Twitter se enzarza en un litigio con el Gobierno de EE UU por objetar una orden de registro de la cuenta de Trump
El fiscal especial Smith obtuvo el mandato para su investigación sobre las elecciones de 2020, pero la red social se demoró en acatarlo por no aceptar la cláusula de confidencialidad y fue multada con 350.000 dólares
El equipo de Jack Smith, el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia de EE UU para investigar a Donald Trump, obtuvo en enero una orden de registro de la cuenta de Twitter del expresidente, pero la plataforma de Elon Musk se retrasó en acatarla, según documentos judiciales presentados este miércoles. El retraso en el cumplimiento llevó a un juez federal a declarar a la compañía de San Francisco en desacato ...
El equipo de Jack Smith, el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia de EE UU para investigar a Donald Trump, obtuvo en enero una orden de registro de la cuenta de Twitter del expresidente, pero la plataforma de Elon Musk se retrasó en acatarla, según documentos judiciales presentados este miércoles. El retraso en el cumplimiento llevó a un juez federal a declarar a la compañía de San Francisco en desacato e imponerle una multa de 350.000 dólares.
Tres de los nombres propios que más titulares acaparan en EE UU estas semanas, los de Trump, Musk y el fiscal Smith -que ha imputado dos veces al expresidente desde junio por retener documentos clasificados y por intentar revertir el resultado electoral de 2020-, coinciden en un caso que se desveló al recurrir la antigua plataforma conocida como Twitter, que hoy opera bajo la letra X, alegando que un juez de un tribunal inferior se equivocó al declararla en desacato e imponerle la sanción. Los detalles del litigio aparecen en la decisión del Tribunal de Apelaciones de EE UU para el Circuito del Distrito de Columbia, que ha rechazado el recurso de la compañía de Musk.
El expediente conocido este miércoles dice que Smith obtuvo una orden de registro que ordenaba a Twitter presentar “datos y registros” de la cuenta de Twitter del candidato republicano relacionados con la investigación penal sobre las elecciones de 2020. El Gobierno también obtuvo la garantía de un acuerdo de confidencialidad que prohibía a Twitter revelar la orden de registro. El sumario dice que la fiscalía “encontró causa probable para registrar la cuenta de Twitter en busca de pruebas de delitos penales”.
El litigio entre Twitter y el Gobierno se ha desarrollado en gran medida en procedimientos judiciales secretos hasta hoy, cuando el Circuito de Washington DC ordenó que se publicara una versión redactada de su dictamen del 18 de julio. El fallo muestra que un panel de tres juezas confirmó por unanimidad la sanción por desacato civil, así como la decisión de un juez de primera instancia de mantener la orden de no divulgación o silencio. Las integrantes del tribunal han sido nombradas por los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden.
Twitter había alegado que la orden de no divulgación violaba la protección de la libertad de expresión consagrada por la Primera Enmienda, y que no debía cumplirla hasta que esa cuestión quedara totalmente resuelta. Un juez de distrito falló en contra de la empresa y ordenó a Twitter que acatara el mandato antes del 7 de febrero. Twitter no cumplió ese plazo y no presentó la información solicitada hasta la noche del 9 de febrero, lo que originó la multa. En su solicitud, Smith había subrayado la necesidad de la máxima confidencialidad al respecto, argumentando que revelar la orden a Trump “pondría seriamente en peligro la investigación en curso” al darle la oportunidad de destruir pruebas o cambiar su comportamiento.
El caso es llamativo porque Twitter cerró la cuenta de Trump tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El magnate creó entonces su propia plataforma, Truth Social, un tablón de anuncios en el que da cuenta de la ofensiva judicial de la que dice ser víctima por motivos políticos y, sobre todo, en la que arremete con gran alarde de mayúsculas contra sus perseguidores, con el fiscal Smith y la Administración del presidente Biden a la cabeza. Cuando Elon Musk, que se declara un absolutista de la libertad de expresión, compró Twitter el año pasado por 44.000 millones de dólares, anunció entre sus primeras medidas su intención de devolver la cuenta al republicano. Pero el exmandatario, que ha encajado tres imputaciones desde abril además de afrontar varias causas civiles, no ha vuelto. A consecuencia del asalto a la sede del Congreso, el magnate fue asimismo privado de acceso a sus cuentas en Facebook e Instagram, pero Meta anunció en enero que también levantaría el veto.
Musk protagoniza titulares un día tras otro, desde sus problemas de salud a su próxima pelea de gallos con Marck Zuckerberg, en teoría inminente, por lo que guardar el silencio impuesto por la corte sobre la orden de registro ha debido de costarle bastante esfuerzo, probablemente como a Trump de haberlo sabido. Ninguno de los implicados se ha pronunciado por el momento acerca de la revelación del litigio por el tribunal de apelaciones.
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