Claves del pacto de la UE sobre migración y asilo: más control de los solicitantes y cuotas de reparto

El Parlamento y el Consejo de la UE, bajo presidencia española, han desencallado este miércoles el pacto de la UE sobre migración y asilo, uno de los paquetes legislativos que más fricciones había provocado en la UE desde que más de un millón de personas arribaran a las puertas de la Unión en 2015. Las cifras de ahora no son las de entonces —en 2023, han llegado a Europa unas 273.000 personas, según la Organi...

El Parlamento y el Consejo de la UE, bajo presidencia española, han desencallado este miércoles el pacto de la UE sobre migración y asilo, uno de los paquetes legislativos que más fricciones había provocado en la UE desde que más de un millón de personas arribaran a las puertas de la Unión en 2015. Las cifras de ahora no son las de entonces —en 2023, han llegado a Europa unas 273.000 personas, según la Organización Internacional de las Migraciones— pero el recuerdo de esa crisis planea desde entonces sobre las políticas migratorias de una UE marcada por el ascenso de la extrema derecha. La pugna de los últimos años entre Gobiernos ultraconservadores hostiles a la inmigración, como los de Polonia y Hungría, y los Estados de la UE ribereños del Mediterráneo como Italia y España, que exigían un reparto solidario de los peticionarios, había dejado varada esa reforma desde 2020. Después de que, en el verano de 2022, se aprobara un mecanismo de reparto de refugiados que se ha revelado ineficaz, la adopción del pacto se ha cerrado finalmente al precio de endurecer las normas para conseguir protección internacional en la UE.

¿Qué es el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo?

Se trata de un paquete de normas comunes para los Estados miembros en migración, asilo e integración y gestión de fronteras. Se declina en cinco reglamentos: el de control y procesamiento de los datos de los migrantes; el de control de las fronteras exteriores; el relativo a la tutela judicial y los recursos; el que aborda la administración de las posibles crisis migratorias y, por último, el que versa sobre la gestión y atención de los solicitantes de asilo, y su reparto entre los países miembros.

¿Cuál es su objetivo?

La Comisión Europea presentó el borrador del pacto en septiembre de 2020 para romper el estancamiento político entre los miembros sobre la reforma de la política de asilo y migración de la UE. Esta ha sido una de las cuestiones que más fricciones ha provocado en los últimos años entre los Veintisiete, no solo por las demandas de los países mediterráneos de un mecanismo de reparto solidario de los solicitantes de asilo, sino, sobre todo, por la oposición de Gobiernos que incluyen o incluían a partidos de extrema derecha. Estos últimos, como Polonia y Hungría, se negaban a acoger a solicitantes de protección internacional desembarcados en Estados como Italia, España o Grecia. Este acuerdo “significa que los europeos decidirán quién viene a la UE y quién puede quedarse, no los traficantes [de personas]. Significa proteger a quienes lo necesitan”, se ha congratulado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La presidencia española ha destacado cómo este acuerdo “lanza un mensaje de unidad en un asunto que ha dividido a Europa durante décadas y ha alentado discursos extremistas. Por primera vez se logra un marco europeo común para afrontar el desafío migratorio, que requiere respuestas conjuntas y una posición consensuada”, informa desde Bruselas Manuel V. Gómez.

¿Qué medidas recoge?

El pacto endurece los requisitos de acogida y concesión de asilo y establece que una parte de los peticionarios de esa protección internacional que recalan en la UE (al menos 30.000 personas al año) sea asumida por todos los países comunitarios. Con excepciones como las que prevé el concepto de “solidaridad obligatoria, pero flexible”, que permite a los miembros eludir esa obligación si pagan 20.000 euros por cada peticionario rechazado a un fondo europeo común. Todos los migrantes irregulares que lleguen a las fronteras europeas serán sometidos a controles sanitarios, de identidad, de seguridad y de valoración de su vulnerabilidad, que durarán un máximo de siete días. El acuerdo establece también un nuevo mecanismo para garantizar la solidaridad entre los Veintisiete en caso de que se produzca una “afluencia excepcional de nacionales de terceros países que provoque el colapso del sistema nacional de asilo”.

¿Quiénes son sus críticos?

En la Eurocámara, los Verdes y la Izquierda. También organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que considera que este acuerdo “hará retroceder la legislación europea en materia de asilo durante décadas” y que su “resultado probable es un aumento del sufrimiento en cada etapa del viaje de una persona para solicitar asilo en la UE”. Así lo ha manifestado Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional. El acuerdo, según Geddie, plantea “el riesgo de normalizar medidas de emergencia desproporcionadas en las fronteras europeas, sentando un peligroso precedente para el derecho de asilo en todo el mundo”. Esas medidas de emergencia son, por ejemplo, un nuevo mecanismo que prevé “una posible derogación temporal de los procedimientos estándar de asilo” en momentos de aumento de las llegadas de migrantes; en caso de “fuerza mayor” o de “instrumentalización” de esas personas, cuando “terceros países o agentes no estatales hostiles utilicen a los inmigrantes para desestabilizar la UE”.

El plazo y los criterios del procedimiento inicial de control para clasificar a los migrantes inquietan también a las ONG, que temen que esos siete días se conviertan en detenciones prolongadas, incluso de niños, en las fronteras europeas. Las ONG censuran a su vez que se pueda eludir el mecanismo de reparto entre los Veintisiete de solicitantes de asilo, pagando unas cantidades cuyo destino no está claro y que podrían consagrarse a reforzar la protección de las fronteras. Para Save the Children “es evidente” que la prioridad de este pacto era “cerrar las fronteras, no proteger a las personas, incluidas las familias y los niños que escapan de la violencia, los conflictos, el hambre y la muerte mientras buscan protección en Europa”.

¿Qué sucederá con los migrantes descartados?

Los migrantes irregulares descartados de entrada como solicitantes de asilo serán enviados al procedimiento fronterizo habitual, cuyo objetivo es retenerlos para devolverlos a sus países, una deportación que no se detendrá ni siquiera si el afectado apela. Para algunas ONG, los migrantes pueden permanecer detenidos para ello durante varios meses, lo que, de nuevo, aumenta el “peligro de que quienes buscan protección tengan que permanecer en el limbo, atrapados en condiciones similares a las de detención, durante mucho más tiempo del previsto inicialmente”, alertó en octubre la ONG International Rescue Committee (IRC). La presidencia española ha destacado que este pacto “no exige la creación de centros de detención de personas” y cómo, en el caso de las personas que soliciten asilo, “el Estado garantizará que el solicitante permanezca en la frontera exterior mientras se tramita el procedimiento, pero sin que ello obligue a mantener a la persona en un centro de retención”.

La UE podrá también transferir una solicitud de asilo a un Estado no miembro de la Unión —como Túnez o Turquía— si se considera que se trata de un “tercer país seguro” y que el solicitante ha residido en él, aunque sea temporalmente. En la práctica, esto permite deportar al peticionario. Esa posibilidad ya existía pero, con el nuevo pacto, se relajan los criterios para hacer uso de ella.

¿Qué se considera ahora “tercer país seguro”?

El nuevo pacto europeo prevé que cualquier Estado ajeno a la UE que conceda “protección efectiva” al solicitante de asilo sea considerado “tercer país seguro”. Ese concepto no incluirá el acceso a un estatus legal, atención médica completa o reunificación familiar, lo que contraviene los criterios de la ONU, según IRC. Esta ONG teme que la relajación de la definición de “tercer país seguro” dé paso a deportaciones en masa a Estados que violan los derechos humanos.

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