para elaborar un análisis jurídico de la situación. Lo han hecho en el contexto de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), y de la jurisprudencia de tribunales como los de la Antigua Yugoslavia y Ruanda. De este modo, la ONG concluye que Israel ha cometido tres actos prohibidos por la Convención: matanza de palestinos en Gaza, lesión grave a su integridad física o mental y sometimiento intencionado de la población a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física, total o parcial. “Después de considerar todos los objetivos militares de Israel en su lucha contra Hamás, hemos comprobado que no hay otra justificación para la destrucción perpetrada que la intención genocida de erradicar y destruir físicamente a la población”, ha dicho Agnès Callamard, secretaria general de AI, durante la presentación del informe.

“Tenemos ojos en Gaza que han trabajado bajo nuestros estándares de rigor y objetividad, y no damos una opinión”, detallaba Erika Guevara Rosas, directora global de investigación, incidencia política y campaña de AI, en una entrevista previa a la publicación del informe concedida a este diario. “Es un análisis legal sobre los actos cometidos por Israel a la luz de la Convención”. La intención genocida ―muy difícil de demostrar― es indispensable para este crimen e Israel ha relajado en algunos momentos la presión sobre el pueblo palestino. Lo hizo, por ejemplo, para permitir la vacunación contra la polio.

“Es una evidencia que Israel podría haber hecho las cosas de otra manera, y no las hizo”, incidía esta abogada de derechos humanos. Si bien es complejo determinar la existencia de un genocidio en un conflicto armado, con objetivos militares considerados legítimos, “resulta esencial insistir en que la guerra no puede jamás justificarlo”. De ahí que ella describa el análisis de AI como “un golpe legal para el Estado de Israel, que ha utilizado el sufrimiento histórico de su pueblo para justificar la comisión de crímenes”.

Miles de muertos y desplazados

Los expertos de AI han investigado, entre otros hechos, 15 ataques aéreos israelíes llevados a cabo en un periodo de nueve meses entre 2023 y 2024, que consideran dirigidos contra civiles o bien indiscriminados. “De las 40.717 muertes que el Ministerio de Sanidad de Gaza había registrado a fecha del 7 de octubre de 2024, algo menos del 69% eran niños y niñas, mujeres y personas de edad avanzada”, reza el informe. El 30% restante eran hombres de menos de 60 años, “de los que ninguna fuente independiente ha podido determinar cuántos eran combatientes [de Hamás] y cuántos civiles”.

A lo largo de 300 páginas, la ONG describe también que “se ha sometido a desplazamiento forzado, en muchos casos múltiples veces, al 90% de los 2,2 millones de habitantes de Gaza”. Además, cálculos provisionales del Banco Mundial, la Unión Europea y la ONU indican que en enero de 2024 ya habían sido dañadas o destruidas el 84% de las instalaciones sanitarias y el 57% de la infraestructura de abastecimiento de agua de toda Gaza. Los palestinos se han visto obligados a concentrarse en zonas cada vez más pequeñas y sin medios, en campos, escuelas o centros de salud. Guevara Rosas subraya que “ahí se prueba cómo la intención del genocidio es un acto de someter intencionalmente a la población a condiciones de existencia que pueden acarrear su destrucción total o parcial”.

Y para ilustrar la “deshumanización de la población palestina” en la guerra en Gaza, los expertos han examinado el uso de “una retórica deshumanizadora, racista y despectiva contra las personas palestinas por parte de las autoridades israelíes” durante la ofensiva militar.

Después del 7 de octubre, “los actos ilícitos de Israel eran con frecuencia anunciados, promovidos y alentados por miembros de los gabinetes de guerra y seguridad”. En 22 casos concretos se pedía, escribe Amnistía, “la destrucción de la población palestina en Gaza”. Entre los que lo hacían figuran el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Para ambos, el TPI ha pedido órdenes de arresto por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y contra la humanidad.

Ocupación ilegal

El documento denuncia que el genocidio tiene lugar en un contexto histórico de ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel, “tal y como declaró el TIJ en julio y con la Asamblea General de la ONU dando un plazo de 12 meses a Israel para que le ponga fin”, prosigue la jurista. Dice que la ocupación ha llegado a un grado de apartheid “donde los palestinos son tratados como un subgrupo, y sus derechos humanos no son valorados como los de ciudadanos israelíes”. Y advierte del peligro de que “este genocidio pueda dar paso a que Israel se anexione estos territorios de manera ilegal y contraria a todos los acuerdos internacionales” que buscan “generar condiciones para [la creación de] los dos Estados”.

Por su parte, durante su intervención en La Haya, Callamard ha dicho que Israel ha convencido a sus aliados de que es legítimo buscar a miembros de la milicia fundamentalista entre los civiles: “El objetivo militar de destruir a Hamás no puede justificar ni permitir el genocidio de Gaza”. Que Israel “solo busca a Hamás y no destruir a los palestinos no se sostiene”, ha declarado. AI ha denunciado también “las atrocidades de Hamás y ha documentado su presencia entre los civiles”. Ha pedido a su vez la liberación de los rehenes israelíes, describiendo el ataque del 7 de octubre como “el más mortífero jamás perpetrado en la historia de Israel en un solo día”.

En estos momentos, la ONG ultima una investigación sobre estos delitos que espera publicar en las próximas semanas. Guevara Rosas afirma: “Para AI no hay una jerarquía de crímenes, pero hemos dado prioridad al genocidio porque se está cometiendo y hay que hacer todo lo posible para ponerle fin”. “Lo que buscamos”, asevera, es “contribuir a la rendición de cuentas y la justicia”.

Durante sus investigaciones, AI ha buscado contrastar las pruebas recogidas con las autoridades israelíes. No ha habido respuesta. “Levantamos la voz en contra de que se use el antisemitismo para intentar evadir la crítica a las acciones del Estado [de Israel]”, advierte Guevara Rosas. En Cisjordania, donde estuvo en febrero pasado, “el nivel de violencia era altísimo, con despojo territorial y más de 3.500 detenciones desde el 7 de octubre, la gran mayoría en situaciones de arbitrariedad”.

Tanto la jurista como la secretaria general de AI subrayan el simbolismo de presentar el informe en La Haya, sede tanto del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU como del Penal Internacional. Ambas han recordado el papel que debe desempeñar la comunidad internacional en poner fin “a este genocidio, que no solo vulnera la vida y la dignidad del pueblo palestino, sino la de todos los pueblos”, en palabras de Guevara Rosas.