El testaferro de la trama que saqueó Petróleos de Venezuela movió 1.144 millones de dólares en Andorra
El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, hombre de paja de la red, manejó 11 cuentas opacas en la BPA
Tiene 58 años, nació en Caracas y preside una enigmática compañía de “búsqueda de proveedores y alianzas estratégicas”, Inverdt Asesores de Negocios. Con este anodino perfil, el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello se ha revelado como un actor clave de la trama que saqueó 2.000 millones de dólares [unos 1.805 millones de euros] de la principal firma estatal de su país, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Ajeno al relumbrón me...
Tiene 58 años, nació en Caracas y preside una enigmática compañía de “búsqueda de proveedores y alianzas estratégicas”, Inverdt Asesores de Negocios. Con este anodino perfil, el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello se ha revelado como un actor clave de la trama que saqueó 2.000 millones de dólares [unos 1.805 millones de euros] de la principal firma estatal de su país, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Ajeno al relumbrón mediático de los cabecillas políticos de la red ―los ex viceministros de Energía chavistas Nervis Villalobos y Javier Alvarado―, Rodríguez Cabello, contador público de profesión, jugó un papel capital en la mecánica de blanqueo de este grupo que cobraba un 10% de comisión por abrir la puerta a las adjudicaciones del gigante energético.
El empresario manejó un opaco tinglado de 11 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde la trama ocultó su botín, que movió 1.144,6 millones de dólares entre 2007 y 2015, según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Considerado por los investigadores andorranos como el testaferro de Diego Salazar, primo del exministro chavista de Energía, antiguo presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez, Rodríguez Cabello camufló su identidad en la BPA a través del manto protector de una decena de sociedades instrumentales panameñas. Solo una cuenta figuraba a su nombre.
El hombre de paja de la trama de saqueo recurrió a una de las herméticas piezas de su engranaje mercantil para mover 616 millones de dólares. A través de la cuenta a nombre de la sociedad Highland Assets Corp, Rodríguez Cabello ingresó 121,3 millones de la ingeniería china Sinohydro Corporation Ltd, un gigante con presencia en 72 países que fue adjudicatario de dos fases de la planta termoeléctrica La Cabrera en el Estado venezolano de Aragua. La obra se inauguró en 2014 y costó 603 millones.
Las compañías China Machinary Engineering Co (70,5 millones de dólares), China Camc Engineering Co. (51,7), Shandong Kerui Petroleum Equipment (17,1), Cici Venezuela (25,1) y Yutong Hong Kong Limited (11,8) también regaron esta cuenta en la BPA que el hombre de paja de la red abrió en 2007.
Las transacciones se enmarcaron en el denominado Gran Volumen, un acuerdo de 20.000 millones de dólares sellado en 2010 entre Venezuela y China que permitió a ingenierías del gigante asiático hacerse con contratos del país latinoamericano. El grupo corrupto exprimió presuntamente el tratado para hacer caja.
La cuenta que ingresó 616 millones de firmas asiáticas traspasó 10 millones en 2009 a un depósito en Suiza a nombre de Omar Farías, magnate venezolano de los seguros imputado en Andorra por pertenecer a la trama.
El tren de lujo
El testaferro, además, derivó parte del botín a costear el tren de lujo de la red. Y es que una de sus cuentas sirvió para abonar facturas por valor de 604.034 dólares del hotel Four Seasons George V de París entre 2009 y 2010. Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, habría disfrutado de las estancias en este establecimiento con amplias suites con vista a la Torre Eiffel y tres restaurantes que suman cinco estrellas Michelin, según los documentos. “El cliente envía 270.000 euros (300.348 dólares) en concepto de hospedaje [en el Four Seasons de París] en agosto”, recoge un correo de 2009 de un empleado de la BPA.
El testaferro de Diego Salazar también costeó desde esta cuenta facturas de 307.889 dólares en la tienda francesa de vinos Lavinia y de 553.923 dólares en el hotel Ritz.
La conexión con el rey de los seguros
El análisis de la segunda cuenta en la BPA de Rodríguez Cabello, que bajo el blindaje de una sociedad panameña percibió 274,6 millones, revela el papel protagonista que tuvo en nutrir este depósito la compañía Surplus Sociedad de Corretaje de Reaseguros. Entre 2011 y 2012, esta firma transfirió al prestanombre de la trama que expolió PDVSA 52,8 millones desde las Antillas Holandesas. El motivo: el supuesto asesoramiento de Rodríguez Cabello para la “colocación del riesgo de reaseguros internacionales”.
Y desde las mismas islas caribeñas, también le llegó al testaferro de la red un maná de 26,3 millones de la sociedad intermediaria de seguros Cedisa Consultores Inc. Entre 2011 y 2012, esta firma fue agraciada con nueve contratos de Pdivc, filial aseguradora de la petrolera, según los investigadores antiblanqueo.
Las compañías aseguradoras también nutrieron de suculentos fondos la tercera cuenta en la BPA por volumen de dólares de Rodríguez Cabello. Bajo la denominación de Antigua Omega, el depósito del testaferro cobró 217,7 millones entre 2008 y 2012. Y sus principales mecenas fueron las sociedades aseguradoras CGA LTDA INC (203,7 millones) e ISB Sociedad CS, SA (14), una firma representada por Farías y el propio Rodríguez Cabello.
El testaferro indicó a la BPA que desde esta última cuenta transfirió 3,3 millones en 2008 al International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), organismo del Banco Mundial que lucha contra la pobreza para adquirir un local en Venezuela de la institución financiera.
Rodríguez Cabello también recurrió a otra de sus cuentas opacas en la BPA ―la enmascarada bajo el velo mercantil de DT Investment and Consulting CV― para cobrar 9,5 millones de la asiática China Machinery Engineering Corp. Fue en 2012 y el dinero correspondió a una comisión por una planta eléctrica con capacidad de 241.335 KW en Zulia (Venezuela). Su red percibió “el 5% del importe total del proyecto menos impuestos”, según justificó el prestanombre al banco en alusión a este proyecto estimado en 508 millones.
Rodríguez Cabello fue la pieza de un alambicado mecanismo de ocultación, según los investigadores. A través de una treintena de sociedades con tentáculos en paraísos fiscales como Suiza o Belice, fluyó el caudal de fondos de su organización que fue a parar a Andorra, un país de 78.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
El testaferro no estuvo solo en su madeja financiera en la BPA. Rodríguez Cabello figuró como representante en uno de sus depósitos con la venezolana originaria de España Estíbaliz Basoa, de 50 años. Su cuenta ingresó 6,4 millones.
Asimismo, el ingeniero caraqueño José Enrique Luongo, de 69 años, acompañó al prestanombre en una de las cuentas que ingresó 21 millones.
En la treintena de procesados en Andorra, entre los que se encuentran Basoa y Luongo, destaca el que fuera viceministro de Energía y Petróleos de la primera etapa del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), Nervis Villalobos, que, a través de una decena de depósitos, movió en el país europeo 124 millones.
Arrestado en Madrid por una causa distinta del expolio de PDVSA,, Estados Unidos pidió su extradición temporal, pero no fue autorizada. La Fiscalía de Venezuela sitúa al exjerarca como cabecilla de una organización a la que también perteneció Javier Alvarado, el que fuera todopoderoso ex viceministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la también estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Alvarado manejó 46 millones en el Principado pirenaico a través de un alambicado entramado financiero.
El ministerio público de Venezuela eleva el saqueo de PDVSA a 4.200 millones de dólares.
La juez de Andorra que instruye la causa también ha procesado a una decena de exdirectivos y exempleados de la BPA, la entidad financiera del pequeño país europeo elegida por la red para ocultar su botín. El banco fue intervenido en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales. Según los investigadores, abrió decenas de cuentas a la trama sin advertir la condición de sus miembros de Personas Políticamente Expuestas (PEP), personalidades que, por sus vínculos con la Administración, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.
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